Confirman suspensión de un año contra escribana por irregularidades

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El Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Corrientes rechazó los recursos presentados por una escribana que fue sancionada con la suspensión por un año en el ejercicio de la profesión por el Colegio que nuclea a los profesionales en esa materia debido a irregularidades en su accionar.

En el caso Instrucción de Sumario a la Esc G. D. B. p/Irregularidades en su actuación profesional. Expte 4156/11 del Colegio de Escribanos de Corrientes Capital, la sanción se basó en presuntas irregularidades detectadas en el otorgamiento y autorización de un documento privado de fecha 29 de agosto de 2011.

En ese documento los padres de un niño, en ejercicio de la patria potestad dieron expresa conformidad y autorización para que su hijo pueda viajar en compañía de sus tíos que vivían en Buenos Aires en forma conjunta, separada o alternativa por todo el territorio de la República Argentina y países limítrofes. Además, lo dieron en guarda y los designaron tutores del pequeño.

 

La sanción del Colegio de Escribanos

El Colegio de Escribanos advirtió que la notaria “incumplió con su deber de asesoramiento y de abstenerse al requerimiento conforme lo previsto en artículo 7 del Reglamento de Certificación de Firmas e Impresiones digitales -Res. N° 82/09-, consumándose en esa oportunidad la conducta profesional irregular”.

Y explicó que, al certificar ese documento, la profesional cometió una falta en el ejercicio de su función notarial, porque lo firmado por los padres del niño contradecían las normas del Código Civil.

Añadió que las observaciones posteriores no se subsanan con el instrumento privado de revocatoria de autorización de viaje con firmas certificadas por la misma escribana presentado con posterioridad.

De esta manera, entendió que el proceder de la escribana, en el marco analizado, encuadraba en el supuesto de falta grave en el desempeño de la función que afecta a la institución notarial, a los servicios que le son inherentes y a la propia dignidad del notario, lo que determina la procedencia de la sanción disciplinaria de suspensión impuesta.

La apelación y la queja de la escribana

La sala IV de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial ratificó esta postura. Indicó que la sanción era válida porque nunca se juzgó la responsabilidad civil o penal de la escribana sino sólo la profesional en el momento del otorgamiento del acto notarial. De ese modo la cuestión no devino abstracta en virtud de la vigencia del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación.

La escriba presentó un recurso ante el máximo tribunal provincial. Señaló que la norma procedimental del Colegio de Escribanos “es claramente inconstitucional ya que avasalla el art. 18 de la C.N. en su texto el derecho de defensa y las normas del debido proceso”.

Afirmó que se pretende aplicar una normativa ya derogada vulnerando todos y cada uno de los derechos que le asisten; la ley posterior deroga la ley dictada con anterioridad, principio que reconocería excepción cuando las leyes anteriores hubieran sido dictadas para regir una situación especial.

 

El fallo del Superior Tribunal de Justicia

El máximo tribunal correntino con el voto de Guillermo Semhan, al que adhirieron los magistrados Fernando Augusto Niz, Luis Eduardo Rey Vázquez, Eduardo Gilberto Panseri y Alejandro Alberto Chaín, rechazó los cuestionamientos de la defensa de la escribana.

“Sabido es que la responsabilidad profesional se configura por el sólo y objetivo hecho del incumplimiento de normas legales expresas, en otras palabras, por la inobservancia de las disposiciones que imponen los deberes al notario, por acción u omisión”, manifestó.

Así, entendió que “toda vez que se juzgó la responsabilidad profesional en el momento del otorgamiento del acto notarial, la cuestión no devino abstracta en virtud de la vigencia del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación”. De esta manera, confirmaron la sanción impuesta.

Para los jueces “la decisión de instruir sumario por la Comisión Directiva del Colegio de Escribanos, que luego de ratificada fuera notificada a la escribana en su domicilio legal, fue conocido por la profesional por las numerosas presentaciones que realizó que fueron tratadas y resueltas, por lo que la profesional tuvo oportunidades de ejercer ampliamente su derecho de defensa”.

Luego, destacó que “el sumario se inició en el año 2011 y llevaba diez años de trámite, sin embargo, la demora no era imputable a las autoridades encargadas de la tramitación. De hecho, era adjudicable a la notaria, quien mediante su abogado, presentó más de 20 planteos, ante los cuales el Superior Tribunal recomendó a su apoderado se abstuviera de continuar. También se le señaló que no correspondía declarar prescripta la potestad disciplinaria porque la ley que regulaba la función notarial no contaba con disposiciones al respecto”.

De esta manera, confirmaron la decisión recurrida.

 

Responsabilidad profesional

En el artículo El derecho sancionatorio en Argentina, publicado en Temas de Derecho Administrativo de la editorial Erreius, Luis Rey Vázquez sostuvo que “la responsabilidad ética se encuentra presente en normas de rango supranacional (Convenciones Anticorrupción de la ONU y de la OEA), legal (leyes de ética pública) y en Códigos de Conducta para Funcionarios y Empleados y se subsume en la responsabilidad disciplinaria, la que se hará efectiva previa la sustanciación de un sumario administrativo, que en muchos casos traerá aparejada la aplicación de sanciones, que pueden ser tanto correctivas (apercibimiento, suspensión) como segregativas (cesantía o exoneración), o incluso en algunos regímenes pecuniarias (multas)”.

Fuente: Erreius