Ordenan al Poder Ejecutivo reglamentar la ley que obliga a tener elementos de RCP en eventos masivos

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En el caso “Sociedad Argentina de Cardiología y otros c/ EN - PEN s/amparo Ley 16.986, la Sociedad Argentina de Cardiología y el Centro Latinoamericano de Derechos Humanos, entre otros, interpusieron una acción de amparo, en los términos del art. 43 de la CN y la Ley 16.986, contra el Poder Ejecutivo Nacional, con el objeto que se lo condene a reglamentar la ley 27.159 y designar su autoridad de aplicación.

Explicó que la citada ley, que regula un sistema de prevención integral de eventos por muerte súbita en espacios públicos y privados de acceso público, con el objetivo de reducir la morbimortalidad súbita de origen cardiovascular, fue sancionada el 1 de julio y promulgada el 24 de julio de 2015.

Dicha norma prevé el establecimiento de una “Autoridad de Aplicación” que debe coordinar la aplicación de la ley con las distintas jurisdicciones, así como determinar los espacios obligados a instalar desfibriladores externos automáticos (DEAs) y su cantidad, fijando un plazo de adecuación (el que no podrá exceder de dos años).

A su vez, el art. 17 de la citada norma dispone que el Poder Ejecutivo nacional debe reglamentarla dentro de los 180 días de su promulgación. Indicó que ya pasaron varios años y aún no se ha reglamentado.

Desde el Poder Ejecutivo Nacional opusieron falta de legitimación activa de los accionantes, la ausencia de caso o cuestión justiciable, y plantearon la improcedencia de la vía.

Precisaron que, más allá de la inadmisibilidad formal de la pretensión, "el proyecto de reglamento se encuentra en la Dirección de Asesoría Técnica de la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación”.

La accionante pidió se haga lugar al amparo.

 

 

Macarena Marra Giménez, jueza a cargo de dictar sentencia, indicó que el llamado de autos fue suspendido a raíz de los acontecimientos generados por la pandemia-COVID19. Además agregó que el consecuente, aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO) suspendió la realización de espectáculos masivos, por lo que consideró resulta prudente suspender el dictado de la sentencia hasta tanto se dejen sin efecto tales medidas.

A raíz del cambio de circunstancias, la amparista denunció como hechos nuevos el dictado por parte del PEN del Decreto 494/21, vigente -dice- desde el 1/08/21 hasta el 1/10/21, y que estableció la apertura sanitaria (arts. 4, 5 y 10), y la Resolución 2753/21 del Ministerio de Cultura de la CABA que -apunta- bajo ciertos protocolos, dispone que es viable llevar adelante espectáculos públicos con la presencia de espectadores – teatros y cines–.

Añadió que, por otra parte, la ley cuya reglamentación se persigue, no se limita a exigir la instalación de DEAs en espacios en los que se desarrollen espectáculos públicos, sino que se extiende a cualquier espacio público o privado de acceso público.

En virtud de ello, sostuvo que la normativa actualmente vigente –el DNU N° 494/2021 y la Resolución N° 2753/MCGC/21– levantó y/o modificó las prohibiciones tomadas en cuenta para disponer y/o mantener la suspensión del llamado de autos para sentencia.

El representante legal de la demandada expresó que el proyecto de reglamento se encuentra desde el 29 de septiembre de 2021 en la Secretaría de Calidad en Salud.

La jueza señaló que, luego de requerir en distintas oportunidades a la demandada que informara sobre el trámite de las actuaciones denunciadas (proyecto de reglamento), y viendo que no concluyó con el dictado de la reglamentación, llamó a autos para sentencia.

Indicó que los actores acreditaron de manera suficiente su interés en obtener la reglamentación de la ley 27.159 y la designación de la autoridad de aplicación de la misma (v. caps. VI, VII y VIII).

Explicó que la Ley 27.159 de “Muerte Súbita. Sistema de Prevención Integral”) -BO, 27/07/2015, en su art. 1 dispone que el objeto de la ley es regular un sistema de prevención integral de eventos por muerte súbita en espacios públicos y privados de acceso público a fin de reducir la morbimortalidad súbita de origen cardiovascular.

En tanto, el art. 3 establece que la autoridad de aplicación de la presente ley debe coordinar su aplicación con las jurisdicciones en el marco del Consejo Federal de Salud —COFESA—1 y del Consejo Federal de Educación -CFE-.

Por otro lado, mediante el art. 4° regula que la autoridad de aplicación varias funciones, entre las que se destacan las de determinar las pautas de acreditación para la capacitación del personal de los lugares establecidos, en técnicas de maniobras de resucitación cardiopulmonar básica y en el uso de los DEA y las de promover en su ámbito un registro en el que conste la ubicación de los desfíbriladores, su correcta utilización y mantenimiento.

Además, debe definir la cantidad de DEA según la determinación de los espacios públicos y privados dé acceso público establecidos y la de determinar el plazo de adecuación que tendrán los obligados por la ley, el que no podrá exceder de dos años desde la promulgación de la ley (que ocurrió en 2015).

A tal fin, la norma prescribe que la autoridad debe determinar la cantidad de DEA que se deben instalar en los espacios públicos y los privados de acceso público, los que deben hallarse en lugares de fácil acceso para su utilización ante una situación de emergencia, y su ubicación debe estar claramente señalizada.

Por último, la jueza enfatizó que el art. 17 establece que para la instrumentación “el Poder Ejecutivo debe reglamentar la presente ley dentro de los 180 días de su promulgación” y que lo que se cuestiona es la omisión de la reglamentación.

“La violación a la división de poderes, se da cuando la omisión del Poder Ejecutivo ante una conducta, no sólo determinada por el art. 17 de la Ley N° 27.159, sino como atribución propia de aquel reconocida por el art. 99, inc. 2°, de la Constitución Nacional, provoca que la ley dictada por el Poder Legislativo se transforme en letra muerta”, explicó la magistrada.

Y aseveró que se está en presencia de un daño inminente sobre los bienes jurídicos de la vida y la salud, que requieren del remedio expedito del amparo para su adecuada tutela y resguardo.

“Las amparistas han demostrado que se configura en la especie la manifiesta arbitrariedad (por omisión) endilgada a la conducta de la accionada, con motivo de la falta de ejercicio oportuno de las facultades otorgadas por la normativa aplicable en la especie, y que no existen otras vías legales idóneas para obtener el resguardo y/o reparación de eventuales perjuicios, del derecho que invoca como lesionado”, remarcó.

En ese punto, señaló que no puede considerarse satisfecho el deber de reglamentación por la existencia de las actuaciones administrativas en trámite con un proyecto de reglamentación, y que ello conlleve a que la cuestión se torne abstracta, frente a la fecha que data la promulgación de la norma (BO, 27/07/15), por cuya reglamentación se demandó.

Por último, sostuvo que la falta de reglamentación conduce en la práctica a privar de efectos jurídicos a la disposición, y apreció que la falta de reglamentación es la causa que impide el ejercicio del derecho, porque no hay otro modo de obtener su satisfacción.

De esta manera, consideró que “frente a la injustificable omisión de reglamentar una ley, que expresamente impone el deber de hacerlo”, ordenó al Poder Ejecutivo que subsane esa omisión en un plazo de 30 días hábiles administrativos.

 

Fuente: Erreius