La Corte Suprema validó una resolución de la UBA que exige el DNI argentino para inscribirse a las carreras

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En el caso “Costa Ludueña, Peter Harry c/ UBA s/ amparo ley 16.986”, el solicitante se encontraba privado de la libertad, no tenía identificación por su condición de extranjero, y a su vez, no contaba con la regularidad migratoria exigible a través del artículo 29 inciso c de la ley 25.871 de migraciones, encontrándose entre las causas que impiden la permanencia en el territorio argentino.

El amparo fue rechazado en primera instancia, decisión que luego fue revocada por la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal.

Para así decidir, la Cámara, con remisión a los fundamentos expuestos por el Fiscal General interviniente, expresó que la vía del amparo resultaba admisible pues, al negar al actor la inscripción pretendida, la conducta de la demandada constituía un supuesto de arbitrariedad manifiesta, en los términos del art. 43 de la Constitución Nacional y de la ley 16.986, en tanto privaba a aquel de su derecho a la educación.

A su vez, aseveró que el requerimiento del DNI para la inscripción en una carrera de grado constituía una exigencia formal excesiva e injustificada, pues en el art. 7° de la Ley de Migraciones se establece que en ningún supuesto la irregularidad migratoria de un extranjero puede impedir su admisión como alumno en un establecimiento educativo, a la par que se dispone que las autoridades deben brindar orientación y  asesoramiento respecto de los trámites correspondientes para subsanar tal irregularidad.

Asimismo destacó que, en el caso, la necesidad de asegurar la verdadera identidad de quienes pretenden formar parte de la comunidad universitaria debía tenerse por satisfecha mediante la presentación del pasaporte del actor, toda vez que este había sido el documento que las autoridades consideraron idóneo para tener por demostrada fehacientemente su identidad en el marco del proceso penal seguido en su contra.

En relación con ello, consideró que una interpretación diversa del art. 6° de la resolución 3836/11 -en la que se instituye el Régimen de Admisión de Estudiantes Extranjeros e Internacionales- frustraría el derecho a la educación del peticionario y, por ello, tornaría inconstitucional la remisión a este dispuesta por el art. 19 de la resolución 7349/13 .

Por otra parte, señaló que la sentencia de primera instancia había interpretado restrictivamente la  resolución cuestionada al sostener que el pasaporte expedido por el país de origen del actor no podía ser considerado como un documento útil para demostrar la identidad de aquel.

Finalmente concluyó en que, con ello, se había restringido de manera irrazonable el derecho fundamental analizado; motivo por el cual el pronunciamiento debía ser revocado, sin necesidad de declarar la inconstitucionalidad de la norma peticionada por el actor.

 

Qué dijo la casa de estudios

Contra ese fallo, el representante de la Universidad de Buenos Aires interpuso un recurso extraordinario que fue concedido, en el que afirmaba que al regular el ingreso a las carreras de grado que se imparten en dicha casa de estudios mediante las resoluciones 7349/13 y 3836/11 no se vulneran los derechos a la educación y a la igualdad y no discriminación.

En ese sentido, consideró que la Cámara interpretó erróneamente la primera de esas resoluciones, que fue dictada por el Consejo Superior del claustro universitario de conformidad con lo normado en el art. 13 de la ley 17.671, en el que se establece que la presentación del DNI es obligatoria en todas las circunstancias en que sea necesario probar la identidad, sin que pueda ser suplido por ningún otro documento.

Indicó que dicha disposición no fue declarada inconstitucional por el tribunal de apelaciones, extremo que demostraría que el requisito atacado por el peticionario no resulta discriminatorio. En relación con ello, cuestionó puntualmente que la sentencia haya tenido por probada la identidad de aquel mediante el pasaporte expedido por su país de origen, apartándose de la citada norma de orden público.

Asimismo, señaló que, según lo reglado en el art. 6° del Anexo I de la resolución 3836/11, para obtener el alta definitiva como estudiante de la referida universidad, aquellos que no hubieren presentado el DNI al momento de su ingreso, deben hacerlo en la unidad académica correspondiente antes de transcurridos dos cuatrimestres a partir del ciclo en el que se ingresa, de acuerdo con lo establecido en el art. 7° de la ley 25.871.

 

 

El fallo de la Corte Suprema

Con el voto de los jueces Ricardo Lorenzetti, Carlos Maqueda y Horacio Rosatti, la Corte manifestó que, conforme al artículo 13 de la ley 17.671, la identidad debe ser probada a través del documento nacional de identidad, sin que pueda ser suplido por ningún otro documento acreditante. Y que, por consiguiente, la resolución de la UBA es válida por ser congruente con la citada norma.

Desde este punto de vista, entendió que “la decisión de exigir la presentación del DNI a todos los aspirantes a las carreras de grado dictadas en la Universidad de Buenos Aires -sean estos nacionales o extranjeros, se encuentren, o no, cumpliendo una pena privativa de la libertad- no constituye un indebido privilegio otorgado a una persona o a un grupo sino, simplemente, la fijación de un requisito uniforme para demostrar la identidad de las personas, conforme el régimen vigente”.

“En función de ello, la exigencia cuestionada por el actor no supone ningún tipo de afectación al derecho a la igualdad y a la no discriminación, pues tanto aquel como el resto de los aspirantes se encuentran obligados a satisfacerla, cualquiera sea su nacionalidad y sea que estén privados o no de su libertad ambulatoria. Máxime cuando en la misma disposición que se ataca se establece un plazo para el cumplimiento de aquel requisito para quienes no hubieran nacido en el país”, agregó.

Y agregó que el peticionario no pueda regularizar su situación migratoria por la particular situación penal en la que se encuentra y, por ende, se vea impedido de tramitar el documento nacional de identidad argentino requerido por la demandada, “no torna arbitraria o irrazonable una reglamentación que se muestra homogénea en sus exigencias para todas las personas que procuran acceder al programa implementado por la universidad en establecimientos del Servicio Penitenciario Federal”.

“El derecho de aprender que la Constitución y los pactos internacionales amparan no sufre privación alguna por el hecho de que una razonable reglamentación condicione su disfrute a la observancia de pautas de estudio y de conducta a las que el titular de aquel debe someterse”, remarcó el voto mayoritario de la Corte.

Por último, expresó que la exigencia de documento nacional de identidad no configura un supuesto discriminación porque la garantía de igualdad implica que “no se establezcan excepciones o privilegios que excluyan a unos de lo que se concede a otros en idénticas circunstancias, mas no impide que la legislación contemple en forma diferente situaciones que considere distintas, cuando la discriminación no es arbitraria, ni responde a un propósito de hostilidad contra determinados individuos o clase de personas, ni encierra un indebido favor o privilegio, personal o de grupo”.

Y añadió que “no constituye una vulneración al principio de igualdad y a la no discriminación” porque el único obstáculo que impide su ingreso es que “pueda obtener el documento nacional de identidad argentino que se le exige está dado por la condena a una pena privativa de la libertad que se encuentra cumpliendo en la Argentina la que, conforme con lo dispuesto en el art. 29, inc. c, de la ley 25.871, es causa impediente de su permanencia en el país”.

En virtud de esos motivos, la Corte expresó el requisito del DNIno parece desproporcionado ni un recaudo injustificado si se tiene en cuenta que lo que se halla en disputa es el acceso a ofertas educativas que permitan a los aspirantes formarse, capacitarse y obtener el título universitario que los habilite para ejercer una profesión”. De esta manera, revocaron la sentencia de la cámara que había hecho lugar al amparo.

En disidencia, el presidente Carlos Rosenkrantz y Elena Highton -en una de sus últimas sentencias-  consideraron que el recurso era inadmisible, por lo que correspondía confirmar la decisión de la Cámara.

 

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Fuente: Erreius