El CPACF presentó una acción de amparo impugnando la creación de una nueva instancia ante el TSJ

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El viernes 29 octubre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires publicó la Ley 6.452 que habilita al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad a entender en el recurso de inconstitucionalidad contra sentencias dictadas en la Justicia Nacional de la Capital Federal.

La norma fue aprobada a fines de septiembre con 38 votos afirmativos y 20 negativos el pasado 30 de septiembre por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Allí, se incorporaron dos artículos que modifican la interposición del recurso de ordinario de apelación y de inconstitucionalidad establecidos por la ley local 402 y les conceden competencia para intervenir en las decisiones emitidas por la Justicia Nacional, Civil, Comercial, Laboral, Correccional y Criminal de la Capital Federal.

En concreto, se modificaron los artículos 26 y 37, que quedaron redactados de esta manera:

Artículo 26: “El recurso de inconstitucionalidad se interpone contra la sentencia definitiva del tribunal superior de la causa emitida por los tribunales de la Ciudad de Buenos Aires o los integrantes de la Justicia Nacional de la Capital Federal. Procede cuando se haya controvertido la interpretación o aplicación de normas contenidas en las constituciones nacional o de la ciudad, o la validez de una norma o acto bajo la pretensión de ser contrarios a tales constituciones siempre que la decisión recaiga sobre esos temas”.
Artículo 37: “El recurso ordinario de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia procede contra las sentencias definitivas emanadas de los tribunales de la Ciudad de Buenos Aires o los integrantes de la Justicia Nacional de la Capital Federal, en los casos en que la Ciudad sea parte y cuando el valor disputado en último término y por cualquier concepto supere el mínimo establecido en el artículo 26 inciso 6) de la Ley 7. El recurso se interpone por medio electrónico idóneo habilitado ante la Cámara de Apelaciones respectiva dentro del plazo de cinco (5) días desde la notificación. En dicha presentación, el/la apelante debe acreditar el cumplimiento de los recaudos previstos en el párrafo anterior”.

 

 

En ese contexto, el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF), con la firma del presidente de la entidad, Eduardo Awad, presentó una acción de amparo contra la ley 6.452 al entender que “viola el orden jurídico constitucional” y vulnera lo “dispuesto por los artículos 1, 5, 18, 31, 75, inc. 30 y 129 de la Constitución Nacional, al quebrantarse principios constitucionales superiores, tales como el respeto al juez natural, el derecho de defensa y el debido proceso, pudiendo generar, además, una severa crisis institucional al avanzar sobre materias que pertenecen, de manera exclusiva, al Congreso de la Nación”.

Como medida cautelar, la entidad también solicitó que se suspenda en forma inmediata la aplicación de los artículos 4 y 7 de la ley, manteniendo el régimen vigente dispuesto por la Ley 48; el Decreto-Ley 1285/58; el art. 8 de la Ley 24.588, en el marco del art. 129 de la Constitución Nacional; y el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo.

En concreto, para el CPACF, “esta amenaza se vincula con la existencia de circunstancias que ponen en real, efectivo e inminente peligro la plena vigencia de nuestra Constitución Nacional”.

Y agregó que “en el caso, más que una amenaza, se trata de la actual afectación del sistema republicano de gobierno, y las garantías esenciales de juez natural, debido proceso, defensa en juicio, plazo razonable de juzgamiento, etc”.

Asimismo, señaló que la ley porteña “conculca con ilegalidad y arbitrariedad manifiesta derechos fundamentales y garantías reconocidas por la CN y los instrumentos internacionales sobre derechos humanos con jerarquía constitucional: Cuando las disposiciones de una ley, como la atacada, que se tachan de inconstitucional en la presente acción, claramente no respetan derechos reconocidos constitucionalmente como los receptados en los arts. 1, 5, 18, 31, 75 inciso 30 y 129 de nuestra norma fundamental”.

“Para la situación planteada, no existe un remedio judicial alternativo que sea expedito, rápido y que, garantizando una decisión oportuna de la jurisdicción, resguarde los derechos fundamentales ya conculcados”, agregaron.

En este sentido el CPACF se preguntó “¿qué consecuencias traería la utilización de la vía ordinaria, aún en el supuesto de alcanzar una sentencia de primera instancia favorable?” y consideró que la consecuencia sería “un proceso lento y engorroso que podría durar años y que se devoraría la pretensión procesal actual”.

“La normativa atacada crea, como se dijo, una nueva instancia (la tercera) en los procesos judiciales que tramitan ante la Justicia Nacional Ordinaria con asiento en la Ciudad de Buenos Aires (Civil, Comercial, del Trabajo y Criminal y Correccional), totalizando entonces cuatro instancias (seis en materia penal para el caso de que haya debate oral) para que cualquier causa judicial llegue a una sentencia definitiva por la Corte Suprema”, remarcó.

Y agregó que “este atropello jurisdiccional, vulnera inusitadamente la regla de doble vía previa para acceder a la Corte Suprema de Justicia de la Nación al introducir inconstitucionalmente una tercera, con el dispendio jurisdiccional y los costos que ello acarrearía".

"La “Ley “Cafiero” determina que la Ciudad de Buenos Aires sólo podrá entender, a través de su propia justicia, en causas relacionadas con faltas, contravenciones y en materia contencioso-administrativa y tributaria locales. Nada más”, consideró el CPACF.

Como si fueran pocos los argumentos, por último, y no por ello menos importante, el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, dispone que contra las sentencias de los tribunales nacionales procederá un recurso extraordinario de apelación ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en los supuestos previstos por el art. 14 de la Ley 48 (arts. 256 y ss.), y únicamente regula la posibilidad de interponer un recurso de queja frente a la denegación de los recursos previstos ante la Corte Suprema (arts. 285/287).

En tal sentido, claro está que la pretensa intención de crear un recurso previo ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires para cuestionar decisiones de los tribunales nacionales del Poder Judicial de la Nación, es resorte exclusivo del Congreso de la Nación, mas nunca de la Legislatura de la Ciudad, que no tiene ninguna competencia para dictar la normativa atacada.

 

Conflictos

 

Desde la reforma de la Constitución Nacional en el año 1994 y con el reconocimiento de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, el Poder Ejecutivo Nacional y el Gobierno de la Ciudad han ido celebrando convenios de transferencias de competencias y funciones para la creación de juzgados en el Poder Judicial de la Ciudad.

Dichos convenios, han sido aprobados en el Congreso de la Nación, en base a lo establecido en el artículo 75 de la Constitución Nacional y en el artículo 8º de la Ley 24.588, conocida como Ley Cafiero, que "garantiza los intereses del Estado Nacional en la Ciudad de Buenos Aires".

De acuerdo al artículo 86 de la Constitución de la Ciudad, el Poder Ejecutivo contaba con la facultad para vetar total o parcialmente el proyecto, facultad que no utilizó en este caso.

A este conflicto por competencia se le suman dos fallos. En el año 2019, la Corte Suprema de Justicia de la Nación reconoció en el caso “Bazán” que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad era el competente para entender en los conflictos de competencia que se suscitaran entre jueces/zas de la Justicia Nacional y jueces/zas de la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires.

Luego, en "Levinas", el TSJ reiteró que, si bien la procedencia del recurso de inconstitucionalidad local contra las sentencias definitivas emitidas por las Cámaras Nacionales no se desprende automáticamente del fallo Bazán -donde la Corte Suprema sólo definió cuál era el órgano judicial que debía resolver determinados conflictos de competencia-, si correspondía efectuar una respuesta proactiva para garantizar la autonomía plena del Poder Judicial de la Ciudad.

Así, el TSJ ordenó en ese caso a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil a que trate el recurso de inconstitucionalidad previsto en el artículo 402 de la Ciudad, en tanto el Tribunal era el "órgano superior" de las causas que tramitan en la justicia ordinaria de la Capital Federal.

En la actualidad, el expediente del caso "Levinas" se encuentra en trámite ante la Corte Suprema. Allí, el Procurador General interino, Eduardo Casal, remarcó que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no tiene facultades para revocar sentencias ni ordenar a tribunales nacionales, por no ser el “tribunal superior de la causa”.

En ese dictamen, Casal expresó que admitir un recurso no previsto en la legislación nacional importaría modificar la estructura del Poder Judicial de la Nación definida en los artículos 1 y 32 del decreto-ley 1285/1958, y en las leyes 48, 4.055 y 24.588, normas que no fueron declaradas inválidas por el Tribunal Superior de Justicia en la causa en cuestión.

Fuente: Erreius