La Corte Suprema le ordenó a Formosa que deje ingresar a todos los ciudadanos varados en un plazo de 15 días hábiles

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La Corte Suprema de Justicia de la Nación le ordenó a la Provincia de Formosa que, en un plazo de 15 días hábiles, garantice el efectivo ingreso a su territorio de todos los ciudadanos que lo hayan solicitado

El máximo tribunal consideró que las restricciones impuestas por el gobierno provincial debido a la emergencia sanitaria “deben ejercerse de modo razonable y respetando siempre estándares constitucionales”.

Formosa había cerrado sus límites y establecido un programa de ingreso al territorio con requisitos y turnos, eso provocó una virtual imposibilidad de atravesar los límites de su territorio. Unas 7500 personas se encontraron varadas en las distintas entradas a la provincia. Incluso, un joven falleció por querer ingresar a la provincia por el río Bermejo.

La causa “Lee, Carlos Roberto y otro c/ Consejo de Atención Integral de la Emergencia Covid-19 Provincia de Formosa s/ amparo - amparo colectivo (expediente digital)” fue impulsada por dos abogados que denunciaron que el gobierno provincial, de forma discrecional, cercena el derecho de los formoseños a ingresar a su territorio, con fundamento en el Programa de Ingreso Ordenado y Administrado de Personas a la Provincia de Formosa.

Los actores solicitaron el dictado de una medida cautelar a fin de que se ordenara a la Provincia de Formosa el inmediato ingreso al territorio provincial de los ciudadanos que se encuentran varados y esperando por retornar a sus domicilios y, si por la falta de infraestructura o condiciones edilicias no se puede realizar la cuarentena obligatoria en los centros provinciales destinados al efecto, se les permita realizarla en sus domicilios o en hoteles costeados por ellos mismos.

Exigieron a la Corte el ejercicio del control encomendado a la justicia sobre las actividades de los otros poderes del Estado y, en ese marco, la adopción de las medidas conducentes que, sin menoscabar las atribuciones de estos últimos, tiendan a sostener la observancia de la Constitución Nacional.

Los magistrados indicaron que “le corresponde al Poder Judicial de la Nación buscar los caminos que permitan garantizar la eficacia de los derechos y evitar que estos sean vulnerados, como objetivo fundamental y rector a la hora de administrar justicia y de tomar decisiones en los procesos que se someten a su conocimiento. No debe verse en ello una intromisión indebida del Poder Judicial cuando lo único que hace es tender a tutelar derechos, o suplir omisiones en la medida en que dichos derechos pueden estar lesionados”.

Al analizar el caso, los ministros Carlos Rosenkrantz, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti explicaron que “no pueden desconocerse las facultades con las que cuenta la Provincia de Formosa para establecer en su territorio las medidas de prevención que considere adecuadas en el contexto de la particular situación de emergencia sanitaria de efectos mundiales que está transcurriendo”, aunque “dichas potestades deben ejercerse de modo razonable y respetando siempre estándares constitucionales”.

Luego señalaron que la Constitución Nacional reconoce a todos los habitantes de la Nación el derecho a transitar libremente en su territorio, sin distinción alguna (artículos 8° y 14).

Por su parte, entre los instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos, tanto la “Convención Americana sobre los Derechos Humanos” (aprobada por la ley 23.054), como el “Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos” (aprobado por la ley 23.313), ambos con jerarquía constitucional (artículo 75, inciso 22, de la Ley Fundamental), también reconocen en los incisos 1° de sus artículos 22 y 12, respectivamente, el derecho de toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado a circular libremente por él; y si bien el ejercicio de dicho derecho puede ser restringido en virtud de una ley cuando sea necesario para proteger, entre otras cosas, la salud pública, lo cierto es que las restricciones deben ser compatibles con los demás derechos reconocidos en esos pactos (incisos 3° de los artículos 12 y 22).

Aun cuando es cierto que no hay derechos absolutos, no menos cierto es que el poder del gobierno para recortarlos de acuerdo con sus necesidades, sean o no de emergencia, es mucho menos que absoluto. Los tribunales deben examinar con creciente rigor las intervenciones en los derechos individuales, a medida que estas se tornan más intensas y prolongadas, para establecer no solo si está justificada la validez en general de la medida, sino también su alcance”, indicaron los magistrados.

Por otro lado, pusieron de resalto que ya transcurrieron varios meses desde la puesta en práctica del referido “Programa de Ingreso Ordenado y Administrado”, y aún no se ha definido el tiempo de su vigencia ni de las medidas allí dispuestas, ni existen indicios de hasta cuándo se extenderán las restricciones al derecho a transitar libremente, derecho este especialmente reconocido en la Constitución Nacional y en los citados instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos.

Aun cuando pudiesen resultar adecuadas a la tutela de la salud pública, las medidas adoptadas por las autoridades provinciales aparecen en su puesta en práctica, prima facie, como limitaciones irrazonables a la autonomía personal frente a la demora que se produce para concretar el ingreso de quienes lo requieren, incluso, de aquellas personas que, de acuerdo con la propia reglamentación local, se encontrarían dentro de los casos prioritarios”, explicaron los jueces.

De esta manera, se entendió que las restricciones establecidas en el  Programa de Ingreso Ordenado y Administrado dictadas por el Ejecutivo provincial, a los fines de evitar la propagación del Covid-19 en su territorio, “no superan el test de razonabilidad que establece el artículo 28 de la Constitución Nacional, al suprimir libertades individuales más allá de lo tolerable”.

Para arribar a esa conclusión, se analizaron los informes remitidos por la Provincia, que indicaban que, en algo más de seis meses, “han logrado ingresar al territorio formoseño menos de la mitad de las personas que lo han solicitado -concretamente, un 43,5% de los pedidos registrados-”, sumado a que los ingresos, en algunos casos, se extendieron por cuatro meses.

De esta manera, le ordenó a la Provincia de Formosa que arbitre los medios necesarios de modo de garantizar el efectivo ingreso al territorio provincial, con cumplimiento de las medidas sanitarias que estime pertinentes, de todos los ciudadanos que lo hayan solicitado, dentro del plazo máximo de quince días hábiles, ajustando el programa a las pautas constitucionales mencionadas.

El pedido de informes

A fines de octubre, la Corte Suprema le había exigido al gobierno de Formosa que explique la cantidad precisa de pedidos de ingreso de personas al territorio provincial y rinda cuentas sobre la situación de los varados en los límites de su territorio.

En su denuncia contra el Gobierno provincial, que derivó en el mencionado pedido de informes por parte del máximo tribunal, los abogados señalaron que se cercenaba el derecho de los formoseños a ingresar a su territorio, con fundamento en el Programa de Ingreso Ordenado y Administrado de Personas a la Provincia de Formosa.

El juez federal de Formosa, en primer término, solicitó un informe a la provincia, que indicó que en el marco del Programa de Ingreso Ordenado y Administrado a su territorio de personas con intenciones de permanecer en él,  toda persona con intenciones de ingresar a la provincia para permanecer en ella debe realizar una cuarentena preventiva y obligatoria en Centros de Alojamiento Preventivo. Tras ello, se declaró incompetente y remitió la causa a la Corte.

Sin perjuicio de que Formosa informó luego que autorizó el ingreso de los amparistas, los jueces Carlos Rosenkrantz, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti solicitaron que el gobierno de Gildo Insfrán informe la cantidad precisa de pedidos de ingreso de personas a su territorio desde la vigencia del Programa y cuántos otros se encuentran actualmente pendientes de autorización.

En ese marco, la Corte pidió que Formosa precise cuáles son las medidas adoptadas por el Consejo de Atención Integral de Emergencia Covid-19  o por cualquier otra autoridad provincial, en relación con los hechos denunciados “y, en particular, en lo que concierne a las personas que se encontrarían varadas en las cercanías de los límites provinciales a la espera de poder ingresar al territorio formoseño”.

Fuente: Erreius