Declaran inconstitucional la exigencia del certificado de libre deuda para renovar la licencia de conducir

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El Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos confirmó la sentencia que declaró la inconstitucionalidad de la exigencia de libre deuda de tasas o multas municipales para renovar el carnet de conducir. Se entendió que exigir la acreditación de la inexistencia de deuda ajena a cuestiones de tránsito, nada aportaba a la seguridad vehicular y no era útil para justificar la perturbación en el derecho de la amparista. 

En el caso “Torcello, Cecilia Estela s/acción de amparo” la actora interpuso una acción de amparo contra la Municipalidad de Concordia a fin de que se declare la inconstitucionalidad formal y material de toda norma o acto de hecho que en la administración de dicho organismo impida u obstaculice la renovación de la licencia de conducir, removiendo a tales efectos todo lo que se interponga en la tramitación del mismo y disponiendo por ende la inmediata autorización a la actora para concluir el trámite sin el requisito del certificado de Libre Deuda.

Según los hechos, la actora se presentó a iniciar las gestiones necesarias para realizar el trámite de revalidación del carnet habilitante para conducir. Desde la Dirección de Tránsito de la municipalidad le indicaron que la actora debía concurrir primero al juzgado de Faltas de la ciudad de Concordia a fin de que se le expidiera un certificado de libre deuda que, como requisito del Municipio de Concordia, era necesario antes de entregar el carnet.

Cabe aclarar que la actora contaba deudas ante la Municipalidad por el terreno de su padre y por infracciones viales contaba con deudas por infracciones viales y desde la Dirección de Tránsito se le informó hasta que las mismas no sean satisfechas no podría obtener la licencia, quedando la actora imposibilitada continuar con el trámite.

En primer lugar, el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Concordia, la Dra. María del Luján Giorgio, declaró la inconstitucionalidad de la ordenanza municipal que exige la libre deuda municipal para renovar la licencia de conducir, al considerarse que vulnera premisas constitucionales tales como el derecho a la habilitación de la facultad para conducir libremente automotores una vez cumplidas las exigencias de la Ley Nacional de Tránsito, como así también el principio de igualdad ante la ley, por cuanto vulnera la situación de quien por sus escasos recursos económicos no sufraga el crédito impago por una infracción de tránsito o multas por cualquier otro concepto municipal, en franca desventaja con quien puede hacerse cargo de la deuda.

Contra esta resolución, la Municipalidad de Concordia interpuso recurso de apelación pero el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos resolvió establecer que no existe nulidad y, por lo tanto,  rechazó el recurso interpuesto por la Municipalidad de Concordia.

En sus fundamentos, el Dr. Salduna consideró que la ordenanza Municipal se excede respecto de la Ley Nacional de Tránsito que reglamenta. Además, consideró que la misma “se presenta extorsiva, abusiva, meramente pecuniaria y con el solo fin recaudatorio”. También señaló que requerir al ciudadano que acredite la inexistencia de deuda exigible, es restrictivo respecto de sus derechos individuales; y, la consecuencia es de tal magnitud que dispone una sanción de tipo penal vía Ordenanza Municipal.

Salduna además razonó que “la exigencia aparece desproporcionada y en nada ayuda respecto de la seguridad del tránsito vehicular; ni garantiza una mejor aptitud del eventual conductor del rodado. Porque y aunque obvio, aun cuando la señora Torcello abone los conceptos que supuestamente adeuda, ello no la convierte de forma automática en una prudente y habilidosa conductora”.

Asimismo, en sus fundamentos el magistrado consideró que el art. 1 de la Ordenanza Nº 34997 altera los principios, garantías y derechos reconocidos por la Constitución Nacional (art. 28).

Por otro lado, explicó que las normas reglamentarias pueden determinar la forma y modo de cómo han de ejercerse los derechos y garantías reconocidos por la Constitución. Sin embargo, explica que la reglamentación no debe ni puede obstaculizar, entorpecer o distorsionar el ejercicio de los principios, garantías y derechos constitucionales.

En cuanto al principio de atender a la “intención del legislador”, el magistrado se preguntó cuál  era la intención perseguida en la Ordenanza reglamentaria de la habilitación para conducir vehículos. En este sentido, recalcó que lo que se lo que se busca es lograr el ordenamiento del tránsito, la seguridad vial de bienes y personas. En tal sentido, admitió que es válido que se tengan en cuenta las multas por infracciones relativas al tránsito vehicular, ya que ellas podrían relacionarse con la capacidad y conducta del peticionante.

Sin embargo, seguidamente se preguntó “¿qué vinculación tiene la obtención de la matrícula habilitante para conducir con el cobro del alumbrado, barrido y limpieza, la tasa inmobiliaria, obras sanitarias, el impuesto a los ingresos brutos; o, como dice la controvertida Ordenanza 'cualquier otra disposición cuya aplicación y juzgamiento corresponda a la Municipalidad, sea por vía originaria o derivada'?” Allí concluyó que dicha disposición tiene un fin fiscalista o recaudatorio y no a la “seguridad vial” u “ordenamiento del tránsito”.

Por último, llegó a la conclusión de que “si el art. 1 de la Ordenanza Nº 34997 en nada aporta a la seguridad vehicular y no es útil para justificar la perturbación en el derecho de la amparista, corresponde que se declare su inconstitucionalidad en tanto exige acreditar la inexistencia de deuda en lo que se refiera a multas o tributos ajenos a cuestiones de tránsito y circulación de vehículos; ergo intimar a la Municipalidad de Concordia a proseguir el trámite de otorgamiento de carnet de conducir a la amparista”.

A los fundamentos del Vocal Salduna adhirieron los demás integrantes del Tribunal.

 

Fuente: Erreius