Confirman multa contra un shopping por el robo dentro de un vehículo en su playa de estacionamiento

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La Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires  rechazó un recurso interpuesto por la cadena de supermercados Coto y confirmó la multa de $ 40.000 que le impuso la Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor del Gobierno porteño por el hurto dentro del auto de un cliente, ocurrido en el estacionamiento del Spinetto Shopping, en el  barrio de Balvanera.

En el caso “Coto Centro Integral de Comercialización SA c/Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor s/recurso directo sobre resoluciones de defensa al consumidor” el señor R. C. J. denunció a esa sociedad, ya que el 9 de febrero de 2015, mientras realizaba compras en la sucursal del supermercado, sufrió el hurto de elementos que se encontraban en su vehículo, estacionado en el subsuelo del Shopping Spinetto.

El consumidor acompañó el ticket de estacionamiento que acreditaba el ingreso del vehículo y la copia de la denuncia policial, de la que surgen los bienes sustraídos. La instancia conciliatoria se cerró sin acuerdo.

La denunciada señaló que no se habían acreditado los hechos y que, si bien ella ofrecía un espacio para estacionar rodados, ese ofrecimiento era gratuito y sin vinculación contractual que la obligara con el denunciante ni con ningún otro cliente.

Asimismo, indicó que tal ofrecimiento no podría incluir la obligación de guarda y custodia de los objetos contenidos en los vehículos, máxime cuando desconocía su existencia.

La Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor porteña le impuso una multa por infringir el artículo 19 de la ley de defensa del consumidor 24240 (LDC). La administración consideró que la denunciada era una proveedora altamente especializada y que se encontraba en mejores condiciones de probar que el hurto no sucedió en sus instalaciones (por caso, mediante videos de seguridad o constancias del libro de novedades del personal de vigilancia). La empresa apeló la decisión.

La Sala I, conformada por Carlos Balbín, Mariana Díaz y Fabiana Schafrik, por unanimidad, sostuvo que la empresa no se hizo cargo de lo señalado por el mencionado órgano administrativo y agregó que “la prueba del hecho es muy dificultosa, porque se supone que quien hurta una cosa no lo hace en presencia de testigos, tal situación no puede ir en desmedro de la víctima”.

Recordó además que “lo que se discute (…) es la procedencia de la multa por una transgresión a la LDC y no la cuantía del perjuicio efectivamente sufrido”. Y observó que “la empresa se apoya en la contrapropuesta del consumidor pero nada dice de la oferta inicial de la empresa de seguridad, vinculada a un hurto que, según Coto SA, nunca existió”.

Acerca del argumento en que el ofrecimiento del espacio para estacionar era gratuito y que no generaba obligaciones, la Cámara destacó que “el deber de seguridad (…) no abarca exclusivamente el sector de góndolas o cajas, sino que también se extiende al predio en su conjunto (playas de estacionamiento, sectores de esparcimiento, patios de comida, etc.), de allí que -por ejemplo- reiterada y uniforme jurisprudencia juzga responsable al explotador del supermercado por la sustracción de rodados o por daños ocasionados”. De esta manera, confirmaron la multa interpuesta por el organismo porteño.

En el artículo “Robo de vehículos en estacionamientos de shoppings a la luz del nuevo CCyCo.: diversas indemnizaciones”, publicado en Temas de Derecho Comercial Empresarial y del Consumidor, Marcelo Bianchi indicó que “la invocada gratuidad del aludido servicio de estacionamiento no puede ser alegada como argumento para sostener la inexistencia de la obligación de esta última de custodiar el rodado que el cliente aparcó en su playa”.

Es que, de lo contrario, tal servicio perdería en parte su sentido, desde que esa necesidad de custodia es uno de los intereses que normalmente procura satisfacer quien busca para su automóvil tal tipo de resguardo.

Por otra parte, los actos de quienes se dedican profesionalmente al comercio no se presumen gratuitos, lo cual obsta a suponer que, en esos casos, la inexistencia de canon importe ausencia de compensación”, agrega el experto.

Dentro de ese concepto, el servicio de estacionamiento brindado por los shoppings no es desinteresado, sino destinado a habilitar una mayor afluencia de público en el marco de una técnica de marketing destinada a captar mayor clientela y a estimular el consumo, lo cual coloca a quien así procede en la obligación de proporcionar esa prestación accesoria en forma segura y eficiente.

“De acuerdo con el principio de la buena fe, al ofrecer los centros comerciales a sus potenciales clientes las playas de estacionamiento contiguas -gratuitamente- para que estacionen sus rodados mientras visitan sus establecimientos, parece claro que asumen una obligación de seguridad que, aunque no esté estipulada por escrito, surge tácitamente de la naturaleza de la relación jurídica constituida”, concluye Bianchi.

Fuente Erreius