Ordenan entregar una vivienda en comodato social

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El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberá otorgar una vivienda en comodato social a una persona de 56 años que padece una discapacidad, no posee un empleo estable y se encuentra en una situación de vulnerabilidad.

La resolución se dio en el marco de la causa S., R. D. c/GCBA s/amparo, en la cual la Cámara de Apelaciones en lo CAYT -Sala I- confirmó la sentencia de primera instancia en la que se condenó al Gobierno de CABA a que “(…) dentro del plazo de quince (15 días), otorgue a R. D. S. una vivienda adecuada a sus necesidades y estado de salud, bajo la figura de comodato social”.

Para decidir en ese sentido, el Dr. Carlos F. Balbín manifestó que “las personas en situación de desamparo -con sustento en el principio de autonomía individual y autodeterminación- tienen derecho a una protección que garantice debidamente sus necesidades habitacionales básicas; hecho que obliga al Estado a adoptar comportamientos activos (implementación de políticas públicas) que hagan posible la inclusión social (superación de la pobreza y de la exclusión) y el goce de los derechos fundamentales (en particular y en cuanto a la causa importa, el acceso a la vivienda). Ello, debido a que el derecho a la vivienda adecuada posee una importancia fundamental en tanto coadyuva al disfrute de otros derechos reconocidos en el PIDESyC”. Y retomando lo esgrimido en el voto del fallo D. A. L. c/GCBA s/amparo, donde se ordenó al GCBA otorgar una vivienda en comodato a una familia en situación de vulnerabilidad ante la omisión del Estado local en cumplir una sentencia firme, afirmó el juez de la Cámara que la solución de “comodato social” propuesta por el magistrado de grado resulta adecuada para garantizar a la actora el reconocimiento del derecho a la vivienda con el alcance que aquí se reconoce en tanto satisface los recaudos de “permanencia” en el tiempo y en suficiencia, estipulados precedentemente. La presente decisión no obsta a que, eventualmente, las partes acuerden otro modo de satisfacer y cumplir la sentencia.

La Dra. Schafrik, en similar sentido al voto del Dr. Balbín, sostuvo que más allá de las especificidades (suficiencia y permanencia), el “alojamiento” importa un concepto jurídico amplio e indeterminado y, que dentro de un marco de razonabilidad, los jueces estamos convocados a darle contenido. Por ello, la condena a entregar una vivienda adecuada bajo la figura de comodato social importa una modalidad de las tantas que podrían ser consideradas. Resaltando que el “comodato social” se presenta como una alternativa idónea en la medida que importa la entrega de una vivienda para su uso y asegura que en el ejercicio de ese derecho no se configuren interferencias. De esta forma, el comodato permite garantizar la seguridad y estabilidad de la tenencia, que es uno de los aspectos propios del derecho a la vivienda.

En disidencia la Dra. Díaz expresó que “al administrar justicia el juez no debe soslayar la voluntad legislativa y, aunque no es menos cierto que debería existir una verdadera política pública en materia de vivienda que permitiese dar soluciones integrales a las personas en situación de vulnerabilidad, no está en discusión que al GCBA corresponde el rol de garante de la satisfacción de los derechos de los grupos desaventajados. Pues bien, “ser garante no implica relevar al sujeto en sus decisiones y actuaciones, sino aportar los medios para que pueda decidir y actuar del mejor modo posible, desenvolver sus potencialidades y cumplir su destino. Se garantiza el goce y ejercicio del derecho y la libertad, a través de abstenciones y prestaciones’”. Por lo que, en consecuencia -conforme el entender de la Camarista-, correspondía en el caso modificar la sentencia de grado y ordenar al GCBA que presente ante el juzgado de origen una propuesta para hacer frente a la obligación de brindar a la actora un alojamiento que reúna las condiciones adecuadas a su cuadro de salud y situación de vulnerabilidad, solución que deberá subsistir mientras perduren los extremos legales y de hecho en que se apoya la condena.

Como afirma el Dr. Emmanuel Aguirre Irala en la publicación Temas de Derecho Administrativo correspondiente al mes de julio 2019, en su artículo “División de poderes y cumplimiento de sentencias firmes en el marco del derecho a una vivienda digna”, al comentar el fallo “D. A. L.”,  el autor afirmó que el “planteo del caso se enmarcó en determinar si al ordenarse la entrega de una vivienda bajo la figura de comodato social, el juez invadió competencias propias de los otros poderes del Estado, al disponer el destino de un inmueble del Estado local para satisfacer necesidades sociales. De la lectura del fallo se puede observar que el juez de grado actuó dentro de sus competencias y en pos de hacer efectivo el derecho reconocido en la sentencia firme. El GCBA tuvo la ‘opcionalidad para cumplir con el cómo de la sentencia’, pero transcurrió un tiempo considerable sin que realizara propuestas concretas para garantizar el derecho conculcado, pese a los emplazamientos del juez.”.

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