Multan a automotriz por no informar adecuadamente las condiciones para adherir a un plan de ahorro

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La Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires rechazó el recurso presentado por Fiat Auto contra la disposición que le impuso una multa de $30.000 por infracción al artículo 4 de la Ley de Defensa del Consumidor.

El caso se inició en 2014 cuando un cliente presentó denuncia formal ante la Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor (DGDyPC) porteña, con motivo del “rechazo de la suscripción de contrato sin motivos legales”.

En dicha presentación, el consumidor explicó que se acercó a una concesionaria, en la que dio cumplimiento a todos los requisitos que se le exigían para ingresar a un Plan de Ahorro con la automotriz. Pero tiempo después se le comunicó que su pedido era rechazado “ya que tuvo o tiene causas judiciales”.

El órgano administrativo multó a la empresa con $30.000 por infracción al artículo 4 de la Ley 24.240 ya que “no habría informado en debida forma al consumidor los motivos por los cuales la solicitud de adhesión fue rechazada”.

Además, se le ordenó, en consecuencia, que proceda a la publicación de la disposición. La empresa apeló la decisión ante la Justicia y el caso recayó en la sala I de la Cámara.

La recurrente argumentó que no habría existido relación contractual con la denunciante, ya que si bien Auto Generali -entonces concesionaria de Fiat Auto SA- realizaba la promoción para la suscripción de planes de ahorro y ciertas tareas administrativas, dicha circunstancia no implicaba que la concesionaria actúe en su representación o sea parte en la relación contractual.

En relación con la transgresión al deber de información que se le imputó, señaló que no se daban en el caso los presupuestos que permitan verificar un incumplimiento al artículo 4 de la Ley 24240, en tanto surge que se le habría informado al denunciante los motivos del rechazo de la solicitud de adhesión y que este conocía las condiciones del plan de ahorro y la facultad de la administradora de rechazar la solicitud.

La camarista Fabiana Schafrik explicó que “puede advertirse que el actor completó y firmó la planilla de solicitud de adhesión Nº 975937 y abonó en consecuencia la primera cuota comercial, quedando formalmente expresada la aceptación de la oferta, en los términos de las condiciones generales proporcionadas por la propia recurrente”.

“Pero que, sin embargo, con posterioridad se rechazó dicha suscripción con motivo de un aparente ‘scoring negativo de Fiat por causa judicial prexistente’ cuya justificación el denunciante obtuvo a partir de un intercambio de mails provenientes desde la concesionaria”, añadió.

Por otro lado, expresó que si bien “es facultad de la Administradora rescindir el contrato dentro de los 10 días, lo cierto es que esta no logró acreditar que dicha decisión hubiera sido informada de forma tal que resulte compatible con una adecuada observancia a la garantía contenida en el artículo 4” de la normativa.

Los jueces Carlos Balbín y Mariana Díaz adhirieron al voto y esta última, además, añadió que “la finalidad no es otra que superar la asimetría propia de relaciones de consumo como la que nos ocupa, ante la desigualdad evidente que el usuario tiene, respecto del proveedor, en relación con los conocimientos acerca de los productos y servicios en juego”.

En el artículo “El derecho a la información y el trato digno en las relaciones de consumo”, publicado en Erreius online, Miriam Feigelman explica que “el deber de información que recae sobre el proveedor, regulado en el artículo 4 de la Ley 24.240, debe existir antes de la formación del contrato, durante la concreción del proyecto de contrato y en el momento de la formación y suscripción del contrato, como también con posterioridad a su cumplimiento”.

“Ese deber se transforma en un derecho esencial, de todo consumidor o usuario, de conocer con la debida antelación cuáles son las condiciones de contratación para poder decidir con discernimiento, intención y libertad”, agrega.

De este modo, se tiende a evitar una situación abusiva para impedir que el consumidor o usuario se vea obligado sorpresivamente a cumplir con condiciones sobre las que nunca tuvo conocimiento.

Además, remarca que toda la información debe ser brindada en términos comprensibles para un simple consumidor o usuario.

“Estrechamente vinculado con el derecho a la información que tiene el consumidor se encuentra el derecho a recibir un trato digno, evitando prácticas abusivas, que difieren de las cláusulas abusivas, siendo estas últimas vinculadas solo a las cláusulas contractuales”, enfatiza la experta.

De este modo, es esencial que exista un equilibrio de las cláusulas contractuales para proteger los intereses económicos de los consumidores y los principios de igualdad y de libertad proclamados por la Constitución Nacional. Por ello, el artículo 37 de la Ley 24.240 dispone que las cláusulas contractuales serán interpretadas a favor del consumidor, en función de la protección constitucional de su derecho.

Feigelman concluye señalando que “la información adecuada y veraz que debe brindar el proveedor no ha de ser parcializada, sino que debe ser lo más clara y completa posible para que cualquier consumidor o usuario pueda comprenderla sin que sea necesario tener conocimientos especiales en la materia”..

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Fuente Erreius