Declaran la inconstitucionalidad de la exigencia del pago previo de multas para la renovación de la licencia de conducir

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La resolución se dio en el marco de un proceso de amparo presentado contra la municipalidad de Berazategui, en virtud del cual la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires (SCBA) rechazó el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la parte demandada, dejando -en consecuencia- firme la sentencia de la Alzada, que resolvió declarar la inconstitucionalidad del art. 10, inc. 3, del Anexo II del decreto 532/09, reglamentario de la ley 13.927, en cuanto exige el pago de la multa de manera ineludible para la renovación de la licencia de conductor, pues resulta violatorio del principio constitucional de razonabilidad (art. 28 de la Constitución Nacional), conduciendo -en definitiva- a una afectación del derecho a la libre circulación.

El máximo Tribunal local de la Provincia de Buenos Aires manifestó que resulta débil la argumentación de la demandada que se limita a exponer que la exigencia del pago previo de las multas para la renovación de la licencia de conducir tiene como cuestión prioritaria la seguridad vial y que el sistema de cancelación de multas en la forma impuesta constituye una herramienta disuasiva que persigue a los infractores para la protección de la sociedad, desde que no acredita con claridad la proporcionalidad entre aquella medida y los fines a resguardar, y tampoco demuestra la imposibilidad de utilizar las vías legales (el proceso de apremio) para obtener el cobro de las multas derivadas de infracciones de tránsito. 

La SCBA destacó -en sus considerandos- lo afirmado por la instancia inferior respecto del sistema, que no tiende a un objetivo vinculado con la seguridad vial, sino que posee un fin claramente recaudatorio, que no se condice con el medio empleado, infringiendo el principio de razonabilidad y resultando violatorio de las garantías relacionadas con el trabajo, el ejercicio de actividad lícita y la igualdad, así como también del núcleo protectorio de las libertades personales del art. 18 de la Constitución Nacional.

Como bien ha expresado la Dra. Cilurzo en la publicación Temas de Derecho Administrativo del mes de noviembre de 2017, “es un derecho humano obtener todas las garantías que permitan alcanzar soluciones justas … las garantías mínimas deben respetarse en el procedimiento administrativo y en cualquier procedimiento cuya decisión pueda afectar los derechos de las personas”.

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Fuente Erreius