Se ordena al GCBA que prohíba en todo el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la actividad de mensajería y reparto de sustancias alimenticias

Imagen del articulo

En el marco del expediente caratulado “ENVÍOS YA SA Y OTROS C/GCBA Y OTROS S/AMPARO - OTROS”, el titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 2 ordenó al GCBA que “en cumplimiento de las disposiciones contenidas en el capítulo 13 del Código de Tránsito y Transporte de la CABA y de sus normas reglamentarias prohíba en el territorio local la operatoria de las empresas Rappi Arg. S.A.S., Kadabra S.A.S. (Glovo), Pedidos Ya S.A., así como de todas las firmas que realicen la actividad de mensajería y reparto a domicilio, sin estar inscriptas en el RUTRAMYC y sin cumplir con la normativa vigente, hasta tanto acrediten haber dado cumplimiento a mínimos requisitos legales”. Los cuales son: 

 a) garantizar que todos sus repartidores circulen utilizando casco,

b) que la caja portaobjetos esté anclada a la moto y/o bicicleta y no en la espalda del repartidor,

c) que los repartidores circulen con seguro de vida y accidentes,

d) que posean libreta sanitaria, y

e) que los vehículos cuenten con adecuada señalización nocturna (luminosa y refractaria).

Asimismo, a efectos de atenuar las consecuencias que la medida producirá sobre los ingresos que perciben los trabajadores de mensajería -en virtud de que la situación golpeará de lleno en un colectivo que ya padece situación de vulnerabilidad e informalidad y que no tiene responsabilidad alguna por el desmanejo operado en el área hasta el presente-, se ordenó que el GCBA asuma la responsabilidad que le cabe al haber permitido este grave cuadro y mitigue los efectos económicos y sociales que necesariamente deriven de lo resuelto mediante la prohibición.

Ello mediante el diseño y ejecución de un plan de contingencia económica y social para todos los repartidores de las firmas involucradas, que compense la reducción de sus ingresos dinerarios hasta tanto se normalice la situación objetiva y el encuadre legal de las firmas incumplientes.

Las medidas mencionadas fueron adoptadas por el juzgado previo a evaluar el resultado de los controles policiales implementados por la Policía de la Ciudad a instancias del Tribunal, durante los cuales los agentes de seguridad pudieron cumplir la orden de verificar si los conductores de bicicletas o motos llevaban casco o si la caja portaobjetos destinada al transporte de mercaderías estaba ajustada al vehículo o no (normas básicas y elementales de seguridad que cualquier persona puede verificar, sin que sea requerido ningún conocimiento técnico especial).

Afirmando en consecuencia que “la actitud del GCBA frente al conflicto que se ventila (…) evidencia una inaceptable renuencia a exigir el cumplimiento de una ley emanada de la Legislatura así como de las normas reglamentarias dictada por el propio Poder Ejecutivo local”.

Por lo que, ante la grave y persistente situación evidenciada, que pone en riesgo la seguridad vial, la seguridad alimentaria de los consumidores y la integridad física de conductores y transeúntes, el tribunal entendió que corresponde aplicar las medidas coercitivas necesarias para lograr que se dé cumplimiento estricto y sin demora a las disposiciones contenidas en el Código de Tránsito y Transporte y en su decreto reglamentario.

Al analizar las plataformas digitales como medios de contratación, la Dra. Vanesa Kukva, en la publicación Temas de Derecho Comercial Empresarial y del Consumidor correspondiente al mes de marzo, puso de resalto que la OIT intenta establecer garantías de protección a los jornaleros digitales y atenuar la precariedad laboral con la que cuenta hoy el sistema de plataformas digitales.

Acceda al fallo aquí

Fuente Erreius