Se reconoce el derecho al actor a percibir una reparación por las lesiones gravísimas sufridas como consecuencia de su detención ilegítima durante el último gobierno de facto

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La Sala II de la Cámara Contencioso Administrativo Federal hizo lugar a una indemnización por daño psíquico solicitado por una persona que estuvo detenida por disposición del Poder Ejecutivo y la Justicia Federal en el período comprendido entre el 19 de noviembre de 1969 y el 25 de mayo de 1973.

En este caso, un hombre solicitó a la Secretaría de Derechos Humanos que se le otorgue la indemnización instituida por la Ley 24.043. Al mismo tiempo, pidió una reparación suplementaria por las lesiones psíquicas sufridas como consecuencia de esa situación.

La indemnización principal le fue concedida, pero la Secretaría de Derechos Humanos se negó a avalar el incremento. El organismo pidió supervisar la actuación de la Junta Médica de dos peritos psicólogas (una de las cuales además era abogada) que lo había revisado, al estimar que no cumplían con el requisito legal de la interdisciplinariedad en el campo de la salud mental, acorde al criterio de la Ley 26.657.

En su dictamen, las profesionales que atendieron al reclamante consideraron que este sufría diferentes afectaciones como trastorno de adaptación con predominio de alteraciones de otras emociones; problemas relacionados con prisión y otro encarcelamiento; y problemas relacionados con víctima de crimen o terrorismo.

Por lo que concluyeron que la sintomatología y los padecimientos mencionados se encontraban directamente relacionados (presentando nexo causal adecuado) con las situaciones de extrema violencia sufridas, y destacaron que los daños a la salud que padece el solicitante son gravísimos, subsumiéndoselos en el art. 91 del Código Penal.

El problema surgió porque, al momento de analizar el expediente, la mencionada Secretaría señaló que había decidido supervisar la Junta Médica, destacándose que se seguía dicho temperamento en atención al cambio de autoridades producido el 10 de diciembre de 2015.

El reclamante se presentó a la Justicia porque consideró que la resolución denegatoria afectaba su derecho de propiedad y, al mismo tiempo, la pretensión de someterlo a nuevos interrogatorios le generaba un grave e innecesario dolor.

Además, añadió que la interpretación y aplicación de las normas que integran el Sistema de Reparaciones por graves violaciones a derechos humanos deben realizarse de buena fe, en función del principio pro homine.

Los jueces José Luis López Castineira, Luis María Márquez y María Claudia Caputi, en el caso “D., J.C. c/E.N. - Mº Justicia y DD.HH. s/Indemnizaciones - Ley 24.043 - art. 3” consideraron que “la autoridad administrativa, por medio de los informes y dictámenes de las áreas intervinientes, intentó privar de validez el referido informe de evaluación de la Junta Interdisciplinaria por medio de la construcción de una exégesis de la normativa que regula lo atinente a su conformación, según la cual el equipo de profesionales no se habría constituido acorde a ella.

El artículo 8 de la Ley 26.657 establecía que “debe promoverse que la atención en salud mental esté a cargo de un equipo interdisciplinario integrado por profesionales, técnicos y otros trabajadores capacitados con la debida acreditación de la autoridad competente. Se incluyen las áreas de psicología, psiquiatría, trabajo social, enfermería, terapia ocupacional y otras disciplinas o campos pertinentes”.

Al analizar la causa, los jueces señalaron que “la norma no exige en modo alguno que todos los profesionales que conforman el equipo sean del campo de la salud mental, como parece insinuar la demandada”.

“En efecto, menciona campos que están fuera de dicha área, pero que pueden ser pertinentes a la hora de efectuar el abordaje interdisciplinario que se propicia. Por lo tanto, habrá que ver, en cada caso, cuáles serán las áreas que resulten pertinentes para la atención de la salud mental en un supuesto puntual”, agregaron.

Y destacaron que la Junta que confeccionó el informe de evaluación fue conformada por dos profesionales licenciadas en psicología, una de las cuales es también abogada.

De este modo, no advirtieron que -a los fines de llevar a cabo la evaluación de las lesiones- fuera requisito la participación de profesionales de la salud mental de disciplinas distintas. Así, con la simultaneidad de profesiones que cumplía una de las profesionales, dieron por cumplido el requisito de interdisciplinariedad.

Es que la norma exige que, en caso de evaluar lesiones psíquicas, la junta médica se constituya con “…al menos, un profesional de la salud mental” y detalla que “…al menos un integrante deberá ser psicólogo/a, médicos/as psiquiatras o profesionales médicos que acrediten formación reconocida en el campo de la salud mental…”.

Y señalaron que el organismo demandado no explicó qué otra especialidad debía ostentar el otro profesional, y en qué medida hubiera sido necesaria a los fines de la determinación requerida, o de qué modo se hubiera modificado el resultado como consecuencia de la mencionada participación.

“Toda argumentación que conduzca a negar de hecho la lesión en el estado psicofísico del actor importa una falacia, desde que hay abrumadora evidencia en autos de que el Sr. D., que cuenta actualmente con 81 años de edad, porta lesiones de índole gravísima, derivadas de los actos írritos de los que fue víctima durante los gobiernos de facto instaurados en nuestro país”, concluyeron.

“Cuando están en juego derechos de índole social y cariz alimentario, los procedimientos por los cuales se constata la condición médica a la cual queda supeditado el otorgamiento del beneficio

deben extremar las garantías propias del debido proceso y la tutela judicial efectiva, con miras a que el resultado de dichos procedimientos no sea frustratorio de los derechos constitucionales y legales en juego”, dijeron los camaristas.

Para los magistrados, “los informes de los que surgen las lesiones gravísimas revisten seriedad científica y verosimilitud, sin que, por lo demás, la demandada haya explicado sobre la base de razonamientos fincados en datos o evaluaciones realizadas bajo un método científico que el actor no presente las dolencias que se tienen por acreditadas”.

Por ello, explicaron que “el cuestionamiento de un informe pericial realizado por profesionales de una determinada rama del saber requiere necesariamente que se señale cuáles son los hechos inexactos en los que dicha pericia se fundó y cuáles los errores científicos en los que el perito ha incurrido”.

“La impugnación de una pericia debe tener tal fuerza y fundamento que evidencie la falta de competencia, idoneidad o principios científicos en que se funda el dictamen. Tales recaudos no se encuentran mínimamente verificados, dadas las débiles impugnaciones efectuadas por la recurrente, por lo que corresponde que se confirme la sentencia apelada en este aspecto del pronunciamiento”, concluyeron.

Por lo tanto, hicieron lugar al recurso y reconocieron el derecho al actor a percibir el incremento por lesiones gravísimas previsto en el último párrafo del artículo cuarto de la Ley 24.043.

Falta de precisiones

Julián Herrera, en el artículo “La Ley 26657 de Salud Mental y la evaluación interdisciplinaria”, publicado por Erreius, señala que ni la ley ni su decreto reglamentario precisan de qué manera debe integrarse el equipo de profesionales.

En lo que respecta al número y tipo de profesiones que integran los equipos interdisciplinarios, el artículo 8 de la ley adoptó un criterio abierto que la reglamentación prefirió no restringir.

Es decir, no se establece con claridad la conformación del cuerpo de profesionales que habrá de realizar la pericia sobre la cual el juez habrá de dictar sentencia, motivo por el cual el juzgador goza de cierto margen de discrecionalidad al momento de analizar la conformación del cuerpo pericial, siempre respetando los objetivos perseguidos con el dictado de la ley 26657, agrega el especialista.

Por último, el experto remarca que “la circunstancia de que la ley exija una evaluación interdisciplinaria no convierte a la prueba pericial en vinculante para el juez, quien sigue gozando de las facultades de apreciar libremente la prueba producida”.

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Fuente: Erreius