Se le reconoce una asignación a una enfermera que intervino en el conflicto bélico de Malvinas

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Por Camila F. Leotta

SENTENCIAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO TRANSFORMANDO PRÁCTICAS SOCIALMENTE “ACEPTADAS”

COMENTARIO AL FALLO “REYNOSO ALICIA MABEL c/EN - MIN. DE DEFENSA - FUERZA AÉREA ARGENTINA S/PERSONAL MILITAR Y CIVIL DE LAS FFAA Y DE SEGURIDAD”

 

I - Hechos

La señora Alicia Mabel Reynoso presentó una demanda contra el Estado Nacional (Ministerio de Defensa - Fuerza Aérea Argentina) a fin de que se le reconozca y otorgue la asignación instituida en la ley 23109 - excombatientes de Malvinas.

En su fundamentación, manifestó que, en el tiempo en que duró el conflicto bélico, se desempeñó como instrumentadora quirúrgica -en el Hospital Reubicable de la Ciudad de Comodoro Rivadavia sito en la IX Brigada Aérea- y realizó evacuaciones aeromédicas desde el sur hacia las distintas ciudades del interior del país.

Asimismo, la Fuerza Aérea Argentina no le habría otorgado la asignación aquí peticionada, por no haber ingresado al considerado Teatro de Operaciones Malvinas (TOM) y/o Teatro de Operaciones del Atlántico Sur (TOAS).

Corrido el pertinente traslado, se presentó la letrada apoderada del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea sosteniendo que, si bien en la actualidad la actora conforma la planta de la Administración Pública Nacional, conforme el decreto 1244/1998, no cumple con el requisito territorial que la norma determina, por lo que no estaría probado haber estado en las Islas Malvinas.

En esas condiciones, el magistrado a cargo del Juzgado Federal de Primera Instancia de la Seguridad Social N° 9 resolvió en las presentes actuaciones hacer lugar a la demanda impetrada, ordenando en el plazo de 90 días de notificada otorgue a la actora los beneficios que establecen las normas invocadas.

Ello, teniendo en consideración que la señora Reynoso fue reconocida por la Fuerza Aérea Argentina como veterana de guerra de Malvinas, considerando entonces que cumple con los 3 requisitos exigidos por la excelentísima CSJN, a saber: temporal, geográfico y de servicio, para afirmar que le corresponde otorgarle la condición pretendida y, en consecuencia, otorgarle los beneficios que ello incluye.

En virtud de ello, la demandada interpuso un recurso de apelación contra la sentencia mencionada, por considerar que no se encontraban reunidos los requisitos para acceder al beneficio pretendido, recayendo los autos en la Sala II de la excelentísima Cámara Federal de la Seguridad Social.

II - Resolución

Los/las magistrados/as a cargo dispusieron que “el punto clave radicaba en decidir si la actora, en su condición de personal militar enfermera de la Fuerza Aérea Argentina, por sus servicios prestados en el Hospital de Campaña Reubicable de Comodoro Rivadavia, reviste o no la condición de excombatiente por su participación en el conflicto bélico de Malvinas, con derecho al beneficio que reclama”.

Así las cosas, consideraron que “la desigualdad normativa, en donde la probabilidad de obtención del reconocimiento en cuestión es posible en el caso de un civil enfermero (conf. art. 1, L. 23848), por simple hecho de haber desarrollado tareas de apoyatura y sin embargo a la alférez enfermera Reynoso, quien fuera oficial en actividad de la Fuerza Aérea Argentina al momento del conflicto, le impone la exigencia extra de haber tenido que entrar efectivamente en combate, requisito este que si tenemos en cuenta lo establecido en el artículo 12, inciso 1, del Protocolo Adicional del Convenio de Ginebra, aprobado por ley 24668, es de imposible cumplimiento. No solo debido a la especial protección que reviste el personal sanitario sino a que expresamente se los excluye del derecho a participar directamente en las hostilidades (conf. art. 43, inc. 2, del Convenio), siendo calificadas como infracciones graves del aludido Protocolo cualquier ataque dirigido al personal sanitario (ver art. 85, inc. 2, del Convenio)”.

“Además de la discusión en cuanto a la delimitación espacial en la que se desempeñó la actora durante la guerra de Malvinas, debe considerarse que en el caso bajo análisis no caben dudas en cuanto al servicio brindado por la señora Reynoso para la defensa de la soberanía nacional, más allá del concepto espacial aludido, toda vez que definitivamente su servicio brindado desde el propio hospital de revista, donde tanto la contención brindada como la aplicación del arte de curar a cada uno de los caídos en combate, sin dudas merece el reconocimiento aquí bajo análisis”.

Por otro lado, tuvieron en cuenta el principio de igualdad que consagra nuestra Constitución Nacional: “El principio de igualdad garantizado en el artículo 16 de la Constitución Nacional debe ser analizado en relación con otras mujeres enfermeras a las que efectivamente se les reconoció la condición de veteranas de guerra por haber cumplido funciones de enfermería a bordo de los buques hospitales. Tal es el caso, por ejemplo, de las enfermeras instrumentadoras quirúrgicas civiles del Ejército que estuvieron en el Buque Hospital Almirante Irizar que fueron reconocidas como veteranas de guerra de Malvinas, por haber ingresado al TOAS”.

Para finalizar, y de manera acertada, han invocado la perspectiva de género para resolver las presentes actuaciones.

“Asimismo, debe resaltarse la necesidad de adoptar una necesaria perspectiva de género a la hora de resolver controversias como la que aquí nos ocupa en cuanto al reconocimiento de una veteranía de guerra a los fines aquí demandados. Pensar en un combate físico solamente, y excluir la labor de la enfermera no solo lleva a invisibilizar su contribución al esfuerzo bélico, sino que a su vez prolonga la pervivencia de estereotipos en la sociedad. Hay muchas maneras de ‘participar en combate’. La actora lo hizo desde su rol de enfermera que debe ser computado a la hora de evaluar la procedencia del beneficio de seguridad social que reclama”.

Por lo expuesto, se hizo lugar a la demanda iniciada por la señora Reynoso considerando que cumplía con las condiciones suficientes para ser considerada una auténtica “veterana de guerra”.

III - Normativa cuestionada

A fin de abordar este acápite, debemos mencionar que la ley 23109 acordó beneficios a ex soldados conscriptos que participaron en las acciones bélicas desarrolladas en el Atlántico Sur entre el 2 de abril y el 14/6/1982.

Se establecieron Juntas de Reconocimiento Médico que dictaminaron respecto de los casos que se presenten a su consideración, exista o no dictamen anterior de junta médica de las respectivas fuerzas en las que los exsoldados han prestado servicios.

Si la Junta dictaminó que el peticionante padece de secuelas psicofísicas derivadas de su participación en el conflicto, la fuerza en la que este preste servicio deberá hacerse cargo de la atención médica y de todos los gastos que demande el completo restablecimiento del interesado, cuya alta deberá ser convalidada por la Junta de Reconocimiento Médico.

Determinada la incapacidad por la Junta de Reconocimiento Médico serán de aplicación las normas sobre pensiones establecidas en la ley 19101, quedando incorporadas como beneficiarios de la obra social de la respectiva fuerza o del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados a su libre elección.

Por su parte, el decreto reglamentario 1244/1998 de la normativa mencionada anteriormente establece un complemento mensual equivalente al ochenta y cinco por ciento (85%) de la asignación básica correspondiente al nivel e del agrupamiento general del convenio colectivo de trabajo sectorial del personal del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), homologado por decreto 2098 del 3/12/2008, o de su similar equivalente del futuro ordenamiento convencional o normativo que lo reemplace, para el personal de la Administración Pública Nacional que acredite la condición de excombatiente en las acciones bélicas desarrolladas en el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur, entre el 2 de abril y el 14/6/1982.

Asimismo, la ley 23848 determinó otorgar una pensión vitalicia a los ex soldados combatientes conscriptos que participaron en efectivas acciones bélicas de combate, en el conflicto del Atlántico Sur y civiles que se encontraban cumpliendo funciones en los lugares en los cuales se desarrollaron estas acciones, entre el 2 de abril y el 14/6/1982.

El monto de dicho beneficio es equivalente al cien por ciento (100%) de la remuneración mensual, integrada por los rubros “sueldos y regas” que percibe el grado de cabo del Ejército Argentino, a los ex soldados conscriptos de las Fuerzas Armadas que hayan estado destinados en el TOM o entrado efectivamente en combate en el área del TOAS, y a los civiles que se encontraban cumpliendo funciones de servicio y/o apoyo en los lugares antes mencionados, entre el 2 de abril y el 14/6/1982, debidamente certificado según lo establecido en el decreto 2634/1990.

 

Este contenido forma parte de la Publicación Temas de Derecho Laboral y de la Seguridad Social de Erreius. Si sos sucriptor, ingresá desde acá.

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Fuente: Erreius