COVID-19: Ordenan abonarle diferencias salariales a una trabajadora que no concurría al establecimiento por tener familiares a cargo

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Una empresa deberá abonarle a una trabajadora las diferencias salariales impagas ya que le redujo la remuneración por no concurrir a prestar tareas durante la pandemia de COVID-19. La actora indicó que se trataba de una actividad no esencial y que tenía familiares a cargo, por lo que no estaba obligada a prestar tareas en el establecimiento de la demandada.

En el caso “Brown, Daniela Elizabeth c/Va Points SRL s/medida cautelar”, la actora promovió demanda de medida autosatisfactiva contra su empleadora a fin de lograr que se le abonen los salarios debidos total y/o parcialmente por haber sido ilegalmente reducidos y suspendidas las condiciones de trabajo durante la vigencia del DNU 329/20 y sus prórrogas, que prohíben cualquier suspensión o modificación del contrato de trabajo sin expresa conformidad del trabajador.

En su escrito, manifestó que ingresó a prestar tareas para la empresa el 22 de noviembre de 2019, con categoría 6 de camarera. Señaló que desempeñó tareas efectivas hasta el 20 de marzo de 2020, fecha en que cerró el establecimiento como consecuencia de la pandemia.

Adujo que, posteriormente, el empleador pretendió que retome tareas durante el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (A.S.P.O), a pesar que la actividad no es esencial y que realice tareas de delivery a domicilio en la zona de microcentro, lo que implicaría un riesgo evidente para su salud y la de los integrantes de su familia: hija menor, hermano discapacitado y madre (tercera edad asmática).

Frente a los incumplimientos de su empleador, remitió un telegrama laboral para que se registre adecuadamente la relación laboral y se le abonen las diferencias salariales adeudadas, ya que esa actitud importaba una disminución encubierta, discriminatoria y unilateral de su remuneración.

Indica que la accionada, respondió la misiva y adujo  “abandono voluntario y malicioso de tareas”, por lo que la intimó para que en el plazo de 24 horas acredite de manera fehaciente los supuestos vínculos que la exceptúan para realizar tareas, de acuerdo a protocolos sanitarios vigentes.

Por todo ello, promovió la demanda.

El juez a cargo de la causa explica que “la medida autosatisfactiva es aquella de caracter urgente, autónoma, dictada, en principio, inaudita parte y que responde a una situación que requiere necesariamente una imperiosa solución prescindiendo de un proceso principal y en el cual se hace prevalecer el principio de celeridad, que obliga a reducir la cognición y a postergar la bilateralidad, con el fin de otorgar una tutela eficaz y rápida”.

Posee la característica de que su vigencia y mantenimiento no depende de la interposición coetánea o ulterior de una pretensión principal, es decir, que mediante la aplicación de este instituto se satisface definitivamente el derecho pretendido. Entonces, es una medida definitiva y no instrumental; y para su aceptación, debe ponderarse la alta probabilidad e importancia del derecho y la irreparabilidad del perjuicio”, agrega.

Para su procedencia es necesario un análisis previo acerca de la existencia o no de un derecho garantizado por la ley y la justificación del peligro en la demora.

En este punto, el magistrado enfatiza que “si bien tal derecho no debe interpretarse con criterio restrictivo, ni exige un examen de certeza, indiscutiblemente deben existir en la causa elementos de juicio idóneos para formar convicción acerca de la bondad de los mismos y pesa sobre quien la solicita, acreditar la existencia de tales condiciones exigidas por la ley procesal”.

Ya dentro del análisis del caso, explicó que “la cuestión a decidir en cuanto a la procedencia de la cautelar solicitada, se presenta como una solución ajustada a derecho y a las circunstancias de la causa, frente a la urgencia de preservar los derechos que se presentan a ser tutelados, especialmente aquellos garantizados en la Constitución Nacional debiendo procederse conforme estos principios constitucionales en juego en este caso (art. 17 y 21 C.N.)”.

Las circunstancias descriptas hacen a la configuración de la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora para demostrar, en esta instancia, la necesidad de su dictado puesto que, en razón del flagelo de la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) COVID-19, el Poder Ejecutivo Nacional, emitió una serie de decretos tendientes a paliar la problemática generada a la población y a los trabajadores en las diversas categorías y rubros en los que se desempeñan por todas las situaciones ajenas a su voluntad que les impide realizar sus actividades habituales”, indicó la sentencia.

Desde esta perspectiva, el proceder de la accionada vulneraría expresas disposiciones de los DNU 329, arts. 3 y 4y DNU 297, art. 8, que “tienden a la protección de las fuentes de trabajo y a la protección del salario -respectivamente- durante el transcurso del aislamiento social, preventivo y obligatorio (A.S.P.O), por lo que, las circunstancias fácticas detalladas, podrían configurar el presupuesto de peligro en la demora en el marco de un derecho que se advertiría con verosimilitud”.

De esta manera, hizo lugar a la pretensión esgrimida y ordenó a la demandada que, en el término de tres días, le abonen a la accionante los salarios debidos junto al pago de las cargas y aportes correspondientes, más los que se continúen devengando en iguales condiciones, bajo apercibimiento de aplicar astreintes diarias y progresivas y, sin perjuicio de ordenar la remisión a la Justicia de Instrucción por la posible comisión de un delito tipificado por el Código Penal.

En el artículo “La pandemia COVID-19 y sus implicancias en el derecho del trabajo”, publicado en Temas de Derecho Laboral y de la Seguridad Social, Marianela Fuentes señala que “frente a la suspensión de la obligación de la generalidad de los trabajadores de concurrir a sus lugares habituales de trabajo, el decreto 297/2020, en su artículo 8, dispuso: “Durante la vigencia del aislamiento social preventivo y obligatorio, los trabajadores y trabajadoras del sector privado tendrán derecho al goce íntegro de sus ingresos habituales, en los términos que establecerá la reglamentación del MTESS”.

Además, establece la intangibilidad salarial para los dependientes afectados por la medida, que además se declara extensible no solo al universo de trabajadores registrados sino también a aquellas personas que desarrollen sus servicios bajo figuras análogas no dependientes dentro del sector público o privado, como becarios, residentes o locadores de servicio.

Resulta relevante recordar que, al iniciar un emprendimiento, el empresario, dueño de los medios de producción, es quien asume los riesgos que en el desarrollo de su negocio puedan devenir. Como contrapartida, aprovecha los beneficios del trabajo ajeno prestado a su cuenta y, por ende, sus dependientes deben mantenerse indemnes de los avatares de los resultados de su gestión. Por ello, es que todas las dificultades que resulten propias del mero giro empresarial, deben ser asumidas por el empleador, ya que constituyen lo que se ha denominado riesgo de empresa" destacó.

En consecuencia, los motivos que permitirán alterar o dar por finalizado el vínculo laboral se encuentran taxativamente reglados, y la interpretación en su aplicación debe ser restrictiva, ante la gravedad que suponen sus consecuencias.

 

Fuente: Erreius