La Corte Suprema ratificó que solo los sindicatos con personería gremial pueden negociar convenios colectivos

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La Corte Suprema revocó un fallo de la Cámara Federal de Salta que había declarado la inconstitucionalidad de la ley 23.551 de asociaciones sindicales en cuanto solo permite celebrar convenios colectivos de trabajo a los sindicatos con personería gremial.

En el caso, la Agremiación de Empleados Municipales de Salta (ADEMUS), interpuso una acción de amparo solicitando la declaración de inconstitucionalidad de la resolución que homologada en CCT 1413/14 “E” porque no se le permitió participar de la negociación.

El juez de Primera Instancia hizo lugar al pedido al considerar que la resolución atacada es inconstitucional dada su “incompatibilidad con los principios de libertad, pluralidad sindical y no exclusión” y remarcó que era una decisión arbitraria no permitirle a ADEMUS participar en la renegociación del Convenio Colectivo homologado.

La sala II de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta ratificó esa a decisión basado en distintos precedentes de la Corte Suprema de la Nación.

La Unión de Trabajadores Municipales de Salta -UTMS- (entidad colectiva con personería gremial), interpuso un Recurso Extraordinario Federal contra dicha decisión.

A través de una votación dividida, Carlos Rosenkrantz, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, por la mayoría, y la disidencia de Horacio Rosatti, el máximo tribunal consideró que solo los sindicatos con personería gremial pueden negociar convenios colectivos.

La mayoría consideró que “es incuestionable la validez constitucional del art. 31, inc. c, de la ley de asociaciones gremiales que reconoce a los sindicatos más representativos -esto es, en nuestro sistema legal, los que cuentan con personería gremial- una prioridad en la negociación colectiva”.

La prerrogativa de los sindicatos con personería gremial para "intervenir en las negociaciones colectivas" no está reglada en el art. 31, inc. a, de la ley 23.551, como afirma el a quo, sino específica y concretamente en el inc. c de dicho artículo. Mas respecto a este puntual precepto, inc. c, la cámara no efectuó ninguna objeción; en efecto, en ningún tramo de su pronunciamiento lo examinó a fin de discernir si resultaba o no compatible con la Norma Fundamental. En esas condiciones, la línea argumental sobre la que se asienta la conclusión del fallo está claramente desprovista de sustento, pues no ha sido desarrollada en torno al texto legal que rige el caso”, destacó la sentencia.

De esta manera, la resolución que homologó el convenio colectivo del ámbito municipal de Salta celebrado solamente con el sindicato con personería gremial no merecía reproche alguno.

En ese punto, el fallo destacó que “el art. 31, inc. c, de la ley 23.551, que reconoce a los sindicatos más representativos -esto es, en nuestro sistema legal, los que cuentan con personería gremial- una prioridad en la negociación colectiva, no resulta constitucionalmente objetable. La misma regla, contenida en el art. 1° de la ley 14.250 de Convenciones Colectivas de Trabajo (texto vigente), mantiene, pues, toda su eficacia como acertadamente ha observado la recurrente en términos que el a quo desechó con erróneo fundamento”.

En consecuencia, la concertación del CCT 1413/14 "E" solo con el sindicato con personería gremial no merece reproche alguno, por lo que carece de sustento la objeción constitucional formulada por la cámara respecto de la resolución 2061/14 que lo homologó”, enfatizó la sentencia.

La Corte Suprema recordó que en los casos anteriores que le tocó resolver (“ATE”, de 2008; “Rossi”, de 2009; “ATE”, de 2013 y “Nueva Organización de Trabajadores Estatales”; de 2015) jamás se había cuestionado la potestad exclusiva conferida a los sindicatos con personería gremial para negociar colectivamente.

Para el máximo tribunal, en esos casos, “lo que estaba en juego era el reconocimiento, en un pie de igualdad, de otros derechos a los sindicatos que no cuentan con dicha personería”.

Allí se trataba de reconocer los derechos de convocar elecciones de delegados de personal, de otorgar una especial protección contra el despido a sus delegados y demás dirigentes, y la concesión de franquicias y licencias especiales para el ejercicio de sus funciones gremiales.

También destacó que, en todos esos casos anteriores, la declaración de inconstitucionalidad de las normas que consagraban potestades exclusivas a los sindicatos con personería gremial, privando de tales derechos a los demás, hizo pie fundamentalmente en las observaciones formuladas por los organismos consultivos de la OIT.

Esos organismos recordaron en diversas ocasiones al Estado argentino, justamente, que el otorgamiento de personería gremial -o sea el reconocimiento de que un sindicato es el más representativo dentro de su ámbito de actuación- puede implicar para el sindicato que la obtiene una prioridad en las negociaciones colectivas, en la consulta con las autoridades gubernamentales y en la designación de delegados ante los organismos internacionales.

Pero, dicho organismo agregó que no se puede privar a los sindicatos que no gozan de personería (simplemente inscriptos) de los demás derechos que la Constitución Nacional, los tratados internacionales y las leyes reconocen a las asociaciones gremiales.

Por tal motivo, la Corte consideró que el fallo de la cámara federal salteña había distorsionado su doctrina en materia de libertad sindical, ya que dicha doctrina nunca puso en tela de juicio la preferencia para negociar los convenios colectivos de trabajo otorgada por la ley a los sindicatos más representativos.

En tanto, el voto en disidencia del juez Rosatti señaló que “un modelo sindical desburocratizado es aquel que reconoce los derechos gremiales constitucionales a las organizaciones de trabajadores -en tanto entidades llamadas a coadyuvar en la promoción del bienestar general (Fallos: 331:2499)- "por la simple inscripción en un registro especial" (art. 14 bis, primer párrafo), requisito que se cumple con la registración prevista en la ley 23.551”.

El régimen legal infraconstitucional no puede retacear tales derechos justificándolo "en la mayor representatividad" del sindicato con personería gremial. En el ámbito de la negociación para celebrar convenios colectivos, la "mayor representatividad" de un sindicato debe expresarse en la composición cuantitativa de la mesa paritaria, sin que ello autorice a excluir a los sindicatos menos representativos”, concluyó el magistrado.

En el artículo “El modelo sindical como origen de la problemática del encuadramiento sindical y convencional”, publicado en Erreius on line, Raquel Coronel destacó que “la ley 23551, en su artículo 31, establece que la negociación colectiva está actualmente en cabeza de los sindicatos con personería gremial”.

Para el modelo sindical en nuestro país rige el sistema llamado de Unidad Promocionada, por el cual se le otorga a un sindicato la personería gremial y a partir de ese momento este sindicato gozará de una serie de derechos exclusivos”, enfatizó la especialista.

La personería gremial, que se otorga a la organización sindical, significa que en su ámbito territorial y personal de actuación sea calificada como la más representativa.

Sin lugar a dudas, una de las críticas centrales que se le hacen a nuestro sistema la constituye la cantidad de derechos exclusivos que se le otorgan a sindicatos con personería gremial en desmedro del simplemente inscripto, y también la sospechosa e interesada, a veces, intervención del Estado en el otorgamiento de esta personería gremial, que podría recaer en sindicatos afines al Gobierno de turno”, remarcó la experta.

Y concluyó señalando que “a consecuencia primordialmente de este modelo, así estructurado, se presentan situaciones difusas de todo tipo, al pretender encuadrar sindicalmente, que llevan a situaciones de duda o de divergencia”.

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Fuente: Erreius