Ordenan cese de la retención del impuesto a las ganancias a una jubilada

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La sala de feria de la Cámara Federal de La Plata hizo lugar al pedido de una jubilada para que se ordene a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) el cese inmediato de las retenciones que en concepto de Impuesto a las Ganancias efectúa sobre sus haberes.

En el caso “D., C. E. c/AFIP s/acción meramente declarativa de inconstitucionalidad”, el organismo recaudatorio interpuso un recurso de apelación contra la resolución del juez de primera instancia que hizo lugar a la medida cautelar solicitada.

En un principio la medida cautelar había sido rechazada por el juez de primera instancia, lo que fue confirmado por la Cámara frente a no encontrarse acreditado el estado de vulnerabilidad necesario requerido en estos casos, según los lineamientos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso “García”.

Con posterioridad, la actora reiteró su solicitud fundándose en la detección de un tumor cerebral temporal derecho. Dijo que debió ser intervenida quirúrgicamente en forma intempestiva y que se le diagnosticó una expectativa de vida relativa y que deberá permanecer en constante tratamiento. Por estos motivos, requirió que se tenga especial consideración la gravedad de su salud, lo que configuraría la mentada situación de vulnerabilidad.

El juez de primera instancia evaluó las nuevas circunstancias del caso y las tuvo por acreditadas. Ante tal situación, consideró que se encontraba en riesgo inminente su derecho a la salud, en tanto la prolongación del juicio podría generar un perjuicio imposible de reparar con la sentencia definitiva.

El apelante se agravió por considerar que la medida era improcedente ante la ausencia del peligro en la demora. Y argumentó que el régimen de medidas cautelares que conlleve la postergación de las rentas públicas debe ser examinado con particular estrictez y que, en el caso, la medida solicitada coincide con el objeto de la demanda principal.

En cuanto al precedente “García”, la AFIP sostiene que es aplicable en los casos en que la situación de vulnerabilidad se traduzca en mayores necesidades económicas del jubilado anciano o enfermo y que deben acreditarse mayores gastos de su parte. En este punto, el recurrente que la situación de vulnerabilidad ni la necesidad de solventar mayores erogaciones han sido acreditadas en las presentes actuaciones.

Los camaristas César Álvarez y Julio Víctor Reboredo indicaron que las circunstancias respecto a la situación de vulnerabilidad de la reclamante han variado. La actora, de 74 años de edad, debió ser internada el 9 de diciembre del 2019 para ser intervenida quirúrgicamente por un tumor cerebral. Luego de dicha intervención permaneció en su domicilio, donde recibió medicación y a la espera de consulta oncológica para iniciar tratamiento con quimioterapia y rayos, ya que desde un primer momento, la impresión de la naturaleza del tumor fue maligna.

De esta manera, ella se encontraría en una situación de vulnerabilidad que no puede ser desatendida ni postergada hasta el momento de dictarse sentencia.

“Ello es demostrativo de la existencia de peligro en la demora que puede tornar ineficaz el resultado del pleito, con lo cual cabe tenerlo por cumplimentado atento la naturaleza alimentaria sobre la que se efectúa el descuento y retención impugnada, más la importancia económica que representa en el haber de la actora el monto del descuento retenido”, explicaron los magistrados.

Con relación al agravio referido a la identidad entre el objeto de la medida y el hipotético resultado de una sentencia definitiva, explicaron que, con la primera, el accionante intenta impedir que se continúe deduciendo de su haber jubilatorio el importe del impuesto a las ganancias hasta tanto se dicte sentencia definitiva; mientras que con la segunda se persigue la declaración de inconstitucionalidad del artículo 79 inc. c) de la ley 20.628 y el reintegro de las sumas retenidas en dicho concepto, compuestas de los años 2014 a 2019, más intereses hasta su efectivo pago.

Y concluyeron que la pretensión de la cautelar no se confunde con la de la demanda principal, por lo que se encontraban configurados los requisitos de la verosimilitud en el derecho y peligro en la demora, presupuestos de admisibilidad para hacer lugar a la medida cautelar peticionada, sin límite temporal, frente a la naturaleza alimentaria de los derechos comprometidos.

En el artículo “Impuesto a las ganancias. La inconstitucionalidad de gravar haberes jubilatorios”, publicado en Práctica y Actualidad Tributaria (PAT), Richard Amaro Gómez recordó que la “Corte Suprema de Justicia de la Nación pone de relieve que la capacidad contributiva debe considerarse a la luz de la situación social del sector al cual va dirigido el tributo”.

En el caso concreto, no existiría prácticamente capacidad contributiva debido a la situación de vulnerabilidad de buena parte del sector sujeto a imposición.

En otro orden de ideas, otro fundamento en lo que se basa la sentencia es el artículo 75, inciso 23), de la Constitución Nacional, la cual dispone que corresponde al Congreso Nacional dictar medidas que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por la Constitución Nacional y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, “en particular respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad”.

Por lo tanto, considera que no habría una igualdad de trato para los acreedores de haberes previsionales habida cuenta de su situación.

“En todo caso, las rentas de los haberes jubilatorios deberían seguir estando gravadas, pero las deducciones personales deberían actualizarse adecuadamente, lo que no sucede con el universo de contribuyentes del país”, concluyó el especialista.