Ordenan reincorporar cautelarmente a trabajadores despedidos por actividad sindical

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La empresa despidió a un grupo de trabajadores argumentado que la decisión se enmarcaba dentro del procedimiento preventivo de crisis. Pero esos dependientes concurrieron al fuero laboral para presentar una medida cautelar porque consideraron que, en realidad, fueron despedidos por la actividad sindical que llevaban a cabo.

Dicha medida fue solicitada en el marco de una acción sumarísima cuyo objeto era el de obtener la declaración de nulidad de los despidos, la reinstalación de los trabajadores, y el pago de indemnizaciones por daños y perjuicios.

En el caso “Falcon, Cristian Rosario y otros c/ARCOR SA y otros s/juicio sumarísimo”, la jueza de Feria desestimó el pedido, que luego fue apelado por los actores. La Cámara de Apelaciones de feria hizo lugar a la apelación en una votación dividida.

Los jueces de la mayoría (Roberto Pompa y Luis Raffaghelli) advirtieron que los reclamantes trabajaron para la demandada entre 9 y 15 años, invocaron haber sido discriminados por razones gremiales ante el ejercicio de su actividad sindical, pero no revisten cargo formal alguno.

Pero los magistrados consideraron que había que hacer lugar a la inmediata reinstalación en sus puestos de trabajo hasta tanto recaiga sentencia definitiva en la acción de fondo porque “los elementos de prueba acompañados a la causa dan cuenta de que los trabajadores habrían sido despedidos invocando motivos de reestructuración empresaria, cuando prima facie y sin que importe adelantar opinión sobre el fondo, surgiría la actividad sindical denunciada”.

En ese sentido, dispusieron la reinstalación hasta que se decida la cuestión de fondo, ya que los extremos reseñados bastaban para configurar, al menos de modo indiciario, la verosimilitud del derecho requerida para la medida pretendida.

Y agregaron que, en el supuesto de no admitirse el planteo, se podría generar un impacto de magnitud que no podría ser conjurado con la eventual restauración posterior, “no solo en orden a las penurias y el tránsito por situaciones aflictivas económicas, sino también con relación al objeto de los derechos constitucionales tutelados”.

En tanto, en el voto de la disidencia, la jueza María Dora González consideró que no debía hacerse lugar al reclamo y que se debía confirmar el fallo de primera instancia.

“De los hechos relatados en el escrito inicial se desprende que los actores no revisten cargo sindical alguno sino que alegan ser discriminados por su actividad sindical y sustentan su pretensión en el art. 47 de la ley 23.551, por lo que, en el acotado marco de la cautelar y siendo insuficiente la prueba rendida al respecto, no pareciera encuadrarse el caso en el supuesto del art. 48 de la misma a los efectos de la tutela sindical invocada y prevista en el art. 49 de la ley citada”, indicó la magistrada.

En ese aspecto, señaló que “no resulta rebatido en los agravios que trato, a resultas del cual se concluye que no luce configurado el requisito de la verosimilitud del derecho que exige el ordenamiento adjetivo para la procedencia de la cautela solicitada, teniendo en cuenta el criterio estricto con que debe juzgarse la admisibilidad de la misma”.

Por otro lado, entendió que tampoco se cumpliría el recaudo del peligro en la demora, ya que de admitirse la pretensión “los demandantes obtendrían su reincorporación con el consiguiente pago de daños y perjuicios, lo que importa tanto como que la sentencia a dictarse no resultaría de difícil o imposible cumplimiento, con relación a una persona que a la fecha de su cesantía no gozaba de la protección específica que la ley 23.551 otorga a los representantes elegidos por los trabajadores conforme lo dispuesto en el art. 48 de la ley citada”.

En el artículo “Despido discriminatorio por motivos sindicales y de salud. Solicitud de medida cautelar para lograr la reinstalación en el empleo. Procedencia”, publicado en Erreius Online, Diego Fernández Madrid explica que estas medidas se aplican cuando se encuentra acreditada la actividad sindical desarrollada por el actor. Además, se tiene en cuenta si varios de los trabajadores que realizan actividades gremiales fueron despedidos.

“Dichos elementos forman convicción acerca del fumus bonis iuris de la medida cautelar requerida”, agrega el especialista.

En lo que atañe al peligro en la demora, Fernández Madrid señala que “resulta evidente que la desafectación del trabajador de su lugar de tareas lleva ínsita la imposibilidad de este de ejercitar sus propios derechos, que incluye la defensa de los intereses de los trabajadores que este habría tutelado por su actividad sindical”.

Fuente Erreius