Le pagarán la indemnización completa por fallecimiento a la conviviente en lugar de la cónyuge

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La sala laboral IV del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Jujuy hizo lugar al recurso interpuesto por la conviviente del trabajador fallecido contra una resolución que dispuso que la indemnización prevista en el artículo 248 de la LCT se abone en partes iguales a ella y a la viuda, de quien aquel se encontraba separado de hecho al momento de su muerte. De esta manera, ella cobrará la totalidad del resarcimiento.

El máximo tribunal provincial explicó que el único supuesto en que la cónyuge excluía a la conviviente era en el caso en que la separación o divorcio fuera imputable al causante, a cuyo efecto tendría que haberse tramitado un proceso civil en el que se establezca la culpabilidad; lo que en este caso no había sucedido.

En el expediente “Pago por consignación: El Urbano SRL c/Liquin, María Mercedes y Mamani, Elena Isabel del Valle”, la sala I del Tribunal del Trabajo rechazó la excepción de falta de legitimación pasiva interpuesta por la conviviente del fallecido y admitió la demanda promovida por la empleadora en concepto de indemnización del artículo 248 de la LCT.

Asimismo ordenó que se abone el 50% a la cónyuge del trabajador y el otro 50% a la conviviente del mismo.

Para fallar de esta manera, el tribunal de grado señaló que “la indemnización contemplada en el artículo 248 de la LCT se genera al momento de la muerte del trabajador, por lo que sus beneficiarios, instantáneamente y sin condición alguna, lo hacen por derecho propio, bastando acreditar el vínculo con el trabajador fallecido y sin necesidad de tramitar su sucesión”.

El acta de matrimonio acreditaba que el trabajador seguía legítimamente casado hasta la fecha de su fallecimiento. Asimismo, por otro lado, se corroboró que convivía en unión de hecho desde el mes junio del año 2012 con otra mujer, que luego apeló la decisión.

En su recurso, la apelante denunció que el tribunal de grado omitió pronunciarse sobre los planteos formulados por su parte y resolvió de manera contradictoria con lo dispuesto en el Nuevo Código Civil y Comercial y en la Ley 24.241.

Y advirtió que aun cuando la Ley 24.241 no derogó expresamente al artículo 248 de la LCT, se encuentra frente a una derogación tácita que modificó sustancialmente lo establecido en el primero y segundo párrafo del artículo mencionado.

Señaló que, atento a lo dispuesto en el artículo 53 de la ley 24.241, no puede aplicarse al caso de autos lo determinado en el segundo párrafo del artículo 248 de la LCT, por lo que, en virtud de su calidad de conviviente, le corresponde percibir la totalidad de los rubros consignados por el empleador.

Consideró que la cónyuge no tiene derecho a percibir el 50% de dicha indemnización por cuanto no acreditó que el causante hubiere estado contribuyendo al pago de alimentos o que los mismos hubieran sido demandados judicialmente ni que el fallecido hubiera dado motivo a la separación personal o al divorcio.

Los jueces del máximo tribunal jujeño explicaron que el artículo 248 de la LCT designa a los beneficiarios de la indemnización allí contemplada remitiéndose al artículo 38 del decreto ley 18037/69 y que dicho artículo fue derogado mediante la Ley 24.241 del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones.

Y agregaron que “la doctrina mayoritaria tiene sentado que a los fines de determinar los beneficiarios de la indemnización contemplada en el artículo 248 de la LCT, el listado descripto en el viejo artículo 38 fue reemplazado por el artículo 53 de la Ley 24.241”.

“Ello es así por cuanto la naturaleza del incremento indemnizatorio en cuestión se ubica en el ámbito de la seguridad social y por lo tanto es lógico que la Ley de Contrato de Trabajo establezca quienes son los beneficiarios realizando una remisión a la legislación específica de dicha materia, es decir que las personas que tienen derecho a percibir esta indemnización se corresponden con los beneficiarios de pensión en caso de muerte del jubilado o del afiliado en actividad con derecho a jubilación”, destacaron.

Desde su punto de vista, las personas que tienen derecho a cobrar la indemnización por muerte del trabajador son las enumeradas en el artículo 53 de la Ley 24.241, quienes debido al carácter iure propio de este beneficio solo deben acreditar el vínculo con el trabajador fallecido.

Entre los beneficiarios se encuentran en primer lugar la viuda, a quien puede equiparársele la conviviente que demuestre que llevaba conviviendo más de cinco años con el trabajador fallecido, plazo que se reduce a dos años en caso de existir descendencia de ambos.

Y se encuentra “claramente probado” que la apelante convivió en unión de hecho con el causante durante los últimos cinco años anteriores a su fallecimiento. Además, los cónyuges se encontraban separados de hecho, por lo que es claro que no existió declaración judicial de divorcio ni, consecuentemente, atribución de culpabilidad alguna; y tampoco se acreditó el pago de alimentos a la viuda, ni que esta los hubiera demandado.

Sobre esta cuestión, la jurisprudencia tiene sentado que “...si bien la norma que ordena reparar la muerte inculpable del trabajador mantiene la mención al art. 38 de la ley 18.037, no puede soslayarse que esa normativa fue expresamente derogada por el art. 168, ley 24.241”.

“Es el art. 53 ib., el que actualmente enumera a los beneficiarios del derecho a pensión por fallecimiento. Entonces, aferrarse a aquella referencia, entendiendo que el dispositivo incorporó la antigua letra definitivamente, importa aplicar una norma que no se encuentra en vigor dentro del sistema jurídico argentino. El legislador al momento de sancionar el mentado art. 248 de la LCT estimó adecuado remitirse a un listado de la ley previsional para legitimar a los beneficiarios de la indemnización de que se trata, vinculando de tal modo ambas legislaciones. Pretender emancipar la norma laboral de los avatares de la legislación previsional aparece inadecuado”, agregaron.

Siendo así no podía el tribunal otorgar la indemnización en partes iguales a la viuda y a la conviviente ya que el art. 53, último párrafo, de la ley 24241 solo contempla esta posibilidad cuando “el o la causante hubiere estado contribuyendo al pago de alimentos o estos hubieran sido demandados judicialmente, o el o la causante hubiera dado causa a la separación personal o al divorcio.

Por lo tanto, aún bajo la vigencia del Código derogado, en este caso la conviviente resultaba beneficiaria del total de la indemnización.

Los jueces remarcaron que “el único supuesto en que la cónyuge excluye a la conviviente es el caso en que la separación o divorcio fuera imputable al causante, a cuyo efecto tendría que haberse tramitado un proceso civil en el que se establezca la culpabilidad; lo que en este caso no ha sucedido, pero que independientemente de esto y a la luz de las nuevas regulaciones del Código Civil y Comercial no se hace necesario, pues se han eliminado las causales subjetivas del divorcio”.

Por ese motivo, lo único que tiene que hacer la concubina es demostrar la unión en los últimos cinco años con el causante y la separación de hecho de la mujer y esto ocurrió en el caso ya que acreditó la relación convivencial desde el 12 de Junio del año 2011 hasta el 26 de Agosto del 2016 -fecha de fallecimiento-.

Otra situación que podría haber dado lugar a que la cónyuge recibiese la indemnización hubiese sido el caso de que el fallecido contribuyese con alimentos o estuviese demandado judicialmente para ese fin, situación que no se presenta en autos.

En el artículo “Los beneficiarios de la indemnización prevista en el artículo 248 de la ley de contrato de trabajo”, publicado en Erreius online, Pablo Candal explica que “el artículo 248 de la LCT dispone que, en caso de muerte del trabajador, determinadas personas allegadas a él tendrán derecho a percibir, del que fuera su empleador al momento del deceso, una suma de dinero que la norma califica como una “indemnización”, cuya cuantía será igual a la que prevé el artículo 247 de la misma ley para otro supuesto (extinción por fuerza mayor o por falta o disminución de trabajo)”.

El derecho de los causahabientes nace, pues, cuando se verifica el hecho de la muerte del trabajador.

“Si el salario que obtiene el trabajador por poner a disposición su fuerza de trabajo tiene carácter alimentario, también lo tendrá, desde luego, para los familiares que están a su cargo. De ahí que la muerte del trabajador, y la consecuente pérdida de los ingresos que la familia recibía de él como consecuencia del contrato de trabajo, genera una situación que expone a sus derechohabientes a una repentina carencia de recursos económicos para subsistir, entre otras consecuencias de índole espiritual y existencial, que no están contempladas en la norma jurídica”, explica el especialista.

El artículo 248 de la LCT establece que resultan beneficiarias las personas enumeradas en el artículo 38 del decreto ley 18037, en el orden y prelación allí establecidos, mediante la sola acreditación del vínculo.

Pero la ley 18.037 fue derogada por el artículo 168 de la ley 24.241, y la norma que cumple actualmente la función propia y autónoma que antes cumplía el artículo 38 de la ley 18037 (el derecho a pensión por fallecimiento) es el artículo 53 de la ley 24241.

“Por todos los problemas de aplicación a los que se hizo referencia, no hay duda alguna que la remisión no es la técnica adecuada para regular el instituto, si la intención es eximir a los beneficiarios de los engorrosos trámites probatorios que deben efectuar para obtener su derecho a pensión por fallecimiento”, concluyó.

Fuente Erreius