Rechazan demanda laboral del socio de una SRL porque él tenía poder de dirección y organización en la empresa

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La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo rechazó una demanda por cobro de salarios impuesta por el socio de una SRL, ya que consideró que este no podía ser considerado como dependiente porque su voluntad era constitutiva del poder de organización y dirección de la empresa.

En el caso “Turdo, Miguel Esteban c/Empresa de Proyectos Management y Gerencia EPMG SRL s/cobro de salarios”, la sentencia de primera instancia fue apelada por la parte actora.

El reclamante se quejó porque no se tuvo en cuenta que, en realidad, se desempeñó como socio gerente suplente y que no tenía las responsabilidades inherentes al cargo de gerente. Además, sostuvo que estaba probada la existencia de una relación laboral en los términos del artículo 27 de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT).

Para los jueces de la sala V no se encontraba discutido el carácter de socio del actor aunque este sostuviera que resultaba de aplicación la figura del socio empleado prevista en el mencionado artículo de la LCT.

En ese punto, los magistrados remarcaron que el actor no accionó en esos términos, pues no denunció, en dicha oportunidad, que revestía el carácter de socio de la sociedad de responsabilidad limitada demandada, sino que simplemente alegó que comenzó a trabajar bajo la relación de dependencia de aquella -empresa de servicios profesionales dedicada al gerenciamiento y construcción de obras de arquitectura- y reclamó salarios adeudados desde septiembre de 2013 hasta septiembre de 2014, así como SAC y vacaciones desde el ingreso.

Pero la demandada, al contestar la acción, enfatizó que el reclamante fue socio de ella, poseedor del 50% de las cuotas partes y que fue designado gerente suplente en todos los ejercicios desde la constitución hasta ese momento.

Dio cuenta, además, de un conflicto societario interno y aclaró que se repartieron dividendos en partes iguales entre los dos socios en razón de la participación 50/50 de la sociedad.

Al analizar el caso, los camaristas indicaron que el actor no invocó y menos aún demostró que la constitución de la sociedad -inscripta en la IGJ- y las asambleas en las cuales se decidió la distribución de dividendos fueran fraudulentas o simuladas.

Además, remarcaron que los testigos relataron que el reclamante era uno de los dos socios de la empresa, con una función más técnica como gerente de proyecto de encargos aunque respondían a ambos por igual.

“Está claro que el actor cumplía diversas actividades relacionadas con el objeto social de la sociedad en su carácter de socio y que por ello percibía dividendos, honorarios y reintegro de gastos -lo que coincide con lo que surge de la prueba informativa remitida por la IGJ-“, señalaron los jueces.

“Consecuentemente, el vínculo que une al actor con la sociedad no es de carácter laboral pues no se encuentran los elementos tipificantes del contrato de trabajo como son la subordinación, ajenidad, exclusividad, estabilidad, continuidad y profesionalidad, lo que, en el caso de autos, excluye al accionante del supuesto contemplado por el art. 27 de la LCT, el cual se ocupa del socio empleado, que, aun siendo parte integrante de una sociedad, ya sea en carácter de socio o accionista, presta a esta su actividad en forma principal y habitual con sujeción a las instrucciones o directivas que se le impartan, lo que, reitero, no es el caso del demandante”, enfatizaron los jueces Beatriz E. Ferdman y Enrique Arias Gibert.

“No se encuentra acreditado por ningún medio que la actividad desarrollada por el actor se haya llevado a cabo con sujeción a una potestad jurídica ajena a cargo de la demandada, pues, es evidente que su voluntad era constitutiva del poder de dirección y organización bajo el cual se desenvolvía la actividad de la sociedad”, agregaron los camaristas.

Y señalaron que la prestación de servicios susceptible de ser considerada como objeto de un contrato de trabajo consiste únicamente en la puesta a disposición de la capacidad de trabajo de una persona en favor y en beneficio de una organización empresaria ajena.

“En la especie, no se verifica ninguna de estas características esenciales de una relación subordinada porque es evidente que el actor no puso únicamente su capacidad personal de trabajo a disposición de la demandada para la realización de una actividad empresaria de la cual esta resultara única beneficiaria. Por el contrario, su desempeño personal tuvo por causa una relación en virtud de la cual, en su carácter de socio, también resultó beneficiario indirecto a través de las retribuciones relacionadas con las utilidades provenientes de la actividad de la sociedad demandada”, concluyeron.

De esta manera, rechazaron la demanda porque, a los fines de demostrar la relación de dependencia invocada, el actor debía probar que su labor en la sociedad excedió la natural y necesaria para cumplir su cometido de socio y, al respecto, no produjo prueba alguna.

En el artículo “La intersección entre el derecho comercial y el derecho laboral: la figura del socio-empleado y del director en relación de dependencia”, publicado en Erreius online, Ignacio Sánchez Vaqueiro y Ana Gómez Casadei destacaron que la Ley de Contrato de Trabajo define al trabajo estableciendo que se llamará como tal a “...toda actividad lícita que se preste en favor de quien tiene la facultad de dirigirla, mediante una remuneración”.

A su vez, la LCT establece que “...habrá relación de trabajo cuando una persona realice actos, ejecute obras o preste servicios en favor de otra, bajo la dependencia de esta, en forma voluntaria y mediante el pago de una remuneración, cualquiera sea el acto que le dé origen” y que, por lo tanto, el hecho de la prestación de servicios hace presumir la existencia de un contrato de trabajo, salvo que por las circunstancias, “...las relaciones o causas que lo motiven se demostrase lo contrario”.

En este sentido señalaron que corresponde preguntarse cómo funciona en la práctica este enunciado, el cual requiere la existencia de dos requisitos (simultáneos) para la calificación de la relación como de índole laboral. Estos son:

1) Prestar a la sociedad toda su actividad o parte principal de la misma en forma personal y habitual, y

2) Hacerlo con sujeción a las instrucciones o directivas que se le impartan o pudieran impartírseles para el cumplimiento de tal actividad.

En primer lugar, debe tenerse en mente que el socio que en la práctica carece de poder decisivo (minoritario) es el que -en general- puede ser considerado “socio-empleado”.

“Vale aclarar en esta instancia que nos estamos ocupando de reales vinculaciones comerciales, regidas como tales por las normas de la LGS. Es decir, estamos analizando lo que puede suceder cuando el socio -generalmente, el minoritario- comienza a desarrollar funciones con las notas características de la subordinación”, explicaron los especialistas.

Por lo que “nos encontramos así con que pueden convivir perfectamente dos relaciones legítimas y bien diferenciadas: (i) la vinculación societaria con el ente y (ii) la vinculación jurídica de índole laboral entre el socio y el ente”.

En esta coexistencia de regímenes jurídicos, la vinculación societaria no obsta a que se considere que existe una relación laboral y, por su parte, la relación laboral trae como consecuencia la aplicación de los principios de esta rama del derecho por sobre aquella, incluyendo naturalmente la aplicación de la competencia de la justicia laboral llegado el caso de eventuales reclamos en los que se ventilen cuestiones entre socios y el mismo ente que integran.

Fuente Erreius