La Corte revoca un fallo que ordenó pagar una indemnización sin aplicar la Tabla de Incapacidades Laborales

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La Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó una sentencia de la sala VII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que había fijado una indemnización por un accidente laboral sin tomar en consideración la tabla de incapacidades (baremo), cuya aplicación es obligatoria según lo determina la Ley 24.557 de Riesgos del Trabajo (LRT).

La resolución se dictó con la firma de los jueces Carlos Rosenkrantz, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda.

En este caso, el 31 de diciembre de 2013, un operario de la industria plástica se dirigía en bicicleta desde el lugar de trabajo hacia su casa, perdió el equilibrio por esquivar un bache del asfalto y se cayó al pavimento, por lo que sufrió lesiones que le provocaron una incapacidad laboral.

Ante el monto ofrecido por la Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART), el dependiente presentó una demanda con fundamento en la ley 24.557, en la que reclamó la reparación integral por los daños derivados de un accidente in itinere.

El juez de primera instancia admitió el reclamo porque del peritaje médico surgía que el demandante padecía una incapacidad permanente del 22,23% derivada de una fractura en el dedo anular de la mano izquierda, una cicatriz en la mandíbula y el daño psíquico generado por estrés postraumático.

La Aseguradora apeló el fallo alegando que el grado de incapacidad reconocido no había sido fijado según la tabla de aplicación obligatoria.

El perito había fijado la incapacidad física sin mencionar ningún parámetro legal y determinó la incapacidad psíquica sobre la base del baremo de la “Dirección de Reconocimientos Médicos la Provincia de Buenos Aires”.

La Cámara de Apelaciones rechazó los cuestionamientos de la Aseguradora por entender que “los baremos son solo tablas indicativas y en definitiva el órgano facultado legítimamente para determinar la existencia o no del grado incapacitante y su adecuación y medida es el jurisdiccional”.

La ART interpuso recurso extraordinario que fue denegado, lo que motivó la presentación de una queja.

La Corte Suprema admitió la apelación al considerar que la sentencia debía ser descalificada por arbitraria, dado que incurrió “en un inequívoco apartamiento de las normas legales aplicables al caso”.

“La conclusión de que el baremo del decreto 659/96 tendría un carácter meramente indicativo no se compadece con las disposiciones del régimen legal de reparación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales conformado por la LRT y sus normas modificatorias, complementarias y reglamentarias”, explicaron los magistrados.

Luego recordaron que la LRT “subordinó su aplicación a que previamente se aprobara un baremo para la evaluación de las incapacidades laborales conforme al cual se determinaría el grado de incapacidad permanente a los efectos de establecer la cuantía de los resarcimientos tarifados” y esa tabla (o baremo) fue aprobada poco después, mediante el decreto 659/96.

La propia Ley de Riesgos, en 1995, prescribió que la aplicación de la tabla era obligatoria lo que fue ratificado en 2012 por la ley 26.773.

Esta norma dispuso que tanto “los organismos administrativos como los tribunales… tienen el deber “ajustar sus informes, dictámenes y pronunciamientos […] a la Tabla de Evaluación de Incapacidades prevista como Anexo I del Decreto 659/96 y sus modificatorios o los que los sustituyan en el futuro”.

El fundamento de esa disposición es que “según el art. 1° de la ley 26.773, el sistema especial de reparación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales es un ‘régimen normativo cuyos objetivos son la cobertura de los daños derivados de los riesgos del trabajo con criterios de suficiencia, accesibilidad y automaticidad de las prestaciones dinerarias y en especie establecidas para resarcir tales contingencias’”.

Y destacaron que “para lograr esos objetivos el legislador fijó un régimen de prestaciones dinerarias tarifadas” cuyo cálculo se realiza sobre la base del grado de incapacidad laboral, entre otros parámetros.

De ahí la importancia de que para fijar la incapacidad se utilice “una misma tabla de evaluación... con el declarado propósito de garantizar que los damnificados siempre recibirán un tratamiento igualitario... aplicando criterios de evaluación uniformes previamente establecidos y no con arreglo a pautas discrecionales”.

En el artículo “Sistema de reparación del daño y ley de riesgos del trabajo”, publicado en Erreius on line, Emilio Romualdi indica que “para abordar debidamente la problemática de los sistemas de reparación de daño y las eventuales inconstitucionalidades de las normas que lo integran es necesario ratificar que el sistema normativo es una ficción que administra las relaciones de poder”.

Luego agrega que “parecería que la justicia del caso concreto es la ‘reparación integral’ del daño indemnizable sufrido con un método de cuantificación disperso e impreciso que, si bien puede ser predictible en una competencia determinada, no lo es en la contrastación de los pronunciamientos de cada tribunal de un país determinado”.

“Lo cierto es que cualquier método que utilice el juez para cuantificar el daño -lo mismo ocurre en los baremos- se toma como referencia la situación del sujeto hoy, y a partir de allí hace una proyección racional-emocional de los daños que la lesión le causará a la persona sobre la que ciertamente no conocemos siquiera cual será efectivamente su tiempo de vida”, enfatiza.

Es decir, no hay reparación integral o justa, lo que hay es reparación eficiente para el sistema jurídico. La sentencia que establece un monto indemnizatorio en un sistema de cuantificación judicial del daño como el de nuestra materia no deja de ser un juicio interpretativo prudencial.

Y concluye señalando que “las deficiencias reparatorias son inmanentes a un sistema tarifado o matemático de cálculo de la indemnización en virtud de que repara un aspecto parcial de las consecuencias indemnizable”.

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Fuente Erreius