Declararon inconstitucional el DNU que modifica el cálculo de indemnizaciones por accidentes laborales

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El juez Alejandro Segura, del Juzgado 41 del fuero laboral, declaró inconstitucional el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 669/2019, que había modificado el índice que se debe tomar para actualizar las indemnizaciones laborales por accidentes de trabajo.

El fallo corresponde a la demanda por indemnización por accidente de trabajo presentada por el periodista Miguel “Tití” Fernández, quien adujo problemas coronarios, de alta presión y de estrés postraumático luego de la cobertura del Mundial de Fútbol de Brasil, en el año 2014, donde falleció su hija.

El juez analizó si debía aplicarlo a este caso, ya que el artículo 3 del DNU dispone: “...Las modificaciones dispuestas en la presente norma se aplicarán en todos los casos independientemente de la fecha de la primera manifestación invalidante...”.

“Si no formulara las consideraciones que siguen, debería establecer en la parte dispositiva de la sentencia, que la suma de $3.547.084,30, por la que condeno a ambas codemandadas a pagar a Miguel Ángel Fernández, debería ser actualizada de acuerdo al nuevo art. 12 (de la Ley 24.557), especialmente su inc. 2. que determina: ‘...Desde la fecha de la primera manifestación invalidante y hasta la fecha en que deba realizarse la puesta a disposición de la incapacidad laboral definitiva, deceso del trabajador u homologación, el monto del ingreso base devengará un interés equivalente a la tasa de variación de las Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) en el período considerado...’, prescindiendo del criterio que vengo aplicando inveteradamente desde agosto de 2015 y que detallaré infra (actualización monetaria e intereses puros) o bien, como también en forma consecuente me viene revocando la Cámara de Apelaciones al considerar a un crédito laboral no como una deuda de valor sino como una obligación de dar sumas de dinero, los intereses de su Acta 2658”.

Previo al decreto, el cálculo de los intereses del monto de las indemnizaciones se realizaba según la tasa activa de los bancos. Pero el Gobierno determinó que se pase a utilizar la variación del índice Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE). La tasa anual del Banco Nación es del 71,77% y la tasa efectiva es del 100,82%, mientras que el RIPTE durante todo 2018 fue de 30,6%. Por lo tanto, los montos finales se reducirán considerablemente.

“Los guarismos que se calculen en la oportunidad del art. 132, LO, siempre resultarán significativamente superiores a los que resulten de aplicar este DNU. El propio redactor del DNU lo reconoce cuando sostiene como ‘fundamento’ para la abrogación del art. 12, LRT que se dicta ‘...dada la necesidad de continuar con esa misma línea de correcciones regulatorias que contribuyen a mejorar las condiciones de sostenibilidad del sistema...’, se consideró inadecuado ‘...al promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta (30) días del Banco de la Nación Argentina...’ y es suprimida por la regla que cité en el párrafo anterior (el RIPTE)”.

En tal sentido, el presidente de la República funda su decisión en que “...no obstante el propósito tenido en vista por el legislador, la manera en que ulteriormente evolucionaron las variables macroeconómicas que inciden en las tasas bancarias, ha determinado que este método de ajuste no alcance el fin pretendido y comprometa la estabilidad y continuidad del sistema instituido en beneficio de los trabajadores...”.

“Da la impresión de que el Poder Ejecutivo opera como un comentarista de la realidad, desentendiéndose de su rol en la construcción del estado de cosas que critica. ¿A quién le es atribuible la responsabilidad de las variables económicas? ¿Quién fija la tasa de interés? ¿Quién es el responsable de los crecientes índices de costo de vida? Seguramente los trabajadores y las trabajadoras enfermxs y accidentadxs nada han tenido que ver con ello”, consideró el magistrado.

Sin embargo, el Estado, mediante este DNU ha conseguido transferirles las cargas de su fallida política económica a los más necesitados. Nótese que en los fundamentos del DNU se sostiene “...Que así se advierte que actualmente el rendimiento financiero de los activos de la industria [sic] aseguradora es del orden del cuarenta y dos por ciento (42%) promedio, mientras que la tasa de interés vigente para las indemnizaciones por contingencias previstas en la Ley N° 24.557 y sus modificaciones, asciende a niveles cercanos al noventa por ciento (90%)...”, queda claro que lo que se está urdiendo es una transferencia de responsabilidad en la asimetría entre la tasa de interés y la tasa de ganancia de las aseguradoras, de lxs enfermxs y accidentadxs a estas.

“Esto significa, sin hesitación alguna, que la disposición así como está, de ser aplicada, constituye una flagrante violación al principio de progresividad de los Derechos sociales (entre los que contamos los laborales), produciendo una innovación de carácter legislativo de ese carácter”, agregó el magistrado.

“Este DNU solo tiende a regular un aspecto acotado de la realidad, digámoslo crudamente, la rentabilidad de las aseguradoras de riesgos del trabajo”, explicó Segura. “Uno de los contenidos que el DNU pisotea es el carácter protectorio y progresivo de los derechos laborales en juego”, agregó. También calificó al decreto como “insólito” y “regresivo”.

Lo que es imposible de sustentar es que el riesgo recaiga sobre estos últimos. Que las personas que trabajan y, haciéndolo, se enfermen o accidenten paguen “los platos rotos” por el riesgo empresario y el des/manejo estatal de “las variables macroeconómicas” es un acto de injusticia proverbial muy difícil de presentar. Además, hay una abierta admisión de que la norma burla el principio protectorio (protectorio para los trabajadores): “...Que los incrementos desmedidos de las potenciales indemnizaciones como consecuencia de la aplicación de la tasa activa prevista en la Ley 24.557 y sus modificaciones, tanto en los siniestros en instancia administrativa como en los pasivos judiciales, en relación con los rendimientos financieros de los activos con los que las Aseguradoras respaldan esos compromisos, son perjudiciales para la necesaria solvencia del sistema...”

Y concluyó que el Poder Ejecutivo se arrogó facultades legislativas vedadas por el artículo 99 inciso 3 de la CN porque las manifestaciones de los considerados del decreto carecerían de razonabilidad y justificación para sortear la intervención del Congreso tal como lo exige la Carta Magna.

En tanto, el juez Fernando Vilarullo, del Juzgado Nacional de 1° Instancia del Trabajo n. 76, en el caso “Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF) c/Estado Nacional -Poder Ejecutivo Nacional s/acción de Amparo CABA”, hizo propios los fundamentos del fiscal e hizo lugar a la medida cautelar solicitada, por lo que decretó la suspensión de la aplicación del DNU 669/2019 mientras se sustancie la acción de fondo.

Con respecto a la legitimación del CPACF para actuar, explicó que “al encontrarse invocada la tutela de derechos de naturaleza alimentaria, el supuesto en examen queda comprendido en las previsiones del art. 2, inc. 2, de la Ley 26.854 y, por consiguiente, en la excepción del art. 4, inc. 3, del mismo cuerpo legal, que habilita su trámite y decisión sin necesidad de requerir el previo informe de la autoridad pública acerca del interés público comprometido”.

En concreto, el fiscal Gabriel de Vedia desarrolló el requisito de verosimilitud del derecho que requiere el dictado de una medida cautelar. Para ello se basó en tres argumentos: la falta de facultades del PEN para legislar sobre materia laboral, la ausencia de necesidad y urgencia, y la imposibilidad de legislar con carácter retroactivo.

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Accedé al fallo de Miguel “Tití” Fernández sobre accidente de trabajo

Fuente Erreius