La Fiscalía dictaminó contra el DNU que modificó la base del cálculo por indemnizaciones de trabajo

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El Fiscal Gabriel de Vedia, a cargo de la Fiscalía Nacional del Trabajo N°3, opinó que se encuentran acreditados los requisitos para que se dicte una medida cautelar que suspenda el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 669/19, que modificó el cálculo de las indemnizaciones por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

En el mencionado DNU el Poder Ejecutivo Nacional decidió modificar el cálculo de las indemnizaciones por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales del artículo 12 de la Ley 24.557 y prevé la utilización de la tasa de variación índice RIPTE (Remuneraciones Imponibles promedio de los Trabajadores Estatales), en vez de la tasa activa del Banco Nación que se utilizaba actualmente.

El fiscal de Vedia desarrolló el requisito de verosimilitud del derecho que requiere el dictado de una medida cautelar. Para ello se basó en tres argumentos: la falta de facultades del PEN para legislar sobre materia laboral, la ausencia de necesidad y urgencia, y la imposibilidad de legislar con carácter retroactivo.

El fiscal concluyó que el Poder Ejecutivo se arrogó facultades legislativas vedadas por el artículo 99 inciso 3 de la CN porque las manifestaciones de los considerados del decreto carecerían de razonabilidad y justificación para sortear la intervención del Congreso tal como lo exige la Carta Magna.

Y advirtió que los tratados internacionales con validez constitucional obligan a adoptar las medidas necesarias para garantizar el progreso y la plena efectividad de los derechos humanos (Declaración Universal de los Derechos Humanos -art. 22-, Pacto Internacional de los Derechos Económicos Sociales y Culturales -art. 9-, Declaración Americana de los Derechos y Deberes del hombre -art. 16-, entre otros).

De esta manera, explicó que existe una doble responsabilidad de los Estados: por un lado están obligados a avanzar en el reconocimiento de los derechos económicos, sociales y culturales, de modo de satisfacerlos cada vez con mayor intensidad -principio de progresividad-; por el otro les está prohibido todo retroceso en esta área, lo que implica que una vez que un derecho social ha sido reconocido, pueda en el futuro -salvo casos excepcionales- ser desconocido -principio de no regresividad-.

Luego analizó de qué modo la aplicación de la Tasa RIPTE disminuiría notablemente las indemnizaciones y sostuvo que de la lectura del decreto pareciera que “se intenta dar primacía a los intereses de las empresas aseguradoras por sobre los derechos y las limitaciones de los trabajadores accidentados en ocasión del trabajo”.

Asimismo, de Vedia recordó que las disposiciones del derecho laboral se deben caracterizar por el espíritu “protectorio” en favor del más débil de la relación, como es el sujeto trabajador y que frente a este postulado, aparece el concepto de orden público laboral, que impide incumplir o renunciar a las normas del trabajo, pues son normas de orden público.

Luego analizó el carácter retroactivo del DNU 669/19 en la medida que, se encuentra vigente desde el 30 de Septiembre de 2019, pero retrotrae su aplicación a todos los casos, independientemente de la fecha de la primera manifestación invalidante, lapso durante el cual regía el art. 11 inc. 2 de la Ley 27348 -que establecía otras pautas para el cálculo de la actualización del monto de las indemnizaciones por incapacidad laboral definitiva o muerte del trabajador.

Al respecto destacó que en el sistema jurídico argentino las leyes no pueden ser retroactivas excepto que así lo diga la propia norma.

Para ello considero fundamental lo sostenido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en materia de derechos adquiridos: “ni el legislador ni el juez podrán, en virtud de una ley nueva o de su interpretación arrebatar o alterar un derecho patrimonial adquirido al amparo de la legislación anterior, pues en este caso, el principio de la no retroactividad deja de ser una norma infraconstitucional para confundirse con la garantía de propiedad reconocida por la Ley Suprema”.

Con tales fundamentos, consideró acreditados los supuestos necesarios para otorgar la medida cautelar solicitada, en el entendimiento que la suspensión inmediata del decreto evitaría poner en riesgo inminente a los trabajadores.

El abogado laboralista Horacio Schick, colaborador de la editorial Erreius, cuestionó el dictado del DNU.

En primer lugar porque, desde su punto de vista, “al dictar el DNU 669/2019 el Poder Ejecutivo Nacional se arrogó facultades legislativas vedadas por el artículo 99 inciso 3 de la CN porque no se cumplían las condiciones excepcionales que determina la Constitución Nacional para sortear la intervención del Congreso”.

“Se alteraron de este modo las reglas del Estado de Derecho y de división de poderes allí fijadas”, agregó.

En cuanto al artículo 3 del DNU que postula su aplicación todas las causas en trámite, promoviendo una aplicación inmediata y en consecuencia retroactiva, Schick indica que “se afecta derechos adquiridos de los damnificados y contradice de alguna forma el precedente ‘Espósito’ de la Corte sobre la no aplicación de nueva normativa a causas anteriores. Esta disposición resulta inaplicable a esta categoría de conflictos”.

Además, señaló que el decreto tendría vigencia según el Código Civil y Comercial de la Nación a los ocho días de su publicación.

Por otro lado, destacó que “el impedimento de acceder a la reparación integral del daño, como lo dispone el artículo 4 de la Ley 26.773, en una discriminación social inaceptable que sufren los trabajadores respecto a los demás dañados del sistema jurídico de nuestro país, liberando a los dañantes a título gratuito de toda responsabilidad civil por las consecuencias objetivas o subjetivas de la actividad productiva”.

Sobre la base de estos argumentos, Schick sostuvo que “el DNU 669/19 por su manifiesta ilegalidad de origen, al asumir facultades legislativas vedadas, no existiendo los recaudos excepcionales previstos en la CN y quebrantar el principio de legalidad, es nulo de nulidad absoluta” y que “no soportará el test de constitucionalidad judicial y seguramente será declarado nulo en los casos que se lo plantee ante los tribunales, incluso respecto a liquidaciones homologadas en las comisiones médicas”.

Accedé al dictamen N° 54.576

Fuente Erreius