Condenan solidariamente a un socio mayoritario al pago de la indemnización y costas del juicio

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La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo extendió la condena al pago de una indemnización laboral en forma solidaria a un socio mayoritario de la empresa, incluso en lo relativo a la imposición de costas por la falta de registro del verdadero salario del trabajador.

En el caso “Arguello, Erasmo Carlos c/Watchman Seguridad S.A. y otros s/despido”, ambas partes apelaron la sentencia de primera instancia que hizo lugar al reclamo de un empleado, que había sido despedido.

La demandada cuestionó el fallo porque, desde su punto de vista, se realizó una “incorrecta valoración de la prueba”, pero para los magistrados no efectuó una crítica concreta y razonada de ninguna de las conclusiones a las que arribara la jueza de primera instancia.

“Por otra parte, solo para el supuesto en que la accionada pretendiera revertir lo decidido con respecto a la procedencia de las indemnizaciones derivadas del despido de Arguello, cabe señalar que en cabeza de la empleadora se encontraba demostrar las causales invocadas y en la queja ni siquiera se invoca haber dado cumplimiento con tal debito procesal”, indicaron los jueces Gregorio Corach y Daniel Stortini.

Con respecto a los pedidos del dependiente, quien había solicitado la procedencia de diversos rubros, indicaron que “no debía ser admitida la queja que cuestiona el rechazo de las diferencias salariales en concepto de horas extras impagas”.

De todas maneras, estimaron que le asistía razón al cuestionar la falta de condena solidaria al codemandado Amendola, porque está probado y reconocido que, además del cargo de director suplente, ostentaba el cargo de socio mayoritario.

En este caso, para los magistrados, “no puede hablarse en el caso de una ajenidad en las decisiones de la entidad, existiendo, por el contrario, fundamento en la especie para responsabilizarlo”.

“Ello es así pues si la sociedad demandada mantuvo el vínculo contractual de forma parcialmente clandestina en lo atinente a la remuneración, no registrándose el verdadero salario ante los organismos correspondientes, lo que implica lisa y llanamente que aquella no efectuó los aportes previsionales al sistema de la seguridad social y no cumplió con la totalidad de las cargas impositivas relativas a la relación habida entre las partes, tal situación no solo benefició a la empresa, sino también a sus socios, como el codemandado, quien en definitiva avaló la práctica de no registrar ni documentar el salario efectivamente convenido y pagado a sus dependientes , práctica prohibida por el art. 140 LCT y 10 de la ley 24.013”, explicaron.

“Tal conducta constituye un típico fraude laboral y previsional ya que tiene normalmente por fin último la evasión al sistema de seguridad social. Se perjudica al trabajador, que se ve privado de todos los beneficios sociales; al sector pasivo, que es víctima de la evasión, y a la comunidad comercial, en cuanto al disminuir los costos laborales, pone al autor de la maniobra en mejor condición para competir en el mercado que la reservada a otros empleadores respetuosos de la ley”, agregaron.

De esta manera, además de hacer lugar al pedido indemnizatorio, le extendieron la responsabilidad en costas al socio mayoritario codemandado.

En el artículo “El fraude y la simulación en el contrato de trabajo”, publicado en Erreius Online, Andrea Fabiana Mac Donald explica que “el fraude implica, al igual que la simulación, conductas engañosas realizadas por quien pretende obtener un resultado similar al que prevé el legislador, resultando ser actos ilícitos contrarios a lo que dispone la ley laboral vigente”.

“Es así como aparecen dentro del derecho laboral actual diversas modalidades o manifestaciones del fraude y de la simulación en las relaciones jurídicas entre trabajadores y empleadores, lo que origina costos económicos y sociales de consideración como el trabajo en negro o no registrado”.

“Esta es una de las modalidades fraudulentas que emplean los empleadores a los fines de no responsabilizarse por las cargas previsionales consistentes en el pago de la cobertura médica, aportes jubilatorios, etc.”, agregó la especialista.

Sobre este punto, señala que “en la actualidad, las empresas están jaqueadas debido a las reiteradas inspecciones del Ministerio de Trabajo, que vigilan la regularidad en los registros de los empleadores en el cumplimiento de sus obligaciones frente a sus empleados, al igual que la aplicación de la ley penal tributaria en el caso de ilícito cometido por los directores de empresas”.

Asimismo, la especialista incluyó como maniobra fraudulenta a la exclusión del pago de horas extras y mayor jornada porque “resulta violatoria de los derechos de los trabajadores, ya que son obligados a prestar más horas de labor sin ser abonadas las horas trabajadas, constituyendo un pleno abuso del empleador y un verdadero fraude al trabajador, debiendo este soportarlo como consecuencia de la inestabilidad laboral ante la precariedad en materia de empleo”.

Por último, señaló que “el fraude como vicio del acto jurídico no requiere pruebas específicas, sino la sola comprobación por parte del juez de la tensión entre la norma de cobertura y el orden público laboral”.

Fuente Erreius