Ordenan reincorporar y resarcir por daño moral a trabajador despedido por su actividad sindical

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La Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires consideró discriminatorio el despido de un hombre a causa de sus actividades sindicales y ordenó su inmediata reincorporación, así como el pago de los salarios caídos desde la fecha del despido hasta el momento de la efectiva reinstalación, más un resarcimiento adicional por el daño moral sufrido.

En el caso, la empresa dispuso el despido del trabajador imputándole su participación “en un episodio de indisciplina… en el que se amontonaron e incendiaron pallets en el ingreso del puesto 3 del establecimiento lo cual implicaba un severo compromiso con la seguridad industrial y de bienes y personas, destrucción de propiedad privada y bloqueo violento de acceso violando normas mínimas de conducta laboral e incluso de civilidad”.

El trabajador presentó una demanda para ser reincorporado y solicitó que se le abone una indemnización por daño moral, ya que consideraba que la ruptura del vínculo se debía a que había sido elegido delegado sindical.

Además agregó que, luego del hecho, la empresa reincorporó a otros dependientes desvinculados por el mismo hecho sin tomar ningún tipo de represalias.

Los tribunales inferiores consideraron también probado que el actor no participó de los incidentes, ya que -de acuerdo a los testigos- se encontraba lejos y solo se quedó observándolos.

En principio, señalaron que la cuestión planteada no podía resolverse en el marco normativo de la ley 23.551, toda vez que la actividad sindical desarrollada por el actor era informal habida cuenta de que el convenio colectivo aplicable a la actividad no preveía la categoría de “delegado” de sector.

Sin perjuicio de ello, resaltaron que el actor también había articulado su pretensión con fundamento en el art. 1 de la Ley 23.592, que privilegia la prevención y la nulificación del acto discriminatorio, por lo que ante la imposibilidad de impedirlo, correspondía hacer cesar sus efectos (nulificarlo) para, posteriormente, reparar las consecuencias dañosas del ilícito.

En consecuencia, ante la existencia de una práctica discriminatoria, declararon nulo el despido y ordenaron la reincorporación del dependiente a su puesto de trabajo con el consecuente pago de las remuneraciones no abonadas por todo el período desde el despido hasta el momento de la reinstalación.

Asimismo, ordenaron reparar el daño moral derivado de la conducta discriminatoria tras meritar la edad del actor, su calificación profesional, la consecuencia de haber quedado intempestivamente sin trabajo y la conducta de las partes al momento del despido.

La demandada en el expediente "Villalba Enrique Fernando c/Kraft Foods Argentina SA s/Reinstalación", acudió al máximo tribunal bonaerense.

Allí, los jueces sostuvieron que la demandada tuvo una actitud premeditada de prescindir de los servicios del actor y que el único sustento lógico para tal decisión fue la actividad sindical, amparada en la Ley Antidiscriminatoria 23.592 a las relaciones laborales.

"La pretensión de encubrir la cesantía bajo la apariencia de una causa demuestra la propia conciencia que tenía la demandada de la actitud discriminatoria que implicaba dicho acto, por lo que resultaba inválida la extinción contractual dispuesta por resultar violatoria del art. 43 de la CN, de la Ley 23.592 y de los pactos y convenios internacionales", sostiene la sentencia.

Luego detallaron que "la no discriminación y la libertad sindical son derechos fundamentales y su vulneración provoca que las normas protejan más intensamente al trabajador que la padece, salvaguarda que se traduce en la reinstalación del dependiente en su empleo como consecuencia de la ineficacia de la rescisión contractual que tuvo por fundamento su actividad sindical legítima".

Y ordenaron a la demandada a abonar una cifra por daño moral, teniendo en cuenta que para ello "no se requiere prueba específica alguna, desde que debe tenérselo por demostrado por el solo hecho de la acción antijurídica, siendo al responsable del hecho dañoso a quien incumbe acreditar la existencia de una situación objetiva que excluya aquella posibilidad".

Carlos Toselli, director de la publicación Temas de Derecho Laboral y de la Seguridad Social de Erreius, explica que “la Ley 23.551, como norma operativa del mandato constitucional de protección del dirigente sindical y de la organización sindical libre y democrática, centró su operatividad en la personería gremial que habilitó tanto el funcionamiento íntegro del sindicato, con los atributos exclusivos otorgados por el artículo 31 de la ley gremial, como el aspecto de la protección del gremialismo formal institucionalizado”.

“Ello se mantuvo inalterable, con pocos resquicios, hasta que hace su irrupción en forma decidida en el mundo laboral, con especial referencia al activismo gremial, la Ley 23.592 antidiscriminación, que rompe dicho molde al permitir la incorporación como sujetos protegidos de otros trabajadores que no se encontraban habilitados en el marco rígido reglamentado, pero que, indudablemente, tenían un rol gremial en el seno de la empresa, de forma marginal o directamente opositora al sindicalismo detentatorio de la habilitación funcional y, por ende, del poder sindical”, agrega.

Acceda al fallo aquí.

Fuente: Erreius