Niegan la indemnización por fallecimiento de un trabajador a su concubina porque no logró acreditar la convivencia

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La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo rechazó el pedido de una mujer para que se le abone la indemnización por fallecimiento de su concubino prevista en el artículo 248 de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) y determinó que sean los padres de este quienes deban percibirla.

La controversia surgió porque tanto los padres del trabajador como su supuesta concubina reclamaron el resarcimiento.

En la causa “Brink´s Argentina SA c/S. I. E. y otros s/ consignación”, ante la duda de a quien le correspondía percibir la indemnización mencionada, la empleadora consignó la liquidación final.

El juez de primera instancia admitió la consignación efectuada por la empresa y consideró que eran los padres del causante quienes debían percibir ese dinero.

En su sentencia entendió que, en atención a lo previsto en el mencionado artículo 248, la mujer debió acreditar que convivió en aparente matrimonio con el dependiente. Tras evaluar la prueba testimonial, el magistrado concluyó que no lo había logrado.

La decisión fue recurrida por la supuesta conviviente del fallecido. Alegó las pruebas presentadas resultaban suficientes ya que, a los efectos pretendidos, también había demostrado que mantuvo un vínculo con el fallecido durante doce años y que fue designada como beneficiaria por el fallecido en su seguro de vida.

Los jueces de la Sala IX, Mario Fera y Álvaro Balestrini, consideraron que “lo sustancial en el caso es que ninguno de los deponentes pudo dar cuenta de haber visto al Sr. A. en el domicilio en el cual habría convivido con la Sra. I. E. S. en forma cotidiana”, y remarcaron que “los testimonios mencionados -en todo caso- darían cuenta que existió una relación afectiva entre ellos”.

También tuvieron en cuenta que los testigos señalaron que el trabajador tenía las llaves de la casa de la reclamante y que ella pasaba la mayor parte de su tiempo en la casa de su madre, lo que les permitía inferir que no vivían juntos.

De esta manera, los elementos aportados por la reclamante no resultaron suficientes para tener por acreditado que ambos hayan convivido en aparente matrimonio, “como requiera la norma respectiva a fin de demostrar el carácter de concubina invocado por la apelante”.

Luego indicaron que si bien “el Código Civil y Comercial de la Nación vigente al hacer referencia a las obligaciones de los cónyuges únicamente hace mención a la asistencia y el deber de prestar alimentos, sin hacer mención a la obligación de convivir en la misma casa, a la que aludía el art. 199 del antiguo Código Civil, no puede exigirse para acreditar una unión convivencial mayores requisitos y que las obligaciones previstas para un matrimonio… no se encontraba vigente al momento de la finalización del contrato debido al fallecimiento del Sr. A. -acaecido el 20/04/14-, que origina la obligación de la empresa de abonar la indemnización prevista en el art. 248 de la LCT.”.

En el artículo “Los beneficiarios de la indemnización prevista en el artículo 248 de la Ley de Contrato de Trabajo”, publicado en Erreius online, Pablo Candal explica que se dispone que, en caso de muerte del trabajador, determinadas personas allegadas a él tendrán derecho a percibir, del que fuera su empleador al momento del deceso, una suma de dinero que la norma califica como una “indemnización”, cuya cuantía será igual a la que prevé el artículo 247 de la misma ley para otro supuesto (extinción por fuerza mayor o por falta o disminución de trabajo).

“El derecho de los causahabientes nace, pues, cuando se verifica el hecho de la muerte del trabajador”, remarca.

En ese punto, agrega que “el artículo 248 de la LCT establece que resultan beneficiarias las personas enumeradas en el artículo 38 del decreto ley 18037, en el orden y prelación allí establecidos, mediante la sola acreditación del vínculo”.

Dicho artículo señala también que los efectos indicados, “queda equiparada a la viuda, para cuando el trabajador fallecido fuere soltero o viudo, la mujer que hubiese vivido públicamente con el mismo, en aparente matrimonio, durante un mínimo de dos años anteriores al fallecimiento”.

Candal explica que “según el diccionario de la Real Academia Española, “orden” significa concierto o buena disposición de las cosas; “prelación”, en cambio, significa antelación o preferencia con que una cosa debe ser atendida respecto de otra con la cual se compara”.

En ese punto, enfatiza que si la cónyuge o la conviviente (o el cónyuge o el conviviente) acredita el vínculo, quedará siempre mejor posicionada/o frente al resto, ya que estamos ante una prelación, es decir, ante un orden de preferencia, y no de concurrencia.

“El orden no implica necesariamente que sus partes se excluyan. El orden de prelación, en cambio, sí”, concluye.

Si bien el Código Civil y Comercial de la Nación introduce como figura novedosa la unión convivencial, que está basada en relaciones afectivas de carácter singular, pública, notoria, estable y permanente de dos personas que comparten un proyecto de vida común, esta situación no era aplicable al caso porque este ocurrió antes de la entrada en vigencia de la norma.

El código de fondo actual destaca como requisitos necesarios para que esa relación tenga efectos jurídicos que los dos integrantes sean mayores de edad; no estén unidos por vínculos de parentesco en línea recta en todos los grados, ni colateral hasta el segundo grado; no estén unidos por vínculos de parentesco por afinidad en línea recta; no tengan impedimento de ligamen ni esté registrada otra convivencia de manera simultánea; y mantengan la convivencia durante un período no inferior a 2 años.

La existencia, su extinción y los pactos que los integrantes de la pareja hayan celebrado se inscriben en el registro que corresponda a la jurisdicción local, solo a los fines probatorios; sin embargo, la norma aclara que la unión convivencial se acredita por cualquier medio de prueba, siendo la inscripción un elemento suficiente para acreditarla, también posibilita cualquier otra forma.

El Código Civil y Comercial viene a establecer que una vez cesada la convivencia, el conviviente que sufre un desequilibrio manifiesto que signifique un empeoramiento de su situación económica con causa adecuada en la convivencia y su ruptura, tiene derecho a una compensación.

Este reconocimiento, si bien referido a las obligaciones recíprocas entre la pareja, pone de manifiesto el reconocimiento de la comunidad de los intereses económicos que genera esa unión.

De esta manera, quedó legislativamente reconocido el derecho, de quien sobreviva, a percibir la indemnización prevista en el artículo 248 de la LCT.

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