Indemnizarán a trabajadora despedida en edad de jubilarse que aún no podía obtener el beneficio

Imagen del articulo

La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo confirmó una sentencia que consideró ilegítimo el despido de un empleado en los términos del artículo 252 de la Ley de Contrato de Trabajo porque este no cumplía con los años de aportes necesarios para acceder a la PBU (Prestación Básica Universal).

De esta manera, condenó a la empresa al pago de las indemnizaciones correspondientes a la ruptura del vínculo laboral incausado.

En el caso “Speziale Celsa, Josefa c/Dialsa Ochenta y Seis SRL s/despido”, los integrantes de la sala VII señalaron que la apelante -que adujo una errónea valoración de las pruebas- solo manifestó disconformidad con el fallo que consideró ilegítima su decisión.

El artículo 252 de la LCT regula la resolución del contrato por jubilación del trabajador y dice que cuando el trabajador reuniere los requisitos necesarios para obtener una de las prestaciones de la Ley 24.241, el empleador podrá intimarlo a que inicie los trámites pertinentes, extendiéndole los certificados de servicios y demás documentación necesaria a esos fines.

“A partir de ese momento el empleador deberá mantener la relación de trabajo hasta que el trabajador obtenga el beneficio y por un plazo máximo de un año”, explicaron los jueces Graciela Carambia y Néstor Rodríguez Brunengo.

Esa norma también señala que “concedido el beneficio, o vencido dicho plazo, el contrato de trabajo quedará extinguido, sin obligación para el empleador del pago de la indemnización por antigüedad que prevean las leyes o estatutos profesionales”.

“La intimación a que se refiere el primer párrafo de este artículo implicará la notificación del preaviso establecido por la presente ley o disposiciones similares contenidas en otros estatutos, cuyo plazo se considerará comprendido dentro del término durante el cual el empleador deberá mantener la relación de trabajo”, agregaron los camaristas.

En ese punto, indicaron que esa intimación “es una facultad del empleador y no una obligación, por lo que si aquel considera adecuado mantener el vínculo de trabajo aun cuando el trabajador puede acceder a jubilarse, no existe óbice legal para que lo haga”.

Si concurren las circunstancias de las normas referidas, el trabajador no puede oponerse al ejercicio legítimo de esa facultad del empleador.

Sin embargo, aclararon que esa facultad no es ilimitada y que hay que tener en cuenta que el deber de buena fe le impone al empleador realizar una intimación ajustada a derecho, ya que no puede, ni debe, hacerlo cuando no está seguro de que concurren los requisitos que establece la ley.

“Uno de los requisitos del citado artículo 252 de la LCT es que el trabajador se encuentre en condiciones de acceder ‘a una de las prestaciones de la ley 24.241’”, destaca la sentencia.

“Sin embargo, pese a la aparente actualización del artículo 252 de la LCT, esta norma adolece de un error de redacción al mencionar como requisito ‘a una de las prestaciones de la ley 24.241’, pues para esta ley existen una gran cantidad de prestaciones (la ‘compensatoria’, la ‘invalidez’, la ‘pensión’, la ‘prestación adicional por permanencia’, las ‘previstas por edad avanzada’, por ‘jubilación ordinaria’ o las ‘no contributivas’, etc.)”, explicaron.

“En el caso de estas prestaciones, a diferencia de la Prestación Básica Universal (PBU), para su acceso no se requiere un mínimo de dos años de permanencia en el sistema, por lo cual si se tomara la actual redacción del artículo 252 de la LCT podría intimarse a jubilar a cualquier persona que acceda a las prestaciones aludidas de la ley 24.241”, agregaron.

Además, explicaron que el decreto reglamentario 679/95, mediante su art. 5, intentó sanear ese defecto de redacción al circunscribir el requisito a la "Prestación Básica Universal" (PBU), pero advirtieron que muchos lo consideran “inconstitucional en cuanto modifica y reduce el alcance de una norma jerárquicamente superior como es la redacción del actual artículo 252 de la LCT y de la ley 24.241”.

“Aun cuando del informe de la ANSES surge que la actora inició los trámites de la jubilación el 9/12/2014, lo cierto es que dicha circunstancia no obsta a la obligación que incumbe a la empleadora antes explicitada, pues la actora por elección puede acogerse a cualquiera de las opciones que brinda la ANSES para obtener el beneficio jubilatorio, mas el empleador solo puede intimarla cuando reúna los requisitos para acceder a la PBU (Prestación Básica Universal)”, señalaron.

Y remarcaron que no se probó que la actora contara con los años de aportes necesarios para acceder a dicho beneficio.

En consecuencia, concluyeron que la actitud asumida por la demandada resultó injustificada, por lo que correspondía confirmar el fallo en cuanto hace lugar al reclamo de los rubros indemnizatorios correspondientes por despido sin causa.

Según explica Juan Carlos Fernández Madrid, colaborador de la Editorial Erreius, “cuando el trabajador reuniere los requisitos exigidos para obtener una de las prestaciones de la ley 24241, el empleador podrá intimarlo a que inicie los trámites pertinentes, extendiéndole los certificados de servicios y demás documentación necesaria a esos fines”.

En esos casos, el empleador deberá probar que el trabajador se encuentra en condiciones de acceder al beneficio, y si equivocadamente intima a su empleado a jubilarse, contando con la existencia de otros servicios, la denegatoria del beneficio de jubilación trae aparejado el pago de la indemnización por despido.

“Aun cuando el beneficio jubilatorio se otorgue con retroactividad a la fecha del despido, el empleador debe pagar la indemnización por antigüedad y la sustitutiva del preaviso si procedió al distracto, sin dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 252 de la ley de contrato de trabajo”, destacó el especialista.

Acceda al fallo aquí

Fuente Erreius