Admiten reclamo de un preso por el pago de los días en que, por razones de salud, no prestó tareas laborales

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A través de un hábeas corpus, el reclamante alegó que se había producido un agravamiento de sus condiciones de detención, ya que las inasistencias estaban debidamente justificadas.

En el caso “Hurtado Suárez, William s/habeas corpus”, el Juzgado en lo Criminal y Correccional n° 15 hizo lugar al reclamo, pero luego la Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional lo revocó por considerar que no se trata de un contrato de trabajo, sino de un tratamiento de resocialización.

Contra ello, la defensa dedujo recurso de casación. En su escrito, manifestó que comparte la postura de la jueza de primera instancia, quien entendió “que el trabajo de los internos era un derecho remunerativo que se regía por lo normado en la Ley de Contrato de Trabajo (ley 20.744), en virtud de que el art. 4 de esa norma define al trabajo como ‘toda actividad lícita que se preste a favor de quien tiene la facultad de dirigirla, mediante una remuneración’”.

Agregó que la norma laboral, en su artículo 2, excluye de su ámbito de aplicación a determinadas actividades, sin abarcar a los trabajadores en situación de encierro.

Y expresó que la aplicación supletoria de la Ley de Contrato de Trabajo surge de la propia ley 24.660, “que señala que el trabajo del interno debe ser equiparado al de personas libres”.

Al analizar la sentencia, la Sala I de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal reconoció la afectación al derecho al trabajo remunerado, conforme los términos de la ley 24.660 -sobre ejecución penal-, en cuanto establece que “se respetará la legislación laboral y de seguridad social vigente” y que “los salarios serán abonados en los términos establecidos en la legislación laboral vigente”.

Los jueces Jorge Rimondi y Gustavo Bruzzone señalaron que la tarea laboral que lleva a cabo el interno responde a un programa global de capacitación y a la creación de hábitos positivos en pos de lograr su resocialización.

En ese contexto, para los magistrados, la cuestión a resolver pasaba por determinar si es aplicable en forma supletoria a la ley 24.660 el artículo 208 de la ley 20.744, que regula el régimen de licencias autorizadas de los trabajadores en casos de accidente o enfermedades inculpables.

Allí consideraron que nada impide que se apliquen todos los derechos que sean compatibles con su particular situación de encierro, que tiene cualquier otro trabajador, conforme lo establece la ley de ejecución penal, y también el artículo 72 de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos adoptadas por el Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en Ginebra en 1995.

En concreto, en el mencionado documento internacional, se establece que “la organización y los métodos de trabajo penitenciario deberán asemejarse lo más posible a los que se aplican a un trabajo similar fuera del establecimiento, a fin de preparar a los reclusos para las condiciones normales del trabajo libre. Sin embargo, el interés de los reclusos y de su formación profesional no deberán quedar subordinados al deseo de lograr beneficios pecuniarios de una industria penitenciaria”.

Y se agrega que “se tomarán disposiciones para indemnizar a los reclusos por los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, en condiciones similares a las que la ley dispone para los trabajadores libres”.

En el artículo “La resocialización como objetivo de la pena privativa de la libertad. Visión crítica y reconocimiento de la necesidad de un cambio”, publicado por Erreius, el especialista Juan A. Tobías explica que “el trabajo penitenciario es uno de los elementos formales que establece la legislación para concretar la pretendida reeducación y resocialización del individuo”.

En ese sentido, señala que “el artículo 107 de la ley 24.660 determina una serie de caracteres que perfilan al trabajo penitenciario:

1. Nunca será considerado como un castigo, sino que constituye un factor fundamental en el tratamiento del interno.

2. El trabajo en ningún momento puede atentar contra la dignidad de la persona del interno, por ello no podrá ser aflictivo, infamante, denigrante, ni forzado.

3. Tiene por objeto fomentar y perfeccionar los hábitos laborales del sujeto.

4. Procura reintegrar al interno a la vida libre.

5. Debe ser remunerado.

6. No es coactivo y se basa en criterios pedagógicos.

En cuanto a su organización, la ley resalta que deberá respetar la legislación laboral y que será supervisado por la autoridad administrativa”.

“Debe considerarse, asimismo, que la propia ley determina que el trabajo es una obligación del interno; por tal motivo, si se encuentra obligado a prestarlo, resulta justo que sea reparada cualquier contingencia sobreviniente originada en la prestación de la actividad laboral”, destaca el especialista, en el mencionado artículo.

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Fuente Erreius