La Corte Suprema ratificó la aplicación del índice “ISBIC” para la actualización de las jubilaciones

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La Corte Suprema de Justicia de la Nación se pronunció, por mayoría, sobre el índice que debe aplicarse para la actualización de las jubilaciones, sentando un criterio que deberá ser aplicado de inmediato a las causas judiciales en trámite.

Los ministros Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti, en su voto conjunto, confirmaron la aplicación del precedente “Elliff” del año 2009, que estableció que las remuneraciones consideradas para el cálculo de las jubilaciones debían actualizarse por el índice de salarios básicos de la industria y la construcción (ISBIC), sin el límite temporal de la ley de convertibilidad 23.928 que la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) había fijado en su resolución 140/95.

En este caso, Lucio Orlando Blanco, jubilado desde el año 2003 bajo el régimen de la ley 24.241, de 1993, dedujo demanda contra el organismo previsional a los fines de obtener una recomposición de su beneficio.

La Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social había confirmado la sentencia de primera instancia que había ordenado, en consonancia con el precedente “Elliff”, que para calcular el nivel inicial de la jubilación las remuneraciones fueran actualizadas mediante el ISBIC hasta la fecha de vigencia de la ley 26.417.

Para la ANSES, el citado precedente no había especificado la utilización de un determinado índice, sino que en esa época había un vacío legal en materia de actualización de remuneraciones, por lo que solicitó la aplicación del indicador que mide las variaciones del RIPTE, contemplado en el decreto 807/2016 y en la ley 27.260 de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados.

Además, ese organismo había dictado la Resolución 56/2018, luego ratificada por la Resolución  1/2018 de la Secretaría de la Seguridad Social, dependiente del Ministerio de Salud y Desarrollo Social. Esta medida tenía incidencia en la cuestión a resolver en este caso, motivo por el cual los magistrados del voto mayoritario examinaron su validez.

La Resolución 56/2018 ordena que, para realizar los cálculos del nivel inicial de las jubilaciones con altas anteriores al 1 de agosto de 2016, las remuneraciones deben actualizarse con el índice combinado aprobado por la Resolución de la Secretaría de Seguridad Social 6/2016, que fija el índice  RIPTE (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables), desde el 1 de abril de 1995 hasta el 30 de junio de 2008.

La Corte Suprema, por mayoría, declaró de oficio la inconstitucionalidad de ambas resoluciones, por arrogarse “el ejercicio de una facultad de exclusivo resorte del Poder Legislativo Nacional”, y ordenó comunicar al Congreso de la Nación el contenido de la sentencia, a fin de que, en un plazo razonable, se fije el indicador para la actualización de los salarios computables para el cálculo del haber inicial en el período 1995-2008, ratificando que, hasta que ello ocurra, esa actualización se hará por aplicación del citado ISBIC.

A tal efecto, Maqueda, Lorenzetti y Rosatti sostuvieron que “el Congreso de la Nación -poder representativo de la voluntad popular- recibe de la Constitución Nacional el mandato de reglamentar el ejercicio de los derechos constitucionales mediante el dictado de leyes, siempre cuidando de no desnaturalizar su contenido (arts. 14 y 28 de la Constitución Nacional)”.

Y añadieron que, aun al dictar la ley 24.241 en 1993, el Congreso había encomendado a la ANSeS que reglamentara la aplicación del índice salarial a utilizarse, y en cumplimiento de ello el organismo había dictado dos resoluciones -63/94 y 140/95-; la facultad de elegir el indicador para la actualización de los salarios computables fue reasumida por el legislador al sancionarse la ley 26.417 en el año 2008, cuando el Congreso Nacional escogió un índice combinado aplicable a las remuneraciones que se devengasen a partir de su entrada en vigencia.

Por último, establecieron que hasta que ello suceda, las cuestiones suscitadas en torno al haber inicial deberán ser resueltas de conformidad con las consideraciones dadas por la Corte Suprema en el caso “Elliff”, que establece el ISBIC como índice de ajuste. Por lo tanto, ese criterio deberá ser aplicado de inmediato a las causas judiciales en trámite.

 

El voto de Highton

En su voto, que fue en el mismo sentido que la mayoría, Elena Highton de Nolasco destacó que originariamente la elección del índice en cuestión había sido delegada -por el art. 24, inc. a, de la ley 24.241- a la ANSES, y que ese organismo, en ejercicio de dicha facultad, había considerado que el ISBIC resultaba el más adecuado a los fines de la ley (de acuerdo a las resoluciones 63/94 y 140/95), pero limitando el reajuste al 31 de marzo de 1991, con pretendido fundamento en la ley de convertibilidad 23.928.

Agregó que en el precedente “Elliff” -sentencia del 11 de agosto de 2009-, el máximo tribunal había rechazado la pretensión de la administración previsional de limitar el ajuste de las remuneraciones base al mes de marzo de 1991.

Como consecuencia de esta decisión, sostuvo que no resultaba arbitraria la aplicación en la presente del ISBIC, pues se había convertido en la única pauta de actualización elegida por la ANSeS a los fines señalados, hasta que el legislador reasumió la facultad de elegir el indicador de ajuste para los salarios computables mediante la sanción de la ley 26.417.

Conforme a esta normativa, sería de aplicación en el futuro el índice combinado previsto en el art. 32 a las remuneraciones que se devenguen a partir de su vigencia (1/3/2009).

Respecto del invocado decreto 807/2016, la ministra Highton de Nolasco señaló que no era aplicable al caso, pues limitó su alcance a las futuras prestaciones con alta mensual a partir de agosto de 2016; en tanto que la ley 27.260 (Programa Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados) destacó el carácter voluntario de su participación, supuesto que no se verificaba en esta causa.

Con posterioridad a la interposición del recurso extraordinario, la ANSES dictó la resolución 56/2018, que disponía para el cálculo del nivel inicial de las prestaciones -con altas anteriores al 1 de agosto de 2016- la aplicación del índice combinado aprobado por la resolución de la Secretaría de Seguridad Social N° 6/2016.

Al respecto, Highton de Nolasco consideró que la mencionada resolución se encontraba viciada de nulidad absoluta, por haberse emitido mediando incompetencia. Ello, pues fue dictada después de que concluyera -con la sanción de la ley 26.417- la delegación prevista en el citado art. 24 de la ley 24.241, sin que pudiese admitirse el ejercicio retroactivo de esa potestad, declinada durante la vigencia de la norma.

A idéntica conclusión arribó respecto de la resolución 1/2018 emanada de la Secretaría de Seguridad Social, que ratificó el índice previsto en la resolución (ANSeS) 56/2018.

 

La disidencia de Rosenkrantz

En disidencia, Carlos Rosenkrantz sostuvo que las resoluciones declaradas inconstitucionales de oficio por la mayoría son válidas desde el punto de vista formal y sustancial.

En el primer caso, consideró que “la elección del índice de actualización de las remuneraciones no constituye una facultad privativa o exclusiva del Congreso, pues no se trata de materia reservada por la Constitución al Congreso de la Nación”.

En ese sentido, “la fijación de índices de actualización para la determinación del haber inicial difiere de otras materias regidas por el principio de legalidad, tal como sucede en buena parte de las cuestiones que involucran materia penal o tributaria (artículos 18 y 75 de la Constitución Nacional)”.

Luego agregó que “en la historia moderna del derecho previsional argentino, el legislador ha concebido distintos mecanismos o procedimientos a los fines de dar contenido a la garantía prevista en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. En ciertas ocasiones juzgó conveniente que tanto el índice aplicable a la movilidad de las prestaciones como el referido a la actualización de las remuneraciones sean fijados directamente por la Administración. En otras ocasiones, el Congreso decidió fijar él mismo el índice aplicable a la movilidad de las prestaciones previsionales o a la actualización del haber inicial. Por último, en otras oportunidades, se reservó la facultad de determinar la movilidad de las jubilaciones”.

En ese sentido, aclaró que este caso es distinto de las decisiones de la Corte en “Badaro I” y “Badaro II”. Allí, indicó que el Congreso se había reservado expresamente la facultad de determinar la movilidad de las prestaciones previsionales. Como no la ejerció, en “Badaro I” la Corte notificó al Congreso que su omisión había privado al actor de un derecho reconocido por la Constitución Nacional y lo intimó a remediar dicha omisión. En “Badaro II”, debido a la persistencia de la omisión legislativa, el Tribunal dispuso fijar el índice de movilidad.

“Eso no significa, sin embargo, que el Congreso no hubiera tomado una decisión al respecto. Por el contrario, exigió que la Administración otorgue las prestaciones previsionales sobre la base de remuneraciones actualizadas”, agregó Rosenkrantz.

“Al exigir la actualización de las remuneraciones sin fijar por sí mismo el índice de actualización, ni reservarse la facultad de hacerlo, dejó en el ámbito del poder reglamentario de la Administración la determinación de dicho índice. Las resoluciones fueron dictadas en el marco de dicho poder reglamentario y, por consiguiente, son válidas desde el punto de vista formal”, enfatizó.

Desde el punto de vista sustancial, Rosenkrantz sostuvo que no hay una afectación de los derechos constitucionales del actor. Por un lado, no hay violación de derechos adquiridos, ni al momento de su jubilación ni después hubo una norma que le reconociera el derecho a que sus remuneraciones sean actualizadas, con posterioridad al 31 de marzo de 1991, conforme al ISBIC. Luego enfatizó que Blanco no cuenta con una sentencia judicial firme que le reconozca ese derecho.

Por otro lado, consideró que no se trata de una inclusión forzada en el Programa de Reparación Histórica, porque no se ha obligado al señor Blanco a renunciar a nada.

“La crítica a la utilización de cierto índice no puede basarse en el mero hecho de que otro índice arroja un resultado más beneficioso. Una regulación dictada por las autoridades competentes destinada a establecer cómo se debe calcular el haber de nuestros jubilados y pensionados no es inconstitucional por el mero hecho de no arrojar el haber más elevado posible”, concluyó.

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Acceda al video del análisis del fallo "Blanco Blanco, Lucio Orlando c/ANSeS s/reajustes varios" del Dr. Guillermo A. Calandrino  aquí

Fuente: Erreius