Claves para entender el alcance del decreto que establece un bono no remunerativo y el procedimiento previo al despido incausado

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De acuerdo al texto normativo, que ya está en vigencia, quedan exceptuados de sus alcances los trabajadores del sector público nacional, provincial y municipal, cualquiera sea su modalidad de vinculación y/o el régimen laboral aplicable, así como los empleados del Régimen de Trabajo Agrario (Ley 26.727) y del Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares (Ley 26.844), sin perjuicio de lo que puedan establecer los órganos competentes.

En tanto, el personal de la industria de la construcción, contratado en los términos de la ley 22.250, está exceptuado del procedimiento de comunicación del despido, pero sí percibirá el bono no remunerativo.

El capítulo primero establece que la asignación no remunerativa será otorgada por los empleadores de la siguiente forma:

a) 50% con los salarios del mes de noviembre de 2018, pagadero en el mes de diciembre de 2018.

b) 50% con los salarios del mes de enero de 2019, pagadero en el mes de febrero de 2019.

En el caso de que se trate de una prestación de servicios inferior a la jornada legal o convencional, los trabajadores percibirán la asignación en forma proporcional, de acuerdo a los mecanismos de liquidación previstos en el convenio colectivo aplicable o, supletoriamente, según las reglas generales contenidas en la Ley de Contrato de Trabajo.

El decreto también señala que las cámaras salariales y los sindicatos, en ejercicio de su autonomía colectiva, podrán adecuar los plazos y montos para aquellas actividades o sectores que se encuentren especialmente en crisis o declinación productiva.

Para el caso de que se hubiese pactado colectivamente un aumento (en concepto de revisión de la pauta acordada en la negociación del año 2018), las partes podrán compensar aquel incremento con la suma total de la asignación hasta su concurrencia, salvo que acuerden expresamente su no absorción.

La norma permite que los $ 5.000 se computen (hasta dicho monto) a cuenta de las sumas que se pacten en concepto de revisión salarial de la pauta correspondiente al año 2018.

En el caso de que el empleador hubiese otorgado unilateralmente otras subas sobre los ingresos de los trabajadores durante este año, podrá compensarlos hasta su concurrencia con la suma total de la asignación establecida en el decreto 1043/2018.

En los supuestos que se instrumenten la incorporación, compensación o absorción salarial de la asignación, la misma adquirirá carácter remunerativo.

Para los asesores de empresas, no incluir estos pagos en la base de cálculo de otros créditos laborales (SAC, vacaciones, indemnizaciones, etc.) podría implicar un riesgo. 

 Comunicación de los despidos

El capítulo II del decreto establece un procedimiento previo de comunicación para despidos sin justa causa hasta el 31 de marzo de 2019.

Antes de disponer una desvinculación incausada de trabajadores contratados por tiempo indeterminado, los empleadores deberán comunicar la decisión al Ministerio de Producción y Trabajo, con una anticipación no menor a 10 días hábiles previo a hacerla efectiva.

El texto no establece el contenido de la comunicación, pero de acuerdo a los especialistas consultados por Erreius, como mínimo debería contener los siguientes datos: nombre y apellido del trabajador, CUIL, fecha de egreso y encuadre convencional.

Asimismo, tampoco establece las vías por las cuales se puede comunicar la decisión (como por web o correo electrónico). Por el momento, deberá ser ingresada por una nota presentada en mesa de entradas del Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación o, en su caso, en las delegaciones provinciales de esta autoridad nacional.

El decreto no comprende otras modalidades de extinción del contrato de trabajo (mutuo acuerdo, despido con justa causa, etc.).

El citado Ministerio, de oficio o a petición de parte, podrá convocar al empleador y al trabajador, junto con la asistencia gremial pertinente, a fin de celebrar durante ese plazo de 10 días previos las audiencias que estime necesarias para considerar las condiciones en que se llevará a cabo la futura extinción laboral.

El incumplimiento de ese procedimiento previo dará lugar a la aplicación de las multas previstas en el Régimen General de Sanciones por Infracciones Laborales (Ley 25.212, Anexo II). No establece a qué tipo de sanción se refiere (si es leve, grave o muy grave).

La omisión de esta comunicación no afecta la validez del despido, por lo que podrá ocasionar una multa y, eventualmente, perjudicar el trámite de homologación de un acuerdo conciliatorio.

En sus disposiciones finales, el decreto señala que el Ministerio de Producción y Trabajo, en su carácter de autoridad de aplicación, quedará facultado para dictar las normas complementarias y aclaratorias, por lo que es probable que en los próximos días se dicten resoluciones que contemplen a qué tipo de infracción se refiere y qué datos debe contener la comunicación.

“La inclusión de más trámites para quienes quieran despedir (o pagar) una desvinculación sin causa no debe ser hecha por decreto”, explica el abogado Juan Carlos Cerutti a Erreius. 

De acuerdo al experto, es posible que los empleadores cuestionen la constitucionalidad del decreto, ya que, en estos casos, es necesaria una ley que cambie los procedimientos vigentes. En ese sentido, cualquier empleador puede cuestionar la norma, basándose en que se ataca la libertad de la empresa y la propiedad privada.

Por ese motivo, es probable que la Comisión Bicameral Permanente que analiza la validez de los DNU se reúna antes de que finalice el año legislativo para que una de las dos Cámaras lo ratifique lo más pronto posible.

 Fuente: Erreius