Desestiman embargo contra los bienes del administrador de una SRL en un juicio laboral por falta de sentencia

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Los jueces de Sala VIII, Luis Catardo y Víctor Pesino, confirmaron la decisión del juez de primera instancia, quien consideró que no estaban acreditados los extremos exigidos para la procedencia de la cautelar.

De acuerdo a los magistrados, en casos similares, la Cámara resolvió que “respecto al embargo que se pretende contra el presidente de una de las sociedades demandadas, el mero hecho de que la citada persona física conforme el órgano de administración no autoriza la agresión cautelar de su patrimonio personal, ya que las sociedades tienen una personalidad distinta a la de sus socios o administradores y no se expresan en la memoria recursiva elementos que avalen un temperamento como el pretendido, que se funde en el necesario recaudo de verosimilitud del derecho”.

Además, en esas oportunidades, “la persona física no era parte de la relación jurídica sustancial en cuya ejecución se habrían generado los créditos cuyo pago pretende el actor. Si estos existieran, es la sociedad con la que habría celebrado un contrato de trabajo, y de cuyo directorio formaba parte, la que sería su deudor”, agregaron en los autos “Incidente. Souza, Walter Ezequiel c. Sitar SRL y otro s/ Despido”.

En ese punto, destacaron que los socios y administradores son, en principio, terceros respecto de la relación laboral. 

“Si resultare que, por haber incurrido en conductas ilícitas, fuera pertinente extenderle, por excepción y sin limitaciones propias del tipo de sociedad, la responsabilidad que, en definitiva, quepa atribuirle a la empleadora, ello deberá ser establecido en la sentencia de mérito”, sostuvieron. 

Por tratarse de una situación excepcional, consideraron que “no es lícito presumir, en esta etapa del proceso, que ello habrá de ocurrir”.

De acuerdo a los jueces firmantes de la Sala VIII, en este caso en particular, no existían en esta instancia elementos suficientes que permitan, desde una faz sumaria, imputar responsabilidad personal a la persona física demandada.

Además, según el relato de inicio, el actor se consideró despedido, de cuya existencia derivaría la procedencia de los créditos que persigue, y esa circunstancia impide tener por acreditada la “verosimilitud del derecho”.

“En definitiva, la prueba que trajo el apelante no es eficaz para probar el peligro en la demora, e insuficiente para tener por configurado tal recaudo, ya que no se demostró sumariamente la materialización de una disminución patrimonial de la demandada”, enfatizaron los jueces.

“Desde este marco, y dado que se condiciona el otorgamiento del embargo a que el derecho del solicitante surja verosímilmente de los extremos probados, cabe confirmar el rechazo de la petición, sin perjuicio de lo que podría llegar a decidirse, de acompañarse nuevos elementos en un temática que, por su naturaleza, no causa estado”, concluyeron.

Extensión

La Ley de Sociedades establece que los administradores y los representantes de la sociedad deben obrar con lealtad y con la diligencia de un buen hombre de negocios.

A continuación, especifica que los que faltaren a sus obligaciones son responsables, ilimitada y solidariamente, por los daños y perjuicios que resultaren de su acción u omisión. 

En cuanto al incumplimiento de las obligaciones laborales, o incluso cuando se considere que el vínculo laboral se estableció directamente con estos, la personalidad jurídica resulta inoponible cuando la actuación de la sociedad encubre la consecución de fines extrasocietarios o para frustrar derechos de terceros, en cuyo caso dicha actuación se imputará directamente a los socios o controlantes que la hicieron posible, quienes responderán solidaria e ilimitadamente por los perjuicios causados. Esta aplicación es extensiva a socios gerentes de las sociedades de responsabilidad limitada.

La razón por la que frecuentemente se echa mano a este tipo de reclamos contra socios y administradores “es, justamente, la imposibilidad de percibir un crédito laboral: generalmente luego de transitar un largo proceso de conocimiento, el trabajador ve frustrado su posibilidad de cobro por la insolvencia de la sociedad”, remarca César Bachetti, en el artículo “La responsabilidad ilimitada y solidaria de los administradores sociales frente al acreedor laboral: infracapitalización societaria y supuestos conexos”, publicado por Erreius.

En ese sentido, Julián de Diego, colaborador de Erreius, señala que “responder con su propio patrimonio es la mayor amenaza que recae sobre el presidente del directorio, los directores, los socios gerentes, y quienes detenten la administración y representación legal de la empresa”.

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Fuente: Erreius