Ordenan indemnizar por daños a trabajador despedido por casarse con una persona del mismo sexo

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La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo revocó una sentencia de primera instancia e hizo lugar al reclamo de un hombre que se desempeñaba como vicedirector en un colegio, del que fue despedido sin causa a los pocos días de comunicar que iba a casarse con una persona de su mismo sexo.

Además de la indemnización por despido, los integrantes de la Sala V obligaron a que se le abonara al actor un adicional para reparar los daños materiales, psicológicos y morales sufridos, ya que pudo demostrarse, mediante indicios, que su desvinculación se trató de una decisión discriminatoria.

De acuerdo con los datos aportados a la causa “V. N. R. c/ Sworn Junior College Sociedad Anónima y otros s/ despido”, el reclamante se desempeñaba como docente y vicedirector. A fines de 2010, le comunicó a su superiora que iba a contraer matrimonio con una persona de nombre Sergio. Tras una discusión con la titular del establecimiento, fue desvinculado a los pocos días.

Según los testigos propuestos por el demandante, su orientación sexual era conocida por todos en el establecimiento educativo, así como que había decidido casarse con un hombre que también había trabajado en la misma escuela.
Asimismo, indicaron que la relación entre el actor, la dueña y la directora del colegio, al principio, era normal y se desarrollaba en buenos términos, pero esa relación fue deteriorándose.

Otro punto que resaltaron los testigos fue que el reclamante tenía un buen desempeño, que sus alumnos lo querían mucho y que tuvo un reconocimiento importante -fuera del establecimiento- por su tarea docente.

La jueza de primera instancia desestimó las pretensiones de la demanda que perseguían las indemnizaciones por despido discriminatorio, diferencias salariales y la reparación del daño psicológico y moral, porque consideró que la discriminación no pudo acreditarse.

Esa decisión fue cuestionada por el dependiente ante la Cámara de Apelaciones. En su queja, sostuvo que la magistrada omitió considerar, entre otras cuestiones, el dictamen emitido por el INADI y el informe pericial psicológico que se le practicó.

Según miembros de la Sala V, Graciela Marino y Enrique Arias Gibert, “uno de los problemas que presentan los actos de discriminación emanados de particulares se encuentra en su dificultad probatoria. De esa manera, y teniendo en cuenta que el derecho a la no discriminación arbitraria no solo está tutelado por normas de jerarquía constitucional y supralegal, sino que ha ingresado en el dominio del “jus cogens”, cuando el trabajador se considera injustamente discriminado, debe producirse un desplazamiento de las reglas tradicionales de distribución de la carga de la prueba”.
En este punto, indicaron que “resulta razonable que en materia de despidos discriminatorios y lesivos de derechos fundamentales el trabajador tenga la carga de aportar indicios razonables de que el acto empresarial lesiona sus derechos fundamentales, principio de prueba dirigido a poner de manifiesto, en su caso, el motivo oculto de aquel”.
“Y una vez configurado el cuadro indiciario, recae sobre el empleador la carga de acreditar que su actuación tiene causas reales absolutamente extrañas a la invocada vulneración de derechos fundamentales, así como que aquellas tuvieron entidad suficiente como para adoptar la decisión, único medio de destruir la apariencia lesiva creada por los indicios”.

Para los magistrados, “la demandada no ha logrado demostrar que el despido del accionante hubiera tenido causas reales absolutamente extrañas a la represalia por su intención de casarse con una persona del mismo sexo, de manera tal que puedan explicar objetiva, razonable y proporcionadamente por sí mismas la decisión extintiva, eliminando toda sospecha de que aquella ocultó la lesión de los derechos fundamentales del trabajador”.

En este punto, agregaron que “el despido dispuesto por la demandada constituye un acto discriminatorio que se encuentra tutelado, precisamente, por la normativa antidiscriminatoria. De este modo, la situación descripta encuadra en la noción de la discriminación prohibida por el ordenamiento jurídico”.

En cuanto a las pruebas, los jueces señalaron que “la correlación temporal entre la decisión del actor de contraer matrimonio con una persona del mismo sexo, seguida de su inmediato despido sin causa, permite establecer -al menos indiciariamente- una relación de causa-efecto entre esos hechos, lo que crea, así, una apariencia o sospecha de que el despido impugnado pueda ser una represalia de la empleadora motivada por la decisión del actor de casarse con una persona de su mismo sexo y que ello tomara estado público”.

Por esos motivos, revocaron la sentencia recurrida e hicieron lugar a las indemnizaciones por despido discriminatorio y la reparación de los daños materiales, psicológicos y morales.

Para establecer el monto de la condena, los jueces tuvieron en cuenta el artículo 1738 del Código Civil y Comercial, que establece que la indemnización incluye especialmente “las consecuencias de la violación de los derechos personalísimos de la víctima, de su integridad personal, su salud psicofísica, sus afecciones espirituales legítimas y las que resultan de la interferencia en su proyecto de vida”.

Vanesa N. Descalzo, colaboradora de la editorial Erreius, explica que “resulta una dificultad recurrente determinar no solo la prueba que fundamentara la decisión en uno u otro sentido, sino aún más quién tendrá en sus espaldas el peso de arrimar elementos de convicción suficientes”.

Uno de los parámetros para tener en estos casos lo dio la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Pellicori”, al entender que en los procesos de reclamos por despidos discriminatorios son de resaltar “los serios inconvenientes probatorios que pesan sobre las presuntas víctimas …, por lo que resultará suficiente para la parte que afirma dicho flagelo, con la acreditación de los hechos que prima facie evaluados resulten idóneos para inducir su existencia, caso en el cual corresponderá al demandado a quien reprocha la comisión del trato impugnado la prueba de que este tuvo como causa un motivo objetivo y razonable, ajeno a toda discriminación”.

“Se considera así que, invocada la discriminación, solo puede exigirse al trabajador que acerque indicios concordantes al acto denunciado, quedando en cabeza del empleador desvirtuarlos con la prueba de causal objetiva y conexa suficiente a tal fin y ajena al acto denunciado como discriminatorio”, destaca la colaboradora de Erreius.

En este sentido, la Corte entendió que correspondía aplicar el principio de inversión de la carga probatoria, tal como lo viene enunciando en sus pronunciamientos, y que la prueba de autos sea valorada conforme los criterios sentados precedentemente, descalificando el fallo recurrido bajo la doctrina de arbitrariedad, atento a que no solo se arrimaron indicios suficientes que permitían la “sospecha”, sino que estos fueron oportunamente justificados en instancia de Cámara, y la causal invocada por la demandada no resultó probada en el proceso.

La ley 23592 establece la indemnización por daños y perjuicios en caso de despido discriminatorio y “teniendo presentes los principios de progresividad y ‘pro homine’ que nutren la materia, deberemos analizar de qué se compone dicha indemnización a la luz de las normas del Código Civil y Comercial y lo ya dispuesto en el precedente ‘Álvarez’”.
De acuerdo con Descalzo, “las fronteras del daño resarcible han sido modificadas por las normas del Código Civil y Comercial, y en esto el derecho del trabajo no ha quedado ajeno al fenómeno, por lo que a los fines de determinar la indemnización por daños y perjuicios derivados del distracto con motivos discriminatorios”, hay que tener presente del nuevo concepto de daño.

Acceda al fallo aquí.

Fuente: Erreius