Violencia de género digital: ¿cómo evitar el daño y hacerlo cesar?

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VIOLENCIA DE GÉNERO DIGITAL

Nota al fallo

Por María Florencia Zerda(*)

 

El presente fallo a estudio es un nuevo precedente que reconoce la violencia de género en línea y sus respectivas medidas de protección hacia las sobrevivientes.

La denunciante Q. C. se había presentado en la OVD denunciando violencia de género física, psicológica, ambiental y digital. Así las cosas, relató un episodio con empujones, rotura de remera, golpe en el rostro, sujeción de cabello y sustracción de su celular que derivó en un acceso indebido del denunciado a sus redes sociales y una posterior difusión no consentida de material íntimo de la pareja, material que había sido grabado sin que ella lo supiera. La intención de la denunciante -relata el fallo- era que se le ordenase al agresor la eliminación de los videos íntimos de sus dispositivos electrónicos. Esta medida específica no fue dictaminada por el juzgado interviniente en primera instancia por considerar que no era la justicia civil quien debía ordenarlo, lo que llevo a una apelación de Q. C. para que la Cámara Nacional de Apelaciones se expida.

La Sala M de la Cámara Nacional de Apelaciones, adoptando un criterio que ya había sido seguido por el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 38 en la causa P., L. B. c/P., G. A. s/Medidas precautorias”, modificó la resolución de primera instancia y ordenó al agresor B. T. que elimine de todos sus dispositivos los videos que contengan material íntimo de la denunciante, incluso en la nube, sin que quede almacenado en ningún tipo de sistema o soporte, en el plazo de cuarenta y ocho horas de notificado, bajo apercibimiento de aplicar una multa de $ 1.000.000 en caso de incumplimiento.

En el año 2020, en el caso citado ut supra, la justicia había ordenado al demandado que se abstuviera de difundir, divulgar, mostrar o exhibir en medios gráficos, radiales, televisivos, en internet y en todas las redes sociales habidas o por haber, como también en portales de internet, plataformas digitales, por sí o por interpósita persona, videos de índole íntima o sexual de ambas partes o donde solo se viera a la denunciante como también conversaciones privadas,  cualquier noticia, dato y/o imagen y/o cualquier otra circunstancia y/o mencionar en forma directa o indirecta o de cualquier manera referenciadas y/o vinculadas a la actora que pueda afectar o no su intimidad, su honor o imagen. Asimismo, se había ordenado al denunciado que le entregase a la actora la totalidad del video tomado sin su consentimiento, debiendo acreditar su total y absoluta destrucción, incluso en la nube, y que no haya quedado almacenado en ningún tipo de sistema o soporte en un plazo de cuarenta y ocho horas de notificado, pudiendo intervenir un escribano o similar para la efectiva destrucción del video, con una multa de $ 300.000 en caso de demostrarse el incumplimiento, más la derivación del demandado a centros de tratamiento de problemáticas para varones violentos. En ese momento, la jueza Mariana J. Fortuna había dictado una medida protectoria basada en el artículo 26 de la ley 26485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales.

Esta medida de protección cautelar que la normativa prevé es la misma solución que adopta la Sala M de la Cámara Nacional de Apelaciones, quien además, por primera vez, reconoce la existencia de una forma de violencia que aún no se encuentra legislada en nuestro orden jurídico: la ciberviolencia de género en el subtipo difusión no consentida de material íntimo.

Como ya he definido, y así ha sido citado por la Sala M, la violencia de género digital “es una actividad dañosa que se encuentra en aumento en los últimos años. Es una forma de violencia que se perpetúa en el ámbito mencionado, valiéndose de herramientas tecnológicas y se ejerce a través de acciones directas o indirectas, de ámbito privado o público, basadas en una relación desigual de poder del género masculino sobre el femenino”. Por otro lado, la difusión no consentida de material íntimo “es una de las tantas formas de violencia de género digital que consiste en la divulgación, distribución, compilación, comercialización o publicación por cualquier medio de material digital íntimo que retrata, con o sin consentimiento, a una persona mayor de edad que no autorizó su difusión. El material puede haber sido obtenido con o sin consentimiento”.

Los magistrados de la Sala M remarcaron la afectación que esta forma de violencia de género tiene sobre el derecho a la privacidad, la intimidad y la dignidad de las mujeres, derechos personalísimos de jerarquía constitucional. Además, mencionaron que se afectaba el derecho de poder tomar libremente ciertas decisiones relativas al propio plan de vida, el derecho a ver protegidas ciertas manifestaciones de la integridad física y moral, el derecho al honor por reputación, el derecho a no ser presentada bajo una falsa apariencia y el derecho a revelar la intimidad a los demás.

 

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(*) Abogada. Egresada con diploma de honor en la Universidad de Buenos Aires (UBA). Posgrado en Género y Derecho y Cibercrimen y Evidencia Digital de la misma casa de estudio. Autora del libro “Violencia de género digital”. Integra la Red de Abogadas Feministas y la Organización GENTIC, que promueve el activismo contra la ciberviolencia de género. Realiza asesoramiento técnico con perspectiva de género a entidades de la sociedad civil y privados y patrocinio y asesoramiento jurídico a mujeres en situación de violencia