Revocan fallo que paralizó la transferencia de una indemnización hasta que se cubran los honorarios derivados del juicio

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La Cámara Civil y Comercial de La Plata revocó un fallo de primera instancia que había paralizado la transferencia de un monto correspondiente a la indemnización del daño físico y moral sufrido por un hombre hasta que se cubran los aportes y honorarios derivados del juicio.

La causa "Batista Dante Federico Leonel c/Carabajal Sergio Ezequiel y otros s/daños y perjuicios automotor c. lesiones o muerte" se inició tras un accidente donde un hombre sufrió diversas lesiones que, con el paso de los años requirió complejos tratamientos y medicación para mitigar el dolor de tipo permanente. Dichas lesiones dificultarán su vida en su totalidad (actividad física, laboral, sexual y social); y además quedó con un 40% de incapacidad laboral.

La condena comprendió los siguientes rubros: a) daño material derivado de lesiones incapacitantes en la integridad psicofísica: $ 440.000; b) tratamiento estético: $ 50.000; c) tratamiento psicológico: $ 50.400; d) daño moral: $ 195.000 y e) lucro cesante: $ 4500, lo que daba un total de $ 739.900 a valores históricos.

Luego el juez de primera instancia desestimó el pedido de transferencia efectuado por la parte actora, hasta tanto se dé cumplimiento con lo dispuesto en el art. 21 de la ley 6716 (régimen legal de la Caja de Previsión Social para abogados de la provincia de Buenos Aires), con fundamento en que el art. 744 CCN (bienes excluidos de la garantía común de los acreedores) no resulta de aplicación al caso y sostuvo, además, que los emolumentos no se encuentran firmes, ni tampoco regulados los honorarios por lo actuado en las otras instancias.

Contra esa decisión interpuso recurso el actor, contestado por la Caja de Abogados provincial.

El apelante remarcó que posee beneficio de litigar sin gastos y que el crédito generado en una indemnización por daño moral y lesiones a la integridad psicofísica es inembargable.

Consideró que sujetar el retiro de los fondos al pago de los aportes importa una indisponibilidad de fondos, similar a un embargo u otra cautelar, por lo que se estaría actuando como si esa suma fuera garantía común de los acreedores, en el caso La Caja de Abogados.

“Pese a la existencia de dinero embargado -se destaca que no hay aseguradora que responda-, se ha postergado la satisfacción parcial de la reparación de la gran discapacidad del actor -digo parcial, ya que habiendo una liquidación de $ 2.501.876,20, se encuentra depositada la suma de $ 260.016,06, y ese monto es el que intenta percibir el actor- al cumplimiento del art. 21 de la ley 6716, que impediría la transferencia solicitada en la medida que no estén pagados los honorarios, aportes y contribuciones”, explicaron los jueces Jaime Oscar López Muro y Ricardo Daniel Sosa Aubone.

Y agregaron que “en la resolución recurrida se han hecho primar las normas de orden público que hacen a la tutela de los aportes y contribuciones de los profesionales intervinientes sobre las normas que tutelan los derechos humanos, de jerarquía constitucional, en contravención con lo normado por nuestro ordenamiento jurídico (arts. 17, 19, 31, 33 y 75 inc. 22, Const.Nac.; 1, 2, 3, 51, 730, 744 inc. f, 1740, 1741, CCCN; 163, 164 y 384, CPCC)”.

“El nuevo Código Civil y Comercial de la Nación (CCCN), recepta el principio ´pro homine´ al excluir de la prenda común de los acreedores -entre otras- a las indemnizaciones que corresponden al deudor por daño moral y por daño material derivado de lesiones a su integridad psicofísica (art. 744 inc. f del código citado)”, remarcaron.

“Como se colige, para consagrar la tutela efectiva de la integridad psicofísica y moral de la persona, se declara la inembargabilidad de las sumas de dinero compensatorias de los daños a ella producidos. Esta decisión del legislador es un paso adelante trascendente para la protección integral de los derechos humanos de la persona, ya que extiende al ámbito civil el proteccionismo que se deba a las indemnizaciones laborales”, remarcaron.

Por otra parte, tuvieron en cuenta que “el peticionante cuenta con beneficio de litigar sin gastos, lo que lo exime del pago de las costas o gastos judiciales hasta que mejore de fortuna (art. 84, CPCC), sin que corresponda afectar la tercera parte de los valores que reciba -a tenor de lo que permitiría la norma citada-, ya que no cabe duda que, de acuerdo al análisis precedente, la aplicación del artículo 84 del Código Procesal debe meritarse en armonía con lo dispuesto por artículo 744 inciso f CCCN, lo que implica que la indemnización a la que tiene derecho la parte actora en cuanto encuadre en la excepción aludida, no podrá constituirse en la garantía de las costas que irrogó el proceso, ni aún en la porción que menciona el Código de forma”, enfatizaron.

 

 

Luego agregaron que la responsabilidad en el pago de honorarios y aportes, no puede afectar los bienes embargables del cliente y, como lógica consecuencia, tampoco puede inmovilizarlos (arts. arts. 17, 19, 31, 33 y 75 inc. 22, Const. Nac.; 1, 2, 3, 51, 730, 744 inc. f, 1740, 1741, CCCN; 163, 164, 260, 261 y 384, CPCC)”.

“Limitar el análisis de la cuestión al art. 21 de la ley 6716, desconociendo la exclusión de la garantía común que tienen todos los acreedores establecida en el art. 744 inc. f del CCCN, importa una interpretación parcializada de nuestro ordenamiento jurídico, ya que si las sumas que provienen de la reparación de daños psicofísicos y daño moral no pueden ser atacadas por los acreedores, no sería razonable que puedan ser inmovilizadas hasta que se cubran los aportes y honorarios -proceso que en el caso de autos puede demorar varios años-“, indicaron.

La norma provincial estipula que ningún Juez o Tribunal de la Provincia, cualquiera sea su fuero, podrá aprobar o mandar a cumplir transacciones y conciliaciones, hacer efectivos los desistimientos, dar por cumplidas las sentencias, ordenar trámites de entrega, de adjudicación o de transferencia de bienes de cualquier clase que fuere, ordenar cancelación de hipotecas y prendas o levantamiento de embargos, inhibiciones, medidas cautelares u otros gravámenes, devolver oficios o exhortos, dar por terminado un juicio o disponer su archivo, sin antes haberse pagado los honorarios, aportes y contribuciones que correspondan a la presente Ley, de conformidad con su regulación o con su convenio dentro del arancel, con respecto a los profesionales de las partes a quienes beneficie la medida.

Al respecto, los camaristas añadieron que "para consagrar la tutela efectiva de la integridad psicofísica y moral de la persona, se declara la inembargabilidad de las sumas de dinero compensatorias de los daños a ella producidos. Esta decisión del legislador es un paso adelante trascendente para la protección integral de los derechos humanos de la persona, ya que extiende al ámbito civil el proteccionismo que se deba a las indemnizaciones laborales".

De esta manera, ordenaron la transferencia de los fondos embargados, previo descuento de la parte proporcional que corresponda al lucro cesante -esto es del 0,60%-, ya que este último importe deberá quedar depositado a efectos de asegurar el cumplimiento del art. 21 de la ley 6716 y el pago de los honorarios con los términos del art. 84 del CPCC.

 

 

Fuente: Erreius