Ordenan a un juez dictar sentencia en papel porque la firma empleada era electrónica en lugar de digital

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La Sala I de la Cámara Civil y Comercial de Azul decidió remitir las actuaciones al juzgado de origen al advertir que el llamamiento de autos para sentencia cuestionado no se encontraba suscripto por el magistrado de grado en los términos del artículo 288 del Código Civil y Comercial de la Nación, en tanto se trató de una firma electrónica en lugar de digital.
Además, ordenó mantener el dictado de las resoluciones en el formato papel hasta la implementación de aquella en el departamento respectivo.
En el caso “López, Sergio Alejandro c/Medina, Telma y otros s/prescripción adquisitiva breve”, los jueces Esteban Louge Emiliozzi y Lucrecia Comparato destacaron que la firma del juez de primera instancia no era digital, conforme a lo dispuesto por los artículos 2 y 5 de la ley 25506, y además resaltaron que, por el momento, ese tipo de firma no se encontraba implementada en el Departamento Judicial de Azul.
En ese sentido, explicaron que “respecto de la implementación progresiva del uso de la firma digital en los departamentos judiciales de la Provincia de Buenos Aires, el Superior Tribunal de Justicia Provincial ha considerado oportuno postergar dicha formalidad para la siguiente etapa, lo que obliga, en consecuencia, a mantener el dictado de las resoluciones en el formato papel”.
“En este contexto, y en consonancia con la jurisprudencia de diferentes Alzadas de nuestra provincia, corresponde dejar sin efecto el llamamiento de autos y disponer la devolución de los actuados a la instancia de grado a efectos de que se subsane dicha situación”, resolvieron.
Sin perjuicio de lo expuesto, hicieron saber que “atento la necesidad de adaptarse al cambio de paradigma que imponen los avances tecnológicos actuales y la implementación progresiva del expediente digital dispuesto por la Suprema Corte (provincial), considerando que pueden haberse generado evidentes dudas o distintas interpretaciones en cuanto a los alcances que corresponde asignar a la “firma electrónica” en contraposición con la “firma digital” en el marco normativo vigente, esta Cámara ha dispuesto efectuar las consultas pertinentes a la SCBA”.
En el artículo “La firma de los expedientes judiciales digitales en la Provincia de Buenos Aires y a nivel nacional”, publicado en la revista Temas de Derecho Procesal de la editorial Erreius, el especialista Horacio Granero destaca que “han transcurrido unos cuantos años desde la sanción de la ley 25506 de firma digital (2001), y aún existen idas y vueltas para lograr su total implementación, especialmente en el ámbito del expediente digital, desde la sanción de la ley 26685 del año 2011”.
En este sentido, destaca que “no ha sido menor el denodado trabajo que le cupo a la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires en tal sentido, que había intentado brindar firma a los letrados a través de una propia Autoridad de Certificación (AC), diferenciándose así no solo del resto de los poderes judiciales de las demás provincias, sino también de lo que posteriormente harían otros organismos jurisdiccionales como la Procuración de la Corte”.
Sin perjuicio de los esfuerzos realizados hasta el momento y de que la Suprema Corte bonaerense, en su sitio web, la mencione tanto como “firma electrónica” y/o “firma digital”, Granero destaca que “jurídicamente hablando, según la ley 25506, lo cierto es que siempre se trató de firma electrónica y no de firma digital”, y que “los instrumentos firmados por este medio no dejarían de ser documentos “particulares no firmados”, por lo establecido en el artículo 287 del Código Civil y Comercial”.
“Al estar por lo dispuesto por el artículo 288 del CCyCo., solo la firma digital satisface el requisito de firma en un documento electrónico, y por ello, considero que las presentaciones y notificaciones electrónicas en el sistema generado en su momento por la Suprema Corte de Buenos Aires carecen de firma”, agregó.
 Con el dictado por parte de la Suprema Corte de Buenos Aires del acuerdo 3891/2018, que apunta a la creación del Comité de Gestión para la Aplicación de la Firma Digital, se aclara la situación planteada, dado que el mismo hace alusión a “lo dispuesto en el artículo 288 del Código Civil y Comercial y la ley nacional 25506 y su decreto reglamentario, por lo que se reconoce el empleo y la eficacia jurídica de la firma digital en la República Argentina”, y reconoce que “oportunamente la Suprema Corte recurrió a la Autoridad de Aplicación designada en la ley 25506, a fin de obtener la habilitación como Autoridad Certificante del Poder Judicial, conformando el Registro de Firma Digital, operando hasta la actualidad como emisores de certificados de firma electrónica a través de la propia plataforma de la Suprema Corte”, y que “se han llevado a cabo gestiones tendientes a obtener licencia como autoridad certificante de firma digital, encontrándose dicha habilitación en trámite ante el Ente Licenciante de la Oficina Nacional de Tecnología Informática (que se halla en el ámbito del Ministerio de Modernización), bajo expediente Expte. JGM 110777/12”.
“Con dicha acordada, la Corte bonaerense intentaría solucionar el problema de la validez legal de la firma electrónica que se emitiera hasta el presente por parte de ella, a partir de haber dejado de emitir certificados de su propia AC para poder adaptarse a funcionar con el sistema nacional de la ley 25506, conformando una Autoridad de Registro (AR), con lo cual es la propia Corte provincial quien reconoció que lo utilizado hasta el momento es una firma electrónica y no una firma digital, por carecer del requisito legal fundamental, que es haber sido emitida por un certificador licenciado”, destacó Granero.
Y remarcó, por último, que “mientras ambas normativas se encuentren vigentes, la integridad del documento digital y la acreditación de su autoría se cumplen exclusivamente con la firma digital, dado que es el único instituto que reconoce la presunción de integridad del documento (arts. 2 y 8, L. 25506)”.

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Fuente: Erreius