Juicios de filiación: análisis del proyecto de reforma en la Provincia de Santa Fe

Imagen del articulo

Por MARÍA M. GALLI FIANT(*)

JUICIOS DE FILIACIÓN. INSTRUMENTOS PROCESALES PARA UNA JUSTICIA MÁS EFECTIVA

I - MARCO LEGAL, SUSTANCIAL Y PROCESAL

El articulado del Código Civil y Comercial de la Nación (CCyCo.), dentro del Título V del Libro Segundo, da un marco suficiente para el desarrollo de los juicios de Filiación, tanto aquellos que persiguen el emplazamiento como los que procuran el desplazamiento de un estado no acorde con los vínculos biológicos/genéticos. Identifica cada una de las acciones posibles, según cuál sea el vínculo reclamado o impugnado, señala las personas legitimadas para accionar y consagra causales de caducidad, en los casos en que corresponde. De igual modo, señala pautas mínimas en materia probatoria, creadas para garantizar las posibilidades de lograr un emplazamiento concordante con la naturaleza. La regulación de los procesos judiciales para encausar dichas acciones, por su parte, es materia propia de cada una de las Provincias.

Las novedades incorporadas por el Código vigente desde 2015, muy especialmente en materia de Relaciones de Familia, han exigido la reforma de las normas adjetivas para alojar los nuevos escenarios procesales. En esa tarea se encuentra la Provincia de Santa Fe, cuyo Poder Ejecutivo ha enviado un Proyecto de Código Procesal Civil y Comercial a la Legislatura provincial el pasado 20/7/2021.

Dentro del Libro Tercero, Capítulo IV -referido a los Procesos de Familia-, el Título IV del Proyecto está dedicado a los Juicios de Filiación, y en siete artículos (del 592 al 598) desarrolla los instrumentos que consideramos necesarios para una Justicia más efectiva en torno al emplazamiento filiatorio oportuno y veraz. Este trabajo propone una presentación y análisis de las normas proyectadas.

II - EL PROYECTO DE CÓDIGO PROCESAL CIVIL Y COMERCIAL DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

La Comisión técnica designada para la redacción del Proyecto fue instruida para tomar como base un Proyecto de Código Procesal Civil y Comercial que alcanzó media sanción en el año 2018 dentro de la Legislatura provincial. En materia de Procesos de Filiación, aquel proyecto no había previsto norma alguna, por ello asumimos la tarea de construir los dispositivos procesales que consideramos indispensables para abordarlos. Analizamos a continuación, organizados por tema, cada uno de los textos proyectados.

a) Procedimiento y excepciones

Para la tramitación de las acciones de reclamación y de impugnación de la filiación se prevé la vía ordinaria oral. Este procedimiento imprime una dinámica ágil, favorece la inmediación y la participación activa de las partes, vital en procesos de esta naturaleza donde están pendientes los vínculos filiales -y los de parentesco que son su consecuencia- hasta tanto se dicte una sentencia.

En el mismo artículo 592 se dispone que la caducidad de la acción debe invocarse como excepción previa. Con esta solución se pretende el agotamiento de este debate antes de que las partes se adentren en el fondo de la contienda acerca de los vínculos reclamados o impugnados. La caducidad de la acción es invocable contra todos los legitimados activos distintos del hijo en las acciones de impugnación, y contra los herederos del hijo que promuevan la acción de reclamación luego de su fallecimiento. Las causales de caducidad previstas en el Código de fondo están vinculadas con el tiempo transcurrido desde la inscripción del nacimiento o desde el conocimiento que el actor haya tenido respecto de los vínculos genéticos distintos del emplazamiento. La caducidad de la acción nunca es oponible al hijo que reclama o impugna su filiación materna o paterna, independientemente del tiempo transcurrido o de los motivos que lo hayan llevado a demandar en determinado momento.

El trámite como excepción no es excluyente en caso de que el demandado demuestre que los hechos en los que se funda no eran conocidos por él al tiempo de la notificación de la demanda. Esta posibilidad excepcional busca evitar que se habiliten cuestionamientos de los vínculos filiales por parte de aquellos cuya acción ha fenecido, dadas las consecuencias jurídicas y subjetivas que acarrean este tipo de procesos.

La última parte del mencionado artículo 592 proyectado prescribe que “La excepción de cosa juzgada no procede ante la sentencia firme que rechazó una demanda de reclamación de la filiación si en el juicio no se produjo la prueba genética”. Siguiendo un criterio reiterado en la Jurisprudencia, el rechazo de la reclamación de la filiación materna o paterna, matrimonial o extramatrimonial no clausura el derecho a demandar cuando aquella sentencia firme no se dictó a la vista de los resultados negativos de una prueba genética. El fundamento está en el respeto del derecho a la identidad del hijo -actor por excelencia en estas acciones-.

b) Prueba genética

El CCyCo. en el artículo 579 consagra la regla de amplitud probatoria en cuanto a los medios admisibles y en cuanto al impulso en cabeza de las partes y del magistrado, y en esto reitera la regla incorporada al Código Civil por la ley 23264 en 1985.

Dicha norma no está exenta de críticas. Por nuestra parte, hemos cuestionado la tibieza de la solución indicada para el caso de imposibilidad de efectuar la prueba genética sobre alguna de las partes, porque obliga a intentar la producción de la prueba con los parientes por naturaleza hasta el segundo grado y solo si ninguna de estas alternativas es posible, el juez valorará la negativa como indicio grave en contra del renuente.

También la redacción del artículo 580 del Código de fondo, dedicado a la prueba genética “post mortem”, nos ha merecido observaciones. Reconocemos como positivo que se haya previsto expresamente la admisibilidad de la exhumación del cadáver, pero la regulación es deficiente.

En el Proyecto de Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Santa Fe hemos diseñado una nueva dinámica para los juicios de reclamación e impugnación de la filiación, a partir de dos ejes centrales: que la cuestión a resolver en todos los casos gira en torno a la existencia o inexistencia del nexo biológico/genético, y que las pruebas periciales genéticas son las que permiten en forma inmediata la revelación del nexo biológico. Asimismo, hemos previsto el valor procesal de la negativa a someterse a la prueba en consonancia con su trascendencia.

Compartimos los textos completos de las dos normas proyectadas para realizar, a continuación, un análisis pormenorizado de su contenido:

El texto de la primera de ellas es el siguiente:Artículo 593 - Prueba genética: La prueba genética es de producción prioritaria. Desde el inicio del proceso, a petición de parte o de oficio, el juez podrá ordenar su realización. El informe pericial se incorporará al expediente y se correrá traslado a las partes por el término común de cinco (5) días. Vencido el plazo, o resueltas las impugnaciones en su caso, el juez convocará a las partes a una audiencia con citación del Ministerio Público si hubiera partes menores de edad, incapaces o con capacidad restringida, a fin de que concilien sus pretensiones a la luz de los resultados de la prueba genética. Los acuerdos logrados se registran en el acta de audiencia, o podrán ser presentados por las partes conjuntamente dentro de los cinco (5) días posteriores. El juez dictará sentencia de conformidad con los resultados de la prueba genética acerca de los vínculos reclamados o impugnados, y homologará los acuerdos de partes. En ausencia de acuerdos, el juez dictará sentencia de conformidad con los resultados de la prueba genética acerca de los vínculos reclamados o impugnados, y proseguirá el proceso respecto de las demás cuestiones en litigio, según su estado”.

A continuación, el otro dispositivo proyectado se refiere específicamente a la producción de la prueba: Artículo 594 - Costo. Negativa a someterse a la prueba. El costo de realización de la prueba genética estará a cargo de quien el juez determine, según las circunstancias del caso. A falta de recursos suficientes, se habilitará la producción de la prueba conforme lo previsto en la Ley Provincial 11326 o la que la reemplace. La negativa injustificada a someterse a la prueba, o la ausencia injustificada a la segunda audiencia fijada para la extracción de material necesario para la prueba, será valorada como presunción contraria a la posición del renuente, sin perjuicio de las medidas que el juez puede disponer para compeler a la realización. Cuando la negativa o la ausencia sea atribuible al representante legal de la persona menor de edad, incapaz o con capacidad restringida de quien debe obtenerse material, se le aplicará una sanción pecuniaria equivalente a dos (2) unidades Jus por cada incumplimiento”.

 

Este contenido forma parte de Temas de Derecho de Familia, Sucesiones y Bioética de Erreius. Si sos suscriptor, podés ingresar al artículo completo haciendo clic acá.


Si aún no sos suscriptor, podés ingresar al artículo completo haciendo clic acá

 

(*) Abogada especialista en Derecho de Familia de la UNL - Profesora titular ordinaria de Derecho de Familia de la Fac. de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNL y de la Fac. de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Católica de Santa Fe - Codirectora de la Especialización en Derecho de Familia, UNL - Directora del Registro de aspirantes a guarda con fines adoptivos de la Provincia de Santa Fe

Suscripción Civil

Fuente: Erreius