Aplican la extinción de dominio y ordenan la subasta de tres inmuebles que pertenecían a un exintendente

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El Poder Judicial de Mendoza aplicó la ley provincial 9.151 de Régimen Procesal de la Acción Civil de Extinción de Dominio, en una causa por enriquecimiento ilícito, donde el Estado ordenó la subasta de tres inmuebles que pertenecían a un exintendente del partido de Guaymallén.

La ley N° 9.151 fue aprobada en 2019. En nuestro país, el proyecto de ley de extinción de dominio surgió en el año 2016 y obtuvo media sanción de la Cámara de Diputados. En 2018 el Senado lo aprobó, pero con diversas modificaciones con respecto al original de Diputados, el cual había tomado como ejemplo a la Ley Modelo de la Unidad de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc). Al estar trabado el trámite legislativo, el Poder Ejecutivo dictó un DNU.

Entre los objetivos de la normativa está “quitar a los responsables, los bienes obtenidos a consecuencia de delitos como la corrupción, los delitos contra la Administración Pública, el narcotráfico, la trata de personas, el terrorismo y demás que afectan el normal funcionamiento de las instituciones democráticas y republicanas”.

En el caso “M.P.F. c/L. L.A. Y S. C.V. P/de conocimiento”, el 10 de agosto de 2017, los demandados fueron imputados por el delito de enriquecimiento ilícito de funcionario público, previsto y sancionado por el art. 268 del Código Penal.

En la causa se determinaron los bienes que adquirió cada uno de los demandados entre el 1 de octubre del año 2003 y el 26 de noviembre del año 2015, y la Fiscalía de Estado de la Provincia los intimó a que justificaran su procedencia, pero el emplazamiento no fue contestado por ninguno de ellos.

Por ese motivo, la Fiscal de Delitos Económicos solicitó la traba de embargo de los bienes, como así también el secuestro de los automotores, porque entendió que fueron incorporados al patrimonio de los demandados con posterioridad a la fecha de presunta comisión del delito investigado y que no correspondían con los ingresos de su titular, o representan un incremento patrimonial injustificado, por lo que puede razonablemente presumirse que provienen directa o indirectamente de la comisión del delito de enriquecimiento ilícito de funcionario público.

El abogado defensor de la parte demandada solicitó que se rechace el pedido de la fiscal, planteó la inconstitucionalidad del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 62/2019 y de la ley provincial 9.151.

Sobre el decreto de necesidad esgrime que no se configuran, en el caso, los requisitos para justificar el estado de necesidad y urgencia indispensable para dictar el DNU en cuestión.

Afirma que el art. 99, apartado 3°, de la Constitución Nacional solo autoriza el dictado de este tipo de decreto en los casos en que circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos en la Carta Magna y que tales circunstancias no se encontraban acreditadas, siquiera invocadas en los considerandos del mentado decreto.

Al respecto, destacó que la imposibilidad de cumplir con el trámite legislativo alegado no es tal, por cuanto el proyecto se encontraba en el Congreso, siguiendo los “trámites normales” para su sanción, sumado a que la caducidad del plazo para ser tratado acaecería recién el 29 de febrero de 2020; es decir que al momento de incoar la presente causa el proyecto aún podía ser tratado, por lo que no existía impedimento alguno para continuar con el trámite normal del dictado de la ley.

Respecto de la ley provincial nro. 9.151, adujo que “no es más que la regulación de forma del DNU; por lo que su vigencia depende de la validez del DNU”. En consecuencia, cuestionó que la ley provincial haya regulado el instituto en el marco del fuero civil, ya que “se trata de una consecuencia punitiva accesoria a un delito, por lo que su naturaleza es netamente penal, y debiera haberse regulado dentro del mismo”.

El defensor señaló también que el Derecho Argentino contaba ya con una institución acorde y constitucional para lograr el objetivo del DNU, que es la figura del decomiso, regulada en el art. 23 del Código Penal, por lo que califica a la extinción de dominio como una figura inventada con el objeto de buscar una vía alternativa -civil- cuyo fin es privar a la persona de sus bienes en el menor tiempo posible y sin sentencia condenatoria, violando las garantías constitucionales y los derechos fundamentales y con la vedada finalidad de captar votos en el año electoral.

La magistrada explicó que la extinción de dominio "se trata de una acción orientada a discutir la licitud de la causa por la que un bien fue incorporado a un patrimonio y, en ese sentido, no representa una novedad dentro del régimen de derechos civiles en nuestro país (a modo de ejemplo citó las acciones de enriquecimiento sin causa o de repetición por pago sin causa)".

"Por ello, el éxito de una acción de esta naturaleza no configura en absoluto una sanción ni una medida accesoria a la pena, no solo porque se tramita de forma independiente y contra personas que no se encuentran condenadas en sede penal, sino incluso porque se fundamenta en razones diversas", agregó.

Con respecto al DNU, destacó que “lo que se debe evaluar es si los tiempos necesarios para el debate legislativo resultan incompatibles con los fines buscados, pues, como bien lo reconocen los accionados, estaba a estudio del Congreso un proyecto de ley sobre el régimen de la acción de extinción de dominio que llevaba más de dos años de trámite legislativo sin resolución”.

Y remarcó que la cuestión pasa por “evaluar el presupuesto fáctico que justificaría la adopción de decretos de necesidad y urgencia y, en este sentido, corresponde descartar criterios de mera conveniencia ajenos a circunstancias extremas de necesidad”.

En definitiva, consideró que “lo que se debe verificar es que la necesidad y urgencia invocada no sea la del PEN en imponer su agenda -habitualmente de origen político circunstancial- sustituyendo al Congreso de la Nación en el ejercicio de la actividad legislativa que le es propia, sino la de la sociedad en su conjunto”.

En ese sentido, no tengo duda alguna en cuanto a que en nuestro país y en nuestra provincia tanto la lucha contra el crimen organizado como contra la corrupción configuran gravedad institucional, en tanto excede el interés de las partes y atañe al de la comunidad, y es por ello que la sociedad toda exige del Estado acciones concretas tendientes a tal fin”, remarcó.

Lo ideal hubiera sido que los representantes del Poder Legislativo aunaran esfuerzos para tratar y sancionar -con las modificaciones que creyeran necesarias para lograr el consenso- el proyecto de ley en trámite, al no ocurrir ello, no puedo menos que concluir que se encontraba el Poder Ejecutivo de la Nación habilitado para el dictado del DNU cuestionado, dado que la lucha contra la corrupción y el crimen organizado (razones invocadas en los considerandos del DNU 62/19) encuadran dentro de la excepcionalidad prevista por el art. 99, inc. 3°, tercer párrafo, de la Constitución Nacional y no obsta a ello el dictamen realizado por la Comisión Bilateral a la que aluden los demandados en su responde, concluyó.

Es que el Congreso no ha convalidado el dictamen de rechazo votado por la mayoría de la Comisión Bicameral, sino que, de manera tácita, ha adoptado el dictamen de minoría a favor de la validez del DNU.

Con este temperamento, puedo válidamente considerar que la necesidad y urgencia invocadas para el dictado del DNU 62/19, fueron evaluadas por el Congreso e implícitamente convalidadas -conforme a la citada ley 26.122-, pese al dictamen de rechazo puesto a su consideración”, enfatizó.

Así la jueza María Paz Gallardo resolvió admitir parcialmente la acción y, en consecuencia, declaró extinguido el dominio de los demandados respecto de tres inmuebles, sin contraprestación ni compensación alguna, así como de sus frutos y productos, en caso de resultar aplicable.

 

 

Fuente: Erreius