Dictan cautelar para suministrar dióxido de cloro a un paciente internado con Covid-19

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El Juzgado Civil y Comercial Federal nº 7 habilitó la feria judicial y admitió una medida cautelar que obligaba al Sanatorio Otamendi a administrar el uso del ibuprofenato de sodio a través de nebulizaciones y de dióxido de cloro mediante vía intravenosa a un paciente internado con Covid-19, prescripto por su médico personal.

La acción fue interpuesta por el hijo por afinidad del paciente, cuya madre también falleció por el virus, ante la falta de respuesta a los tratamientos con oxígenos habituales y el grave estado en que se encuentra por parte del sanatorio y de los médicos tratantes.

El juez Javier Pico Terreo destacó, a los fines de considerar la procedencia de la medida cautelar, recordó que la nueva normativa constitucional incorporó con jerarquía constitucional una nómina de tratados internacionales de derechos humanos.

Estos pactos internacionales contienen cláusulas específicas que resguardan la vida y la salud, según surge del art. VII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; del art. 25, inc. 2, de la Declaración Universal de Derechos Humanos, de los arts. 4°, inc. 1° y 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos -Pacto de San José de Costa Rica-, del art.24, inc. 1°, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y del art. 10, inc. 3°, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, vinculados con la asistencia y cuidados especiales que se les deben asegurar”, enfatizó.

Y destacó que “ese último tratado reconoce el derecho de todas las personas a disfrutar del más alto nivel posible de salud física y mental, así como el deber de los estados partes de procurar su satisfacción”.

Luego agregó que “las medidas cautelares, ante todo, más que hacer justicia están destinadas a dar tiempo a la justicia para cumplir eficazmente su obra. De allí que para decretarlas no se requiera una prueba acabada de la verosimilitud del derecho debatido, extremo que solo puede ser alcanzado al tiempo de la sentencia, ni sea menester un examen exhaustivo de las relaciones que vinculan a las partes cuya índole y extensión han de ser dilucidadas con posterioridad”.

Además, remarcó que “la verosimilitud del derecho equivale, sino a una incontestable realidad, al menos a la probabilidad de la existencia del derecho en cuestión, pues este recaudo es materia susceptible de grados y está influido por la índole del reclamo principal, del que no puede ser desvinculada la medida”.

Por lo que consideró que la documentación presentada, donde se detalla el estado del paciente, los tratamientos realizados y su condición actual resultan suficientes para comprobar la verosimilitud del derecho y ordenar a la entidad a proveer el tratamiento solicitado por la parte.

Al respecto, el juez detalló que de las pruebas se desprende que el hombre “presenta SARS COVID 19 GRAVE” con “compromiso pulmonar severo” y con saturación de hemoglobina que “se encuentra en descenso". En este sentido, precisó lo “categórico y determinante” que resultaba la prescripción médica acompañada a través de la cual el Dr. Sante A. Converti expresa que “el paciente se encuentra en muy grave estado de salud por lo que se solicita la autorización de manera muy urgente”.

Para el magistrado, “la situación de salud que aquejaba a la accionante y la normativa protectoria vigente suponen, en principio, la necesidad de arbitrar las herramientas que aseguren una prestación médica eficaz y que hagan a la conservación y mejoramiento de su estado general de salud”.

Tales aspectos pues, lucen suficientes -en este estadío liminar del proceso- a fin de acceder a la petición cautelar esgrimida pues, en principio, es preciso asegurar de quien deba recibir una prestación, acceda a ella en forma efectiva y eficaz, lo que permite también concluir que concurre el requisito del 'periculum in mora' que torna procedente la petición cautelar”, agregó el juez.

Para el magistrado, a la luz de la documentación acompañada, no se advertía una imposibilidad de orden médica para la implementación de los tratamientos prescriptos y adecuado al caso, que además, desde su punto de vista, es de urgente realización ya que puede mejorar el diagnóstico y el tratamiento consecuente con adoptarse de manera inminente o, en su caso, salvar la vida del paciente.

"La situación de salud que aqueja a la accionante y la normativa protectoria vigente suponen, en principio, la necesidad de arbitrar las herramientas que aseguren una prestación médica eficaz y que hagan a la conservación y mejoramiento de su estado general de salud", remarcó Pico Terreo.

El fallo destacó que la cobertura de los tratamientos indicados no ocasionaría un grave perjuicio para la demandada, "pero evita, en cambio, el agravamiento de las condiciones de vida de la actora, circunstancia esta que torna procedente la petición cautelar".

Horas más tarde de que le suministraran dióxido de cloro, como había indicado el fallo judicial, el paciente falleció. El abogado de la familia confirmó que la sustancia tuvo que ser suministrada por un neurocirujano externo a la clínica ya que la institución se negó a hacerlo. Ahora la familia del paciente fallecido denunciará al Otamendi por desacatar la orden judicial.

Accede al fallo haciendo clic aquí.

Fuente: Erreius