Autorizan el trasplante de riñón entre dos amigos tras comprobar la estrecha relación que los unía

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El juez Héctor Rollán, titular del Primer Juzgado Civil de la ciudad de San Juan, autorizó la ablación del órgano (uno de los riñones) de una mujer para un hombre de 36 años (con quien mantiene una relación estrecha de amistad), que tiene insuficiencia renal crónica terminal desde el año 2015.

El pedido fue realizado por la Sra. A. I. en los términos de los arts. 22 y 67 de la Ley Nacional 27.447, para que implanten uno de sus riñones al Sr. G. E. B.

Relata que conoce al joven desde que era un niño, por ser amiga de su hermana y de su familia; que fueron vecinos en su infancia y juventud, y que compartieron juntadas, fiestas y cumpleaños familiares.

Destacó que la hermana del joven también sufrió la misma enfermedad, pero que logró recibir la donación de un riñón de un donante cadavérico. Sin embargo, remarcó que ya se había sometido a todos los estudios para llevar a cabo la ablación.

Luego de todo eso, relató que comenzó a ver el deterioro de G., por lo que ante esa situación, decidió ayudarlo, ofreciéndole a donarle su riñón, por lo que voluntariamente comenzó a realizar los estudios para determinar la compatibilidad de ambos. Los estudios informaron que eran compatibles.

Agregó que ha sido debidamente informada, de manera suficiente y clara, de los riesgos de la operación de ablación e implante, sus secuelas físicas y psíquicas, ciertas o posibles, la evolución previsible y las limitaciones resultantes, como las posibilidades de mejoría que verosímilmente pueden resultar para G.; siendo la donante una persona plenamente capaz, prestando su consentimiento para realizar la intervención quirúrgica de ablación de uno de sus riñones y su posterior implante al Sr. G. B.

Aclaró que el joven agotó todos los medios y alternativas terapéuticas posibles para lograr la mejoría, quedándole como último recurso someterse a un trasplante de riñón, ya que padece Insuficiencia Renal Crónica (IRC) Estadio 5.

El magistrado del caso “I., A. s/ autorización judicial de ablación de órgano” explicó que “la acción instaurada por la Sra. I. tiene fundamento legal en el ámbito nacional en la Ley 27.447, la que tiene por objeto regular las actividades vinculadas a la obtención y utilización de órganos, tejidos y células de origen humano, en todo el territorio de la República Argentina, incluyendo la investigación, promoción, donación, extracción, preparación, distribución, el trasplante y su seguimiento”.

Dicha norma, en su art. 71, deroga la Ley Nacional 24.193; y en el ámbito sanjuanino, rige la Ley Provincial Nº 562-Q.

Las normas mencionadas solo han previsto la ablación de órganos de donante vivo en un reducido círculo de parentesco del receptor. En efecto, el art. 22 dice: Limitación. Solo estará permitida la ablación de órganos y tejidos en vida con fines de trasplante sobre una persona capaz mayor de dieciocho (18) años, quien puede autorizarla únicamente en caso de que el receptor sea su pariente consanguíneo o por adopción hasta el cuarto grado, o su cónyuge, o una persona con quien mantiene una unión convivencial, conforme la normativa vigente”, indicó el juez Rollán.

En todos los casos es indispensable el dictamen favorable de los profesionales a cargo de la realización del trasplante.; norma que guarda una similar redacción al anterior art. 15 de la Ley 24.193”, agregó el magistrado.

Posteriormente, remarcó que “dicha limitación legal no es caprichosa, ya que el espíritu del legislador ha sido el de amalgamar por un lado, un acto de extrema generosidad humana, como es la donación por parte de un donante vivo de un órgano de su propio cuerpo, es decir, un acto de verdadero amor despojado de toda intencionalidad que no sea otra que busque el mejoramiento de la calidad de vida del receptor; y por otro lado, evitar el tráfico comercial de órganos de donantes vivos que conviertan la ablación en una fuente de ingresos en perjuicio del propio donante”.

De este modo, cuando el donante vivo no está comprendido dentro del reducido círculo de parentesco que prevé el art. 22 citado, debe obtener la autorización judicial, a través del procedimiento especial urgente previsto en el art. 67 de la Ley 27.447. Es decir que la ablación de órganos de un donante vivo constituye una excepción a la regla, por lo cual la autorización judicial debe ser concedida de manera restrictiva, cuando no quede duda alguna al sentenciante, apoyado en los estudios médicos previos de Histocompatibilidad y en los informes de los profesionales, auxiliares de justicia, que no solo estudian el caso particular desde la perspectiva físico-médica, sino también desde un abordaje psíquico, social, familiar y económico de ambos sujetos intervinientes.

En el caso concreto, todos los profesionales, funcionarios y magistrados intervinientes interrogaron exhaustivamente a la donante y al receptor, a fin de despejar cualquier duda y/o suspicacia que pudiera existir, siendo indagados en cuanto a sus aspectos familiares, económicos, físicos, sociales, laborales, etc.; incluso si la donante tenía cabal conocimiento e información respecto al acto de la donación y las implicancias o posibles secuelas físicas y/o psíquicas que dicha decisión podría conllevar; como así también respecto a la posibilidad de ser rechazado el cuerpo extraño (riñón).

Sobre la base de todo lo expuesto, estimó “prudente y justo conceder autorización judicial para efectuar trasplante de órgano (riñón) de donante vivo, habiéndose descartado cualquier tipo de intencionalidad material y/o económica en la persona de la donante, que no sea otra que su verdadera finalidad altruista en vista al mejoramiento de la calidad de vida del receptor, con quien le une una relación de amistad de años”.

Por último, destacó que “si bien la Sra. I. ha prestado en todo momento su expreso consentimiento a donar uno de sus riñones, se deja a salvo su derecho a revocar su consentimiento, en los términos del art. 27 de la Ley 27.447”.

Dicho artículo dice: Revocación del consentimiento. En todos los casos el consentimiento brindado para la ablación o para la implantación puede ser revocado hasta el instante mismo de la intervención quirúrgica, mientras se conserve la capacidad de expresar su voluntad, sin responsabilidad alguna. Asimismo, la retractación del dador no genera obligación de ninguna clase.

Acceda al fallo aquí.

Fuente Erreius