Revocan una donación por ingratitud del hijo, ya que no le pasó alimentos a su padre sin recursos

Imagen del articulo

La sala G de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil revocó una donación por ingratitud solicitada por un hombre, ya que su hijo no le pasó los alimentos estipulados en un juicio, pese a que contaba con los medios suficientes para hacerlo.

En el caso “G. J. R. c/ G. P. W. s/ revocación de donaciones”, la sentencia de primera instancia, después de rechazar las defensas de caducidad y prescripción opuestas por el demandado, hizo lugar al pedido de revocación de donación por ingratitud interpuesta por J. R. G. contra su hijo P. W. G., respecto de tres inmuebles que le había entregado.

El magistrado consideró que se había demostrado “la configuración por parte del donatario de la causal de ingratitud invocada (rehusar a pasar alimentos)”, en virtud de una condena en un juicio por alimentos.

El fallo fue apelado por el vencido, quien adujo que su padre contaba con patrimonio suficiente para solventar sus gastos.

Al analizar el caso, los camaristas explicaron que “la donación, a diferencia de los testamentos y los legados que no confieren un derecho actual, es, en principio, irrevocable, pues de lo contrario resultaría incierto el derecho transferido al donatario”.

Luego, señalaron que la ley prevé supuestos de revocación, entre los que se encuentra la admitida por causa de ingratitud (art. 1571 del Código Civil y Comercial de la Nación), y que el donatario tiene un natural deber de gratitud respecto de quien lo ha beneficiado, frente a cuyo incumplimiento la ley habilita al donante a demandar la ineficacia de la liberalidad.

Entre los casos de ingratitud, el Código Civil y Comercial de la Nación (al igual que el Código Civil derogado) contempla la negación de alimentos (art. 1571, inc. d), con la aclaración de que solo puede tener lugar cuando el donante no puede obtenerlos de las personas obligadas por las relaciones de familia (art. 1572).

Además, el artículo 1573 dispone que la acción se extingue si el donante, con conocimiento de causa, perdona al donatario, o no la promueve dentro del plazo de caducidad de un año de haber sabido del hecho tipificador de la ingratitud.

En el caso bajo análisis, el demandado opuso la defensa de caducidad con fundamento en que el actor inició un juicio de alimentos en su contra en septiembre de 2013, mientras que promovió el presente pleito en septiembre de 2016, vencido el aludido plazo anual.

Los camaristas Carlos Carranza Casares, Carlos Bellucci y Gastón Polo Olivera coincidieron con el juez de la causa en cuanto a que el juicio de alimentos y el de revocación de donación han tenido el mismo objeto probatorio: la necesitad de tal prestación y la negativa a satisfacerla. El último de los procesos iniciados ha sido decidido sobre la base de la prueba y las conclusiones del primero.

Y señalaron que entre la resolución del proceso por alimentos y el que promovió la revocación no transcurrió el aludido plazo anual, por lo que no cabía admitir la caducidad planteada.

“El breve plazo previsto en el art. 1573 se justifica porque si el donante después de conocer la ofensa lo deja transcurrir, ha de presumirse que ha perdonado al donatario; y, en el caso, tal perdón en modo alguno puede ser presumido, desde que el donante ha llevado a juicio al donatario en razón de la causal de la revocación”, explicaron.

Para el caso estimaron que estaba claramente expresada la negativa de un perdón y que se había iniciado oportunamente un juicio, que ha operado como presupuesto del reclamo revocatorio, por lo que admitir la caducidad importaría desconocer la finalidad de la ley y aceptar un ejercicio abusivo del derecho vedado por el ordenamiento jurídico (art. 10 del Código Civil y Comercial de la Nación).

También remarcaron que “la pensión alimentaria configura una prestación periódica continuada o duradera, devenida de lo que se ha dado -con acierto- en llamar génesis fluyente, aludiendo a los períodos en que aquella se devenga, y ello es así por cuanto las prestaciones periódicas nacen paulatinamente y a pro rata temporis a medida que va sucediendo su causa en función del tiempo y donde no hay prestaciones parciales de un único objeto inicial sino tantos objetos como obligaciones parciales existen que conforman prestaciones sucesivas e independientes unas de otras y donde el factor tiempo no solo influye estructuralmente en la forma de su cumplimiento sino que, esencialmente, hace a su exigibilidad y perfección”.

Dado que tal negativa se mantuvo en el tiempo, los camaristas consideraron que la causal de la revocación se ha renovado constantemente, en función del reiterado incumplimiento del pago de alimentos, y al iniciarse este pleito no había transcurrido un año desde el cese del comportamiento ingrato.

Por otro lado, también tuvieron en cuenta que en el juicio de alimentos quedó demostrada la insuficiencia de medios económicos del peticionario, la imposibilidad de adquirirlos por su cuenta en función de su avanzada edad (94 años en la actualidad) y su condición de deudor del sistema financiero; como así también que el demandado contaba con medios suficientes para afrontar la cuota fijada.

Al suscribir la Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores (ley 27.360), el Estado ha asumido el compromiso de prevenir, sancionar y erradicar prácticas contrarias a la convención, como la negación de nutrición o el abandono, entendido este como la falta de acción, deliberada o no, para atender de manera integral las necesidades de una persona mayor, que lo ponga en peligro.

Sobre la base de estos argumentos, confirmaron el pronunciamiento apelado.

En el artículo “La donación como contrato a la luz del Código Civil y Comercial”, publicado en Erreius online, José A. Barbón Lacambra explicó que “la revocación de la donación es el acto por el cual el donante o sus herederos, en los casos previstos por el Código, solicitan al juez que la propiedad de la cosa transferida al donatario vuelva a su patrimonio”.

“No se trata de un acto con eficacia jurídica intrínseca, por lo que la revocación solo puede ser decidida en un debido proceso en el que los donatarios y/o sus herederos han de ser escuchados y en función de las causales taxativamente dispuestas en el artículo 1569 del CCyCo.”, agregó.

Y señaló que “la ingratitud como causal de revocación de la donación consiste no en hechos o actos que deba el donatario al donante, sino en conductas que el donatario lleva a cabo contra el donante”.

Para apreciar la gravedad de la injuria, el especialista indicó que deben tenerse en cuenta la educación, la posición social y las demás circunstancias de hecho que puedan presentarse, y que la acción tendiente a revocar una donación no puede válidamente fundarse sino en una injuria de tal gravedad que suponga una intención culpable. Por último, señala que las conductas han de ser estimadas con amplio criterio interpretativo.

Acceda al fallo aquí

Fuente Erreius