Rechazan demanda de alimentos de un joven de 24 años porque cursaba una carrera rentada

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La Cámara Civil y Comercial de la ciudad de Salta confirmó el rechazo a una demanda de alimentos impulsada por un joven de 24 años, que cursaba una carrera en el Colegio Militar de la Nación, contra su padre, ya que aquel desarrollaba una actividad rentada que le permitía cubrir sus necesidades básicas.

Así, en su condición de estudiante que percibía un ingreso mensual propio, los magistrados consideraron que debía probar que -pese a ello- no contaba con los medios económicos suficientes para hacer frente a sus necesidades y destacaron que, en estos casos, la carga de la prueba pesaba sobre el alimentado.

En el caso “M. O., Q. I. c/M., H. B. s/alimentos”, el juez de primera instancia había rechazado la demanda de alimentos deducida por el joven ya que, de conformidad con el artículo 663 del Código Civil y Comercial, le correspondía al hijo probar que la preparación profesional le impedía proveerse de medios para sostenerse económicamente.

El padre expresó que la obligación del pago de la cuota alimentaria debía cesar porque su hijo es cadete del Colegio Militar de la Nación, cuya carrera es rentada, conforme lo acreditado con su recibo de haberes, que le provee de medios suficientes para su sustento personal (alimentos y vivienda).

En ese punto, el Fiscal de Cámara expresó que las exigencias de procedencia de esta obligación alimentaria, diferente a la derivada en forma estricta de la responsabilidad parental, que se encuentra extinguida, y de las normas del parentesco son varias: 1) ser hijo de entre 21 y 25 años; 2) encontrarse realizando estudios o en preparación profesional, artística o de cualquier oficio y 3) que la prosecución de tales estudios o preparación le impida obtener los recursos necesarios para mantenerse en forma independiente.

El representante del ministerio público señaló que el actor no demostró este último requisito, en tanto se encuentra en la Escuela Militar del Palomar, sin probar que los ingresos provenientes de la beca otorgada le impidan autosustentarse y no acreditó cuáles son las necesidades que debe satisfacer y que no se encuentren cubiertas por su sistema de estudios. Además, advirtió que el apelante pretende desplazar la carga de la prueba en su progenitor, cuando le correspondía a su parte demostrar su carencia de recursos económicos.

“El recaudo de la imposibilidad de trabajar -en el caso particular de los hijos mayores de 21 años que estudian- no necesita ser absoluta, bastando que el desarrollo de tareas laborales signifique desatender las necesidades de formación profesional o científica”, explicaron los camaristas de la Sala III, Marcelo Ramón Domínguez y María Inés Casey.

“Así, la obligación alimentaria de los padres subsiste hasta el fin de la educación de los hijos, siempre y cuando no se invoque y pruebe una situación de vulnerabilidad (como por ejemplo sería su discapacidad), en tanto el artículo 17 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos obliga a receptar diferentes herramientas legales para proteger a los miembros de la familia que, por alguna circunstancia, se encuentren en una situación de desventaja y, por ende, de desprotección”, agregaron.

En este tipo de casos, los jueces enfatizaron que “quien requiere los alimentos previstos en el artículo 663 del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación debe acreditar que cursa estudios, cursos o carreras de formación profesional o técnica, o de oficios o de artes; que realiza su formación de modo sostenido, regular y con cierta eficacia, de acuerdo con las circunstancias de cada caso, y que dicha capacitación sea de una intensidad tal que no le permita proveer a su sostenimiento”.

“La obligación reposa sobre un doble sustento: la necesidad imperiosa de procurar la conservación del individuo y el concepto de solidaridad familiar”, remarcaron, y rechazaron el recurso por falta de pruebas.

Cuándo procede

La obligación alimentaria deriva de la responsabilidad parental y es amplia, pues surge de los derechos, ­deberes de crianza y educación de los hijos, más allá de reconocer el origen primario en la filiación.

El cambio terminológico de “patria potestad” por la de “responsabilidad parental” se ha realizado de conformidad con el artículo 5 de la Convención sobre los Derechos del Niño, que alude, en primer término, a las “responsabilidades” de los padres, y el artículo 7 de la ley 26061, que se refiere a la “responsabilidad familiar”.

En el artículo “La responsabilidad parental en el Código Civil y Comercial de la nación. Nuevos conceptos para realidades cambiantes”, publicada en Erreius online, Diego Mielnicki y Facundo J. Roitman explican que “la regla general de prestar alimentos (junto a la crianza y educación) como obligación y derecho del progenitor llega hasta los 21 años del hijo salvo que el obligado acredite que el hijo mayor de edad cuenta con recursos suficientes”.

La obligación de proveer recursos al hijo mayor de edad que se capacita es hasta los 25 años cuando no pueda proveerse de medios para sostenerse independientemente. En este punto, señalan que la prueba juega un carácter fundamental.

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Fuente Erreius