Ordenan desalojar a una mujer que vive en una propiedad de su exconcubino

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La Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de Neuquén confirmó un fallo que ordenó el desalojo de una mujer de una vivienda en la que vivió en concubinato con su pareja durante más de 10 diez años y que pertenece a este último.

En el caso “S.A L. A. c/ B. E. s/ desalojo sin existencia de contrato de locación (comodato), ocupación,  el hombre pidió que se ordene a su expareja que abandone el hogar que ambos compartieron.

La mujer se defendió argumentando que el inmueble fue comprado gracias al esfuerzo de ambos,  que es poseedora legítima, que vive en el inmueble a título de dueña y con carácter público, pacífico e ininterrumpido. También señaló que suexpareja abandonó el hogar tras una pelea hacía más de 3 años y nunca se lo reclamó

Según consta en la causa, el actor reviste la calidad de único propietario de la vivienda, por lo que la jueza de primera instancia hizo lugar a la postura del hombre.

 La decisión fue apelada por la ex concubina, quien señaló que convivió con el accionante en ese inmueble, que fue adquirido en común por lo que consideraba que no tenía obligación de restituirlo ya  que existió una relación que los unió.

En su apelación sostuvo que se hizo una errónea valoración de la prueba, específicamente, en torno al boleto de compraventa, el que carece de fecha cierta y firma certificada.

Y esgrime que el boleto no acredita la obligación de devolver el inmueble porque, desde su punto de vista, ha quedado acreditado que el inmueble fue adquirido por las partes durante la vida en común, siendo un indicador del esfuerzo conjunto, el nivel socio económico de las partes.

Desde el punto de vista de los magistrados de la sala I, Cecilia Pamphile y Jorge Pascuarelli, “la demandada no desconoce el carácter de propietario del actor, sino que sostiene que también reviste tal calidad”, y que con relación a esto último “no hay elementos serios que permitan sostenerlo”.

En este sentido, indicaron la prueba reunida en la causa es insuficiente para tener por acreditada su calidad de co-propietaria y, desde allí, para enervar el proceso de desalojo.

Luego indicaron que “en el juicio de desalojo, en principio, no resulta atendible el argumento de la convivencia o concubinato entre las partes para neutralizar la acción”, y que “la posesión, para dar derecho a mantenerse en el uso y goce del inmueble, requiere estar apoyada en algún título o elemento de similar o superior jerarquía que la acreditada por el accionante”.

“La circunstancia de que, por razones de pareja, el accionante haya decidido retirarse del inmueble no significa, en modo alguno, que haya perdido la posesión”, agregó la sentencia y resaltó que era la demandada quien “debía acreditar una posesión que resultara excluyente del derecho de aquél, demostrando que el inmueble le fue cedido a ella con derecho suficiente a permanecer en él sin restituirlo”.

Y remarcaron: “La convivencia alegada no es argumento suficiente para acreditar la calidad de poseedora a título de dueña ya que la convivencia o concubinato no generan posesión o coposesión, no constituyendo por tanto motivo válido para enervar el desalojo”.

“Una vez cesada la relación convivencial, la permanencia de la concubina entraña una tenencia precaria sin plazo y con obligación de restituir ante el requerimiento del dueño o sus sucesores”, concluyeron.

En el artículo “Pareja y patrimonio”, publicado en Erreius on line, María M. Galli Fiant explica que “aunque la sola convivencia en pareja no genera un derecho a participar de los bienes generados por el otro, tampoco puede excluirse la existencia de tal derecho si se prueba la pretensión del no titular por cualquier medio de prueba”.

“El derecho de participación puede basarse en la calidad de socio de la sociedad no regularmente constituida o partícipe de una comunidad de bienes e intereses; también puede alegarse el enriquecimiento sin causa, la figura de la persona interpuesta, entre otras suficientemente transitadas por la jurisprudencia nacional”, agrega.

En este punto, señala que “las pretensiones de recibir la mitad de los bienes adquiridos por el otro, pretensiones de liquidar y partir empresas en común, pretensiones de ser compensado por mejoras o beneficios económicos gozados por el exconviviente son diversas caras de un mismo reclamo: que el esfuerzo compartido durante la vida en común se traduzca en una compensación patrimonial”.

“A la hora de resolver, el mayor desafío de los magistrados será la búsqueda del equilibrio entre la independencia patrimonial -por la que optaron consciente o inconscientemente los convivientes que no celebraron pactos- y la equidad -que solo se alcanza reconociendo a cada uno el derecho a que se le compense el sacrificio económico realizado a favor del otro-“, concluye.

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Fuente Erreius