Explican qué se debe tener en cuenta al calcular los intereses de una deuda en dólares

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La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil dispuso que la tasa de interés aplicable en una ejecución hipotecaria cuya deuda fue pactada en dólares no podría superar el 8% anual por todo concepto.

En este caso, los jueces se limitaron a determinar los réditos aplicables, ya que el acreedor presentó una liquidación de la deuda en dólares estadounidenses que, ante el silencio de la contraria, fue aprobada “en cuanto hubiere lugar por derecho”.

El juez de primera instancia fijó los intereses en el 5% anual, lo que fue considerado insuficiente por el ejecutante, quien había solicitado que se aplique el estipulado en el contrato (18%).

Para los magistrados de la Sala G, a los fines de la determinación de la tasa de interés compensatorio -en tanto importa el necesario resarcimiento al acreedor representativo del precio por el uso del capital-, no resultaba viable admitir tasas exorbitantes que contengan expectativas desmesuradas o desvinculadas de la modalidad de contratación.

Al respecto, advirtieron que si bien la usura no está descalificada por el ordenamiento civil argentino en forma expresa, sí lo está por aplicación de los dispositivos que conciernen a la causa o al objeto del negocio jurídico.

“Tales dispositivos, que no eran otros que los emergentes de los arts. 21, 656, 953 y 1071 del Código Civil (actualmente receptados en los arts. 12, 279, 794, 958 y 1004 del Código Civil y Comercial de la Nación, y de modo expreso en el art. 771), brindan la facultad a los magistrados de morigerar los intereses pactados en cuanto violen la moral y las buenas costumbres por resultar excesivos”, señalaron los jueces del voto mayoritario, Carlos Bellucci y Carlos Carranza Casares.

De acuerdo a los magistrados del caso “S: B. R. E. c/L. L. B. s/ejecución hipotecaria”, “esta facultad no se circunscribe solo a los intereses retributivos o compensatorios, sino que se extiende también a los estipulados en calidad de moratorios pactados, los que encuadran o bien en las previsiones de una cláusula penal moratoria o en el concepto del interés punitorio, en tanto atienden a una doble finalidad”.

Por un lado, buscan establecer de antemano a cuánto va a elevarse o cotizarse el perjuicio derivado del incumplimiento y, por el otro, operar a modo de compulsión directa, a fin de instar el cumplimento del deudor.

En este punto, dijeron que “debe procurarse un adecuado equilibrio que tienda a resarcir al acreedor y a la vez evitar un crecimiento excesivo de la obligación, como también ser útil a los efectos de sancionar el incumplimiento incurrido por el deudor”.

Y en este marco tuvieron en cuenta la variación de las pautas económicas, la alteración producida en el tipo de cambio y la fluctuación del dólar en relación con la moneda nacional.

A la luz de estos factores, estimaron “razonable -en supuestos de una deuda en dólares estadounidenses- fijar, con criterio de prudencia, la tasa máxima del 8% anual por todo concepto, de modo análogo a aquella que se ha admitido jurisprudencialmente para aplicar sobre un capital reajustado a valores actuales, pues en tal caso una tasa mayor a la pura -que contenga un plus para atender la desvalorización- implicaría computar nuevamente el mismo concepto”.

Los sentenciantes asimismo remarcaron que también analizaron las tasas pautadas por el mercado tanto en el ámbito nacional como internacional para inversiones de este tipo -que ninguna relación guarda con el costo que las entidades financieras cobran a sus clientes para operaciones en pesos-.

Y si bien destacaron que compartían el temperamento adoptado en primera instancia en cuanto a que correspondía morigerar los intereses convenidos en el título de la obligación, establecieron que su aplicación no podía superar la tasa del 8% anual directo sin capitalizar, comprensiva de los intereses compensatorios y punitorios.

Conflictos derecho - economía

En el artículo “Intereses: reducción de tasas post sentencia”, publicado en Erreius online, Carlos Anta señala que los conflictos que surgen en la dupla derecho y economía “no se resuelven por la mera aplicación de pautas matemáticas, despojadas de un análisis de la situación concreta”.

“La tasa de interés contiene elementos que en su conjunto tienden a cubrir al prestamista de los distintos riesgos que este asume hasta lograr la recuperación total de la cantidad prestada, incluidos lógicamente los riesgos inflacionarios, cambiarios y de insolvencia”, explica el especialista.

Pero ¿qué sucede cuando la tasa de interés utilizada para paliar los efectos negativos del incumplimiento, dentro de la tangente temporal, se alza como instrumento ruinoso para el deudor?

 “Al tratarse de deudas dinerarias, debe buscarse una solución que repare al acreedor, pero que no perjudique en exceso al deudor, ya que el interés debe reparar una depreciación o una mora, pero no beneficiar más allá de lo legal”, destaca Anta.

En este punto, el experto remarca que “el principio general es que las partes pueden pactar los intereses, pero también existe la facultad de morigeración por parte de los jueces en cuanto esté comprometido el orden público, la moral, las buenas costumbres, el abuso de derecho y la imprevisión”.

“Es claro que el interés tiene como objetivo primordial evitar la depreciación dineraria que la consabida inflación y el mero paso del tiempo provocan, pero también es cierto que se prohíbe legalmente actualizar las deudas. En este contexto, debe evitarse que el acreedor se enriquezca indebidamente o sin causa a costa de los intereses que el deudor debe pagar”, agrega Anta en el mencionado artículo de Erreius online.

Y concluye señalando que “es reconocida la función correctora de los jueces, en especial en aquellas esferas en donde el ejercicio de la magistratura importa no solo volver las cosas a su orden, sino suplir las fricciones que se producen en la puja de los distintos intereses”.

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