Deberá indemnizar a su expareja por impedir la relación entre padre e hijo

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La Sala K de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil le ordenó a una mujer que le pague más de un millón de pesos en concepto de reparación de daños a su expareja, por haber incumplido el régimen de comunicación con el hijo que tienen en común.

El hombre relató que, tras la ruptura del vínculo sentimental entre ambos, firmaron un convenio en el que se incluía un régimen de visitas que la progenitora no cumplió y obstaculizó dolosamente el contacto con el menor. Además, señaló que la situación se agravó cuando él decidió recurrir a la Justicia para poder ver a su hijo.

Los testigos afirmaron que la madre trataba a su hijo de “traidor” por querer estar con su padre y, además, alegaba dolencias para que el menor no saliera del hogar los días de visita.

La sentencia de primera instancia del caso “F., D. E. c/D., L. V. s/Daños y Perjuicios. Ordinario” hizo lugar a la pretensión y condenó a la demandada a abonar la suma de $120.000, con más los intereses y costas.

El fallo fue apelado por ambas partes. Los jueces Silvia Patricia Bermejo, Osvaldo Álvarez y Oscar Ameal indicaron que “la acción debía analizarse desde la perspectiva del Código Civil anterior, por ser la ley aplicable al momento de sucederse el evento por el cual se reclama, pero aun cuando el hecho dañoso se consumara durante la vigencia de la norma referida, ello no ocurrió con las consecuencias que de él derivan”.

Por ello, se imponía diferenciar la existencia del daño de su cuantificación. La segunda de estas operaciones, agregaron, debe realizarse acorde a la ley vigente al momento en que la sentencia fija su extensión o medida.

Luego señalaron que la doctrina y la jurisprudencia no son unánimes sobre la aplicación del derecho de daños a las relaciones de familia. Solo a modo enunciativo, autores destacados como Guillermo Borda y Bibiloni se pronunciaron por la tesis negativa, mientras que otros, como Rébora o Mosset Iturraspe, lo consideraron factible.

“Quienes, con distintos argumentos, se enrolan en una postura restringida lo hacen en vista de intentar mantener la paz en ese ámbito, la cual se podría ver vulnerada si se habilitara con amplitud a la posibilidad de reclamar, en tanto podrían fomentarse rupturas en las relaciones que debieran sostenerse en el afecto y, en muchos casos, a lo largo de toda la vida”, explicaron los magistrados.

Y señalaron que “si bien lograr la pacificación social es uno de los fines del derecho, este deviene absolutamente prioritario en los litigios originados en el seno familiar, lo que llevó a su incorporación expresa en el Código Civil y Comercial de la Nación -ver art. 706, inc. ‘a’, última parte-”.

En este tema, dijeron que “el camino deseable para dirimir estas disputas es fomentar las alternativas de autocomposición o, de no ser posible, lograr una justicia de acompañamiento, con la intervención de un fuero especializado y la colaboración interdisciplinaria”.

“Empero, tales particularidades no excluyen que la familia se torne en un ámbito en el cual las personas incumplan con sus deberes y, en tal caso, no podrían quedar exentas de asumir las consecuencias de ese proceder”, enfatizaron.

En este punto, los miembros de la Sala K destacaron que “el obrar de las personas no puede infringir derechos ajenos, más allá de la naturaleza de estos, por lo que, de provocarse un perjuicio, deberá apreciarse desde la universalidad del ordenamiento”.

“Lo afirmado no implica soslayar que, al tratarse de relaciones de familia, se analice con cuidado el cerrado entramado de vivencias enraizadas en ella. En definitiva, si no obstante las medidas para asegurar el cumplimiento de los derechos se obstaculiza la comunicación y el contacto entre padres e hijos, se podrá accionar por los perjuicios ocasionados, para lo cual deberán concretarse los presupuestos propios para la recepción del reclamo”, se lee en la sentencia.

“El derecho-deber de comunicación forma parte del elenco de derechos subjetivos familiares caracterizados por ser correlativos y recíprocos. Lo primero, por existir entre dos sujetos unidos por el vínculo de familia; lo segundo, porque a cada derecho le corresponde un deber “, agregaron.

Ya en el análisis del caso concreto, los jueces entendieron que el comportamiento de la mujer “impidió el contacto” del progenitor con su hijo y que dicha “interrupción u obstaculización de la relación entre padre e hijo representa por sí un daño”.

Y destacaron que aquella también impidió que su expareja “pudiera tener un contacto saludable y armónico con su hijo, más allá de las diferencias que pudieren existir entre los progenitores en su relación de adultos”.

“Son escollos al contacto entre el padre y su hijo, lo que ella, como progenitora conviviente, debía asegurar”, sostuvo el fallo, que luego resaltó que “los pocos encuentros entre padre e hijo se desarrollaban con afecto y se divertían juntos”.

Y que “los años transcurridos, en los cuales ese vínculo natural, necesario tanto para el hijo como para el padre, se vio obstruido en su normal desarrollo por el obrar de la señora D., resulta un daño consolidado en el tiempo”.

Cuantificación de los daños

El juez de primera instancia reconoció por daño psíquico la suma de $30.000 y por tratamiento psicológico la de $19.200. El actor persigue el incremento de ambos rubros.

La perito médica explicó que la conflictiva separación y los posteriores años en los que el Sr. F. intentó tener contacto con su hijo produjeron un deterioro significativo sobre la capacidad de establecer y mantener una relación amorosa, que le invaden sentimientos de impotencia, angustia y desesperación.

En consecuencia, teniendo en cuenta la minusvalía psicológica, la cual se estimó en el orden del 15% de carácter permanente, al igual que las circunstancias particulares de la víctima, con aproximadamente 43 años de edad, los magistrados decidieron incrementar el monto reconocido por daño psíquico a la suma de $ 555.000.

Además fijaron los gastos de farmacia en $ 2.500.

En cuanto a la cuantificación por el daño moral, en primera instancia se reconoció por este rubro la suma de $70.000. En este punto, los camaristas destacaron que su existencia surge del incumplimiento acreditado, por provocar la frustración de los afectos más íntimos de cualquier persona.

“El responsable debe indemnizar el quebranto que supone la privación o disminución de bienes como la paz, la tranquilidad de espíritu, la libertad individual, la integridad física y, en general, todo menoscabo a los más sagrados afectos”, destacaron, y lo fijaron en $ 500.000. A todos estos rubros también habrá que sumarle los intereses.

Diego Mielnicki y Facundo J. Roitman, en el artículo “La responsabilidad parental en el Código Civil y Comercial de la Nación. Nuevos conceptos para realidades cambiantes” explican que “en los casos en los cuales el cuidado se atribuye a uno de los progenitores, el otro tiene el derecho y el deber de mantener fluida comunicación con el hijo, y en todos los casos cada progenitor debe informar al otro sobre cuestiones de educación, salud y otras relativas a la persona y bienes del hijo”.

“El contacto fluido y adecuado del niño con sus progenitores es un derecho que no admite excusas, más allá de alguna enfermedad o impedimento grave debidamente justificado que amerite la suspensión de los encuentros (...) la vinculación con su progenitor influye en el desarrollo y formación integral y, por ende, en la vida futura del niño”, remarcan.

A su vez, aunque se desprenda del resto de la normativa, se establece el derecho-deber de colaboración del otro progenitor.

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Fuente Erreius