Deberá indemnizar por daño moral a su hija, por no haberla reconocido voluntariamente

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En este caso, la sentencia de primera instancia hizo lugar a la demanda y declaró que la reclamante es hija del hombre demandado, y lo condenó a abonar una suma en concepto de indemnización por falta de reconocimiento voluntario.

En disconformidad con dicha resolución, el demandado apeló porque, desde su punto de vista, “quedó demostrado que existían causas suficientes que lo indujeron a no realizar el reconocimiento voluntario de su paternidad en el Registro Civil y de la Capacidad de las Personas, hasta no tener una certera prueba de su paternidad, la que solo podía tener mediante la realización de la prueba genética”.

Por ello, sostuvo que al no haber conducta ilícita de su parte, no se puede configurar la realización de un ilícito. Y remarcó que hasta el momento en que fue intimado, cuando la menor ya tenía 13 años, jamás supo de su paternidad (luego confirmada por un análisis de ADN).

Además, señaló que en la carta documento que recibió solo se lo intimó a que se efectivice el pago del convenio y no se indicó nada sobre el reconocimiento de la menor, lo cual le generó un estado de incertidumbre que considera justificable para omitir el registro.

También se defendió argumentando que en el informe pericial psicológico quedó acreditado que la falta de reconocimiento no generó condicionamientos en la personalidad de la reclamante.

Asimismo, señaló que la pericia expresa que la menor vivió con su abuelo paterno, quien “seguramente cumplió en lo que se pudo en el rol de figura paterna”, y no considera adecuado que en un informe pericial psicológico se encuentren definidas conductas sobre la situación económica de las partes.

Al analizar el caso “E. M. B. c/B. H. C. s/filiación y daños y perjuicios”, los jueces indicaron que “la conducta a valorar para la admisión del daño moral reclamado no puede ser otra más que la asumida por el progenitor a partir de que toma conocimiento del embarazo o posterior alumbramiento del niño o niña, ya que el menoscabo al derecho personalísimo a la identidad, a un determinado emplazamiento familiar y a llevar el apellido de su progenitor se comienza a gestar a partir de que el padre -conocedor de su paternidad o con vehementes sospechas de haberlo engendrado- omite reconocerlo o adoptar medidas positivas para despejar dudas”.

En esta causa, de acuerdo a la visión de los magistrados, se acreditó que el demandado incurrió en esa conducta omisiva reprochable, por lo que las críticas al fallo de primera instancia no lucían atendibles y debía ser confirmado.

“El Sr. B. tenía conocimiento del alumbramiento y de la existencia de su supuesta hija al menos en el año 2010, y la posibilidad de haberla engendrado; no obstante ello, omite realizar el verdadero acto de reconocimiento, lo que obligó a la actora a iniciar las presentes actuaciones dos años después”, remarcan.

De esa forma, nace la obligación de reparar el daño moral, que en este tipo de casos, según los jueces, “no requiere de daño psicológico, puesto que está constituido por las afecciones de índole espiritual resultantes de la privación del estado de hijo, con sus atributos como el uso del apellido y el trato público, como consecuencia de la reprochable conducta del demandado, agravada por el abandono de la hija”.

 Conducta relevante

Luis Álvarez Juliá, en el artículo “La acción de filiación y el daño moral”, publicado en Erreius, destaca que “la responsabilidad en estos casos es subjetiva; debe surgir de un comportamiento imputable al progenitor a título de dolo o culpa”.

“El quid de la cuestión radica en la voluntariedad de esa omisión en emplazar en el estado filial al hijo. Dicho de otro modo, la omisión debe ser voluntaria, es decir, llevada a cabo con discernimiento, intención y libertad”, agrega.

Es decir, quien no reconoce al hijo de manera deliberada (dolo), o no lo hace pese a contar con -al menos- indicios de su existencia (culpa), deberá responder por los daños causados.

“Resulta evidente que el sujeto que no fue reconocido oportunamente sufre una afectación de sus justas susceptibilidades, al verse impedido de ejercer los derechos inherentes al estado de hijo”, enfatiza el experto.

Según Álvarez Juliá, “el alcance del daño no se limita a la carencia del apellido paterno, sino que también repercute negativamente por no haber sido considerado hijo de su progenitor en el amplio ámbito de las relaciones humanas en que las personas se desenvuelven, a lo que cabe añadir el desamparo al verse imposibilitado de exigir apoyo material y espiritual, careciendo de la atención y cuidado que merece”.

En lo tocante a la cuantificación del resarcimiento, para el especialista deberán atenderse las particularidades que presente la causa.

Asimismo, la conducta del padre en el trámite del proceso adquiere particular relevancia al momento de fijar el "quántum indemnizatorio"; en especial, qué temperamento adoptó ante la realización del estudio genético de ADN y una vez que contó con los resultados.

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Fuente Erreius