Piden derogar la resolución que crea un nuevo sistema de control de las pensiones por discapacidad

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La senadora nacional Silvina García Larraburu (FpV-PJ) solicitó al Gobierno Nacional la derogación de la resolución 268/2018, publicada el pasado martes en el Boletín Oficial, a través de la cual se establece un “nuevo circuito administrativo de notificación de incompatibilidades” para pensiones por discapacidad.

El rechazo de la legisladora se debió a que, a través de este decreto de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), se podrá dar de baja a los beneficiarios de pensiones por invalidez que presenten alguna “incompatibilidad” conforme a los criterios que allí se mencionan.

“De este modo, el Gobierno Nacional obliga a que los pensionados deban concurrir a la ANSES para realizar el reclamo correspondiente y así evitar la suspensión del cobro”, señaló.

Hace pocos días, a través de la Resolución 268/2018, la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) aprobó un nuevo circuito administrativo de notificación de incompatibilidades con el decreto 432/1997 (reglamentario del otorgamiento de pensiones, a la vejez y por invalidez).

Entre otras cuestiones, la resolución estableció un plazo de 10 días hábiles administrativos, a contarse desde el día siguiente de la notificación, para que el administrado pueda ejercer su legítimo derecho de defensa y ofrecer la prueba de la que intentara valerse.

A los efectos de brindar una efectiva atención a los beneficiarios notificados, establece que estos deben concurrir a la UDAI (Unidad de Atención Integral) más cercana a su domicilio, previa concreción de turno mediante llamado al número 130 (opción 2).

Por teléfono, los notificados serán informados sobre la documentación que deben presentar al momento de realizar la queja. El personal solamente recibirá la documentación requerida y esta será enviada para su revisión a la Agencia Nacional de Discapacidad.

El trámite se realiza a través de la ANSES, ya que este organismo cuenta con 379 bocas de atención en las provincias de todo el país, ampliando de esta forma la capacidad para recibir la documentación solicitada y simplificando el trámite para los beneficiarios que fueron notificados.

La senadora rionegrina consideró que “es inconcebible este mecanismo” porque “las personas con discapacidad tienen el exiguo plazo de 10 días para regularizar sus expedientes administrativos, bajo pena de perder el beneficio y la posibilidad de defender sus derechos”.
 
Procedimiento
A modo descriptivo y no restrictivo, la ANSES tiene a su cargo la atención primaria de la persona que presenta descargos, la evaluación primaria de la completitud de la documentación, la actualización de datos y el ingreso en el sistema de notificaciones de las novedades (“presentación de documentación”, “renuncia”) de los beneficiarios, el envío periódico diferenciado, la verificación en 48 horas de la solicitud de información desde sede central de la Agencia Nacional de Discapacidad, la impresión de las declaraciones juradas, el otorgamiento de los turnos, el asesoramiento sobre qué documentación presentar y la digitalización de la misma, entre otras tareas.

La Dirección de Asignación de Apoyos Económicos y Liquidación (DAAEyL) realiza en forma mensual un control prestacional sobre los requisitos y causas de suspensión establecidos en los Decretos Reglamentarios del art. 9 de la Ley 13.478, Decreto 432/1997, Capítulo I y Capítulo IV, y la Ley 26.928, Decreto 2266/2015.

Esa información surge de los cruces de la base de pensionados activos con el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTYS) y la ANSES y las novedades informadas directamente mediante oficios, denuncias y cambio de situación del beneficiario.

Luego, la DAAEyL la eleva a la Dirección Nacional de Apoyos y Asignaciones Económicas (DNAYAE) para su análisis.
Tras recibir el padrón de los beneficiarios a notificar, en un plazo de dos días hábiles administrativos, la DAAEYL ingresará en el Sistema de Notificaciones, con el diseño de registro acorde, los datos de los pensionados a notificar mediante carta documento, o medio de notificación, de acuerdo al domicilio declarado en la base de liquidación, detallando la incompatibilidad observada y dándole un plazo de 10 días hábiles administrativos, a contarse desde el día siguiente de la notificación, para que se comunique telefónicamente al número 130 a efectos de combinar turno en la dependencia de ANSES más cercana a su domicilio, actualizar sus datos personales y presentar su descargo y/o renuncia al beneficio.

Asimismo, podrá efectuarse, complementariamente a la notificación por carta documento, una notificación mediante comprobante de cobro de haberes emitido por el cajero automático, con la leyenda: “Se detectó incompatibilidad en su beneficio, solicite turno a la ANSES llamando telefónicamente al 130” como medio alternativo de notificación al beneficiario.

Al presentarse el notificado en la ANSES, pueden darse distintas situaciones:
a) Renuncia al beneficio.
b) Presentación de descargo.

En el primer caso, el personal del organismo previsional debe actualizar los datos en el sistema de notificaciones, imprimir desde el mismo sistema la constancia de renuncia y hacerla firmar por el ciudadano, a quien se le entregará una constancia escrita visada por el supervisor del organismo.

En el segundo caso, el personal de ANSES debe analizar si el descargo tiene información completa para dar respuesta a las incompatibilidades observadas. Si está incompleta, se le brindará asesoramiento respecto a los faltantes y se le otorgará un nuevo turno en un plazo de cinco días hábiles.

En ese momento, además, se le entregarán al ciudadano el listado de documentación faltante y la nueva citación. La asignación del nuevo turno deberá registrarse en el Sistema de Notificaciones.

Para aquellos casos en los cuales el personal de ANSES entienda que la documentación presentada es suficiente, deberá actualizar los datos de domicilio y emitir la constancia (visada por un supervisor del organismo) correspondiente para la firma del/de la ciudadano/a.

Asimismo, periódicamente, la ANSES deberá validar, mediante el procedimiento de control por oposición, a la Dirección de Despliegue Territorial y Acceso a Beneficios (DDTYAB) que la información cargada en el sistema es correcta.

Periódicamente, la DDTYAB deberá generar el reporte a partir del Sistema de Notificaciones del estado de situación de las presentaciones en ANSES y realizar un informe técnico sobre cada beneficiario que, vencido el plazo, y de no poseer turno vigente, no haya presentado descargo.
La DDTYAB deberá recibir del organismo previsional, a través del Sistema de Notificaciones, los casos de renuncias, vencidos que no se presentaron, vencidos que solo actualizaron datos y no se presentaron al turno prorrogado, y los que presentaron descargos completos.

En caso de inconsistencias, deberá asentar los faltantes. Este archivo se actualizará periódicamente y será enviado al DNAYAE.

Asimismo, el DDTYAB deberá comunicar a la ANSES las inconsistencias detectadas para que adopte las medidas correctivas y preventivas necesarias para asegurar el cumplimiento del procedimiento.

Para aquellos casos en los que en el sistema se tengan por presentados los descargos, la Dirección de Detección de Vulnerabilidad y Determinación de Derechos (DDVyDD) accederá a la documentación digitalizada de cada caso para analizar si la misma brinda una justificación adecuada a la incompatibilidad observada.

En caso de observar que la misma no está completa, deberá asentar los faltantes. Asimismo, deberá comunicar a la DDTYAB las inconsistencias detectadas para que también adopte las medidas correctivas para asegurar el cumplimiento del procedimiento.

Para los casos que tengan un informe favorable de parte de la DDVYDD, entendiendo por favorable que el beneficiario debe continuar gozando de la pensión no contributiva, la DAAEYL debe asegurar el envío del siguiente mensaje al beneficiario a través del recibo de cobro/ticket del cajero automático: “El análisis de la documentación por usted presentada obtuvo análisis favorable”.

Para los casos en los que el descargo no se hubiere presentado ni hubiere solicitado turno, o cuando el análisis sea desfavorable para el beneficiario, se dará inicio al procedimiento de suspensión del beneficio, dejando asentado en el sistema la resolución desfavorable.

Transcurrido el plazo de 90 días hábiles administrativos desde la notificación que resuelve la suspensión del beneficio, en caso de que no haya recurso o presentación alguna, o con el informe de la DDVyDD de inadmisibilidad o denegatoria del recurso, se dará inicio a la etapa de caducidad de la pensión.

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Fuente: Erreius