OPINION

El Congreso podría tratar este año un proyecto para despenalizar el aborto

Imagen del articulo

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, les indicó a los jefes parlamentarios de Cambiemos que el Gobierno "no va a obstaculizar" la discusión del tema, primero en la lista de reclamos de la protesta que las organizaciones feministas convocaron para el 8 de marzo.

En la Cámara de Diputados crece la presión para que el tema llegue a discutirse en el recinto. El proyecto, que se presenta cada dos años, elaborado por la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, será entregado nuevamente el 6 del mes que viene. Un sector pretende incluso llamar a una sesión especial el mismo 8 de marzo para tratar la iniciativa, que propone legalizar el aborto hasta la semana 14 de embarazo.

En paralelo, el Gobierno trabaja en una propuesta para simplificar el trámite de adopción y en otra para respaldar económicamente a las mujeres embarazadas que desean abortar ante el temor que les genera la dificultad para mantener al hijo en camino. La idea es potenciar la asignación universal por embarazo, que cobran las mujeres de bajos recursos desde las 12 semanas de gestación.

 

Cuadro de situación

El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez explica que “desde 1921 el Código Penal argentino establece un sistema de indicaciones respecto de la interrupción voluntaria del embarazo, en el que prevé como regla la penalización del aborto y como excepción la no punibilidad de la interrupción en cualquier momento del embarazo cuando la mujer desee ejercer el derecho a la vida, el derecho a la salud y el derecho a la libertad sexual”.

En ese sentido, la Corte Suprema de Justicia, en el caso “F., A. L.”, sostuvo la constitucionalidad y convencionalidad del artículo 86 del Código Penal, dejó abierta la posibilidad de una despenalización mayor en manos del Congreso, expresando que si así se decidiese no existirían objeciones constitucionales y convencionales, y redefinió al modelo incorporado en el año 1921 bajo la conceptualización de la existencia de un derecho a la interrupción legal del embarazo (DILE) titularizado por la mujeres.

Varios de los órganos que tienen como función interpretar los tratados sobre derechos humanos que tienen jerarquía constitucional (entre ellos, el Comité sobre los derechos del niño) expresaron que el derecho humano a la salud sexual y reproductiva de las mujeres es violado por los Estados cuando penaliza el aborto voluntario.

Ampliar el derecho a la interrupción legal del embarazo dentro de un plazo determinado basado en la autonomía de la mujer no solo garantiza derechos de forma igualitaria, sino también intenta paliar el dolor de las mujeres que adoptan dicha decisión porque para ninguna mujer el aborto es festivo o indiferente”, indicó el especialista.

 

Estudio multidisciplinario

Varias interpretaciones relevantes emitidas por las entidades autorizadas de las Naciones Unidas llevan a la conclusión de que la mujer tiene el derecho a decidir en asuntos relacionados con la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), ya que varios derechos humanos corren riesgo cuando el acceso de las mujeres a los servicios de aborto legal y seguro está restringido”, indicaron Nelly Minyersky y Lily R. Flah, colaboradoras de Erreius.

El Comité de Derechos Humanos, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU -expertos en la supervisión e interpretación del derecho a la salud- han repetidamente hecho notar con preocupación la relación entre las leyes que restringen el aborto, el aborto clandestino y los riesgos para las vidas de las mujeres, agregaron las expertas.

Estos comités recomendaron la revisión o enmienda de las leyes que penalizan o restringen el aborto.

Sobre este punto, las colaboradoras de Erreius señalan que “el estudio de la normativa vigente y en especial el análisis de los tratados internacionales [art. 75, inc. 22), CN], así como las observaciones realizadas por los distintos organismos de control de cumplimiento de los mismos, nos llevan a la certidumbre de la plena constitucionalidad de una legislación futura que despenalice y legalice la IVE dentro de determinados parámetros”.

Para poder llevar adelante el debate, Minyersky y Flah destacan que hay que responder preguntas tales como las siguientes: ¿En qué esfera del derecho corresponde legislar al efecto? ¿Se despenaliza totalmente la IVE, desligando de toda responsabilidad a la mujer, cualesquiera que fueren las circunstancias y el tiempo de gestación? ¿Se modifica el Código Penal simplemente ampliando las causas de justificación? La despenalización por sí sola, ¿es suficiente cuando se trata de un fenómeno que impacta en la salud pública en general?

A través de la sola despenalización, ¿se puede lograr la atención por parte de los sectores públicos y privados de salud y garantizar los derechos de las mujeres afectadas?”, indagaron.

Tenemos la convicción de que la IVE debe ser estudiada más allá del campo delictual por ser un fenómeno pluricausal, pero cuyo eje directriz es mantener un patriarcado dominante que se resiste a abandonar un instrumento jurídico perverso que obliga a las mujeres a determinadas conductas esenciales en la vida, sin tener en consideración su autonomía”, señalaron Minyersky y Flah.

Un inconveniente que hacen notar las especialistas es que “mantener la problemática del aborto en el ámbito penal -aun ampliando las causas de justificación- deja a la IVE en la esfera delictual. Si aparece el aborto como un crimen -madre que mata a su hijo-, se cristaliza una concepción social acerca del rol que cumple el cuerpo femenino, generando el derecho una verdad con fuertes efectos simbólicos”.

Para aproximarnos a los distintos caminos de modificación legislativa, se deben tener en cuenta dos ejes que nos ayudarán a resolver el dilema planteado sobre la IVE”, dijeron Minyersky y Flah.

El primero es el derecho de la mujer sobre su propio cuerpo y a decidir autónomamente el hecho de proseguir o no un embarazo; autonomía y libertad que disminuyen a medida que el embarazo avanza.

En tanto, el otro extremo del dilema es el desarrollo del feto desde la concepción del embrión hasta su viabilidad. “Es por ello que debe pensarse al embrión/feto como un proceso en desarrollo, como lo enseñan las ciencias modernas, tal como se expusiera precedentemente”, remarcaron.

Por eso consideran que “a partir de este análisis, resulta entonces posible y necesario seleccionar diferentes momentos del proceso gestacional para aceptar la IVE, valorando específicamente para cada supuesto el tiempo de gestación y el fundamento que motiva la petición de interrupción. Por ejemplo: no debería fijarse tiempo cuando se encuentra en peligro la vida o salud de la gestante, pero sí podría acotarse en casos de violación o por voluntad de la mujer”.

La educación, la prevención, el respeto a los derechos sexuales y reproductivos, la despenalización y legalización de la IVE son elementos inescindibles para poner fin al flagelo que afecta profundamente a las mujeres en sus afecciones más íntimas”, dijeron Minyersky y Flah.

Por último, las colaboradoras de Erreius agregaron que “despenalización y legalización significan hacer efectivo el principio constitucional de igualdad y no discriminación al que tienen derecho todas las mujeres. El respeto a su autonomía necesita del reconocimiento de su libertad. Sin libertad para decidir sobre sus derechos reproductivos, la igualdad deviene una mera enunciación declarativa”.

Acceda al texto del proyecto.