OPINION

Decretan la inconstitucionalidad e inaplicabilidad de la Resolución 956/2018 del Ministerio de Seguridad de la Nación en el ámbito de la Ciudad de Bs. As.

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El pasado lunes 3 de diciembre, mediante la Resolución 956/2018, se aprobó el "Reglamento General para el Empleo de las Armas de Fuego por parte de los Miembros de las Fuerzas Federales de Seguridad"

Allí se estableció que el personal de la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura Naval y Policía de Seguridad Aeroportuaria solo podría usar las armas en cumplimiento de sus deberes cuando sea estrictamente necesario y en la medida que lo requiera el desempeño de sus tareas (art. 1), y se regulan las situaciones, condiciones y casos en los que dicho uso se encuentra permitido.

Un día después, y en medio de fuertes polémicas, el Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 2 de CABA dispuso de forma preventiva la inaplicabilidad e inconstitucionalidad de la resolución en cuestión.

El nuevo Reglamento establece que “se hará uso de las armas de fuego cuando resulten ineficaces otros medios no violentos”, en casos como “defensa propia o de otras personas, en caso de peligro inminente de muerte o de lesiones graves” y “para impedir la comisión de un delito particularmente grave, que presente peligro inminente para la vida o la integridad física de las personas”. Agrega otros supuestos, tales como “para proceder a la detención de quien represente ese peligro inminente y oponga resistencia a la autoridad” y “para impedir la fuga de quien represente ese peligro inminente, y hasta lograr su detención”.

El Juez Roberto Gallardo cuestionó que la norma se adecuara a las directrices expresadas en los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, de Naciones Unidas, concluyendo que “de la simple lectura de la Resolución 956/2018, se verifica que se da de bruces con los principios convencionales y constitucionales expuestos y, desde luego, con la teleología del sendero que marca la ONU”. 

Ordenó, además, al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que “se abstenga de adherir o incorporar como pauta de acción local al citado reglamento federal o cualquier otro de naturaleza homóloga”.

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Fuente: Erreius