Conozca los puntos destacados del proyecto que castiga la tenencia de pornografía infantil

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La Cámara de Diputados convirtió en ley un proyecto consensuado que modifica el artículo 128 del Código Penal y sanciona con penas de entre tres a seis años la simple tenencia de material pornográfico infantil.

Hasta ahora, solo estaba penalizada la producción y distribución, y se reprimía su tenencia solo si se llevaba a cabo con fines inequívocos de distribución o comercialización.

La sanción de esta norma se da en un contexto de un crecimiento exponencial de este flagelo, por lo que se buscaba crear un tipo penal que permita evitar consecuencias más gravosas, como la explotación sexual de niños.

No tenemos que tener temor y hay que decirlo con todas las letras: el que tiene pornografía infantil es un pedófilo. Es un paso previo para la materialización del abuso sexual infantil”, denunció la presidenta de la Comisión de Legislación Penal, Gabriela Burgos (UCR).

La legisladora advirtió que en Argentina “hay un negocio con ganancias de 250 millones de pesos anuales”, en torno al material pornográfico de menores.

Argentina está entre los 10 países del mundo que más ‘bajan’ pornografía infantil, y entre los tres primeros de la región que avanza no solo en ‘bajar’ este material, sino también en producirlo”, precisó la jujeña.

Y detalló que “el 85% de los ciberdelitos que se cometen en nuestro país están relacionados a la pornografía infantil y al grooming”.

Además, puntualizó que “en 2016 hubo 8.800 denuncias sobre pornografía infantil”, y “los 10 primeros meses de 2017 se reportaron 19.214 denuncias” por este tema.

Según los impulsores de la iniciativa, que nació en el Senado luego de consensuar distintos proyectos, una de las formas más eficaces de combatir la explotación sexual de menores consiste en penalizar a todos los sujetos que intervienen en la creación, producción, distribución, publicación y comercialización de este material, incluidos sus consumidores, ya que muchas veces detectar material en posesión de ciertas personas puede ser el puntapié inicial para descubrir redes de tráfico de pornografía infantil.

Qué dice el nuevo texto

El nuevo artículo 128 del Código Penal indica que “será reprimido con prisión de 3 a 6 años el que procurase, financiare, comerciare, publicare, facilitare, divulgare o distribuyere, por cualquier medio, toda representación de un menor de 18 años dedicado a actividades sexuales explícitas o toda representación de sus partes íntimas con fines preponderantemente sexuales, al igual que el que organizare espectáculos en vivo de representaciones sexuales en que participaren dichos menores.

Será reprimido con prisión de 4 meses a un año el que a sabiendas tuviere en su poder representaciones de las descriptas en el párrafo anterior.

Será reprimido con prisión de 6 meses a dos años el que tuviere en su poder representaciones de las descriptas en el primer párrafo con fines inequívocos de distribución o comercialización.

Será reprimido con prisión de 1 mes a tres años el que facilitare el acceso a espectáculos pornográficos o suministrare material pornográfico a menores de 14 años.

Todas las escalas penales en este artículo se elevarán en un tercio en su mínimo y en su máximo cuando la víctima fuere menor de 13 años”.

Este nuevo texto se consensuó porque la Ley 26.388, de 2008, solo introdujo la figura de producción, distribución y tenencia de la pornografía infantil como conducta criminalmente reprimible.

Pero la acción de “poseer” resultaba típica solamente si se llevaba a cabo con fines inequívocos de distribución o comercialización, por lo que no era punible su mera tenencia con otros fines.

Algunos instrumentos jurídicos internacionales como la “Convención sobre los Derechos del Niño”, el “Protocolo Facultativo relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía y pornografía infantil” y el “Convenio sobre Ciberdelito del Consejo de Europa” abarcan un concepto más amplio de las acciones punibles, al incluir tanto el hecho de procurar el material para sí o terceros, así como la mera tenencia.

En los tiempos de la sanción de la ley 26.388, se decidió quitar la tenencia que no tenía fines de comercialización. Algunos defensores de esa exclusión consideraban que de otra manera se violentaría lo normado por el artículo 19 de la Constitución Nacional, que establece: “las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están solo reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados”.

Pero ahora, los distintos proyectos que buscaron este cambio normativo remarcaron que los derechos del niño deben primar por sobre las libertades individuales, dado que sí se lesiona la honorabilidad de los menores de 18 años.

Repercusiones

El abogado penalista Federico Borzi Cirilli, colaborador de Erreius, consideró “positivo que desde el Poder Legislativo se atienda a un problema gravísimo que involucra grandes riesgos hacia nuestros menores, aumentados considerablemente con la revolución tecnológica actualmente en curso”.

Sobre las escalas penales, el especialista consideró que “lucen razonables, sin perjuicio de que la reforma de nuestro Código Penal es cada vez más urgente: el problema en este sentido es que cada reforma que se viene haciendo hace casi un siglo se efectúa sin considerar suficientemente el todo”.

De esta manera, según explica Borzi Cirilli, “nos encontramos con delitos que poseen penas muy bajas (como por ejemplo los delitos contra la administración pública, que incluyen los de corrupción) y no debería ser así, y otros delitos con penas desproporcionadamente altas como los delitos contra la propiedad, robos y hurtos agravados por ejemplo”.

En lo que respecta a la faz procesal, el colaborador de Erreius consideró adecuada la postura de la legisladora Gabriela Burgos, presidenta de la Comisión de Legislación Penal, en cuanto afirma que “el que tiene pornografía infantil es un pedófilo. Es un paso previo para la materialización del abuso sexual infantil”.

Ello, agrega, “siempre y cuando se tenga prudencia con relación a no punir meros actos preparatorios, ya que se podría colisionar con el artículo 19 de la Constitución Nacional que protege las acciones privadas de las personas”.

Generalmente los delitos tipificados en nuestro ordenamiento sancionan el delito en su iter criminis: comienzo de ejecución, tentativa y consumación, y salvo determinados tipos penales, los actos preparatorios son impunes”, destaca el experto.

Y recordó que “el derecho penal no tiene por función establecer una moral -es decir, no juzga la inmoralidad de los ciudadanos-, sino que elije ciertas porciones discontinuas de la realidad y las sanciona siempre y cuando vulneren bienes jurídicos”.

¿Qué se entiende por pornografía infantil? 

El Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en pornografía -aprobado por nuestro país mediante la Ley 25763 del año 2003- donde luego de manifestarse gravemente preocupados por la importante y creciente trata internacional de menores a los fines de la venta de niños, su prostitución y su utilización en la pornografía, define a la pornografía infantil como: toda representación, por cualquier medio, de un niño dedicado a actividades sexuales explícitas, reales o simuladas; a toda representación de las partes genitales de un niño con fines primordialmente sexuales.

En definitiva, el material que pueda caracterizarse como pornografía infantil girará en torno a: contenidos visuales que incluyan fotos, imágenes, videos, caricaturas, dibujos, pinturas; contenidos auditivos, incluyendo grabaciones de audio con voces simuladas o reales de personas menores de edad; y contenidos escritos, es decir, todo tipo de textos que describan escenas pornográficas con personas menores de edad.

Para ampliar la información, recomendamos a nuestros suscriptores acceder en exclusiva a la colaboración del Dr. Borzi Cirilli  "El derecho penal frente a la ciberpornografía infantil".