Injurias en ningún lado: destacan la importancia de la condena a una mujer que agravió a un empresario en redes sociales

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Hace pocos días la justicia condenó a una mujer a realizar tareas comunitarias por haber injuriado a un empresario a través de una cuenta de Twitter bajo un nombre falso.

Si bien este tipo de agresiones suele quedar en el olvido, el afectado consideró que esas acusaciones afectaban su nombre  y honor, por lo que se presentó en los tribunales. Luego de un año, se convirtió en la primera condena que castiga la publicación de una incriminación falsa a través de una red social.

Según los especialistas en derecho informático, la Web no es un espacio sin ley, y el daño a la imagen y a la intimidad personal debe repararse a la luz del principio general de "no dañar" que consagra el artículo 19 de nuestra Constitución Nacional.

A partir de ahora, los usuarios deben tener cuidado con los comentarios que escriben en páginas  de Facebook o en sus cuentas de Twitter, ya que pueden llegar a ser responsables penal y/o civilmente. 

Y esto deben tenerlo en cuenta aun aquellos que se escudan bajo nombres falsos, ya que las tecnologías actuales permiten determinar con exactitud el lugar y dispositivo, entre otros elementos, desde donde se escribió la falsa imputación. 

"Es un caso testigo. En las redes es cotidiano que cualquiera acuse a cualquiera y eso provoca un daño enorme y afecta la reputación online de la persona", explicó Jorge Monastersky, abogado del querellante.

El experto agregó que "la resolución judicial viene a poner en claro que decir cosas en las redes sociales tiene sus consecuencias".

Además, señaló que “hay que tomar conciencia de que acusar falsamente a una persona de la comisión de un delito en las redes sociales, en este caso Twitter, es un hecho grave que causa un gran daño en lo personal y profesional a una persona y que la Justicia no puede permitir que estos hechos sigan sucediendo y que no tengan consecuencias”.

En tanto, Fernando Tomeo, abogado especialista en derecho informático, IP y redes sociales, le dijo a Erreius que en estos casos también está en juego la reputación online de aquel que es falsamente acusado.

Es que, en la actualidad, es moneda corriente incluir un nombre en un buscador y ser directamente vinculados a sitios que contienen información personal, y se puede llegar a generar un daño muy grave, sobre todo si ese dato es falso. Y como efecto de la denominada “viralización”, esa información puede llegar a reproducirse y provocar un perjuicio (en el honor o en la economía) aún mayor.

Este tipo de situaciones afecta en particular a las personas con mayor exposición pública que no pueden evadir el rastreo de los motores de búsqueda que, como sabuesos, siempre encuentran lo que buscan”, agregó Tomeo.

Cualquier acción que afecte la imagen o la intimidad de cualquier mortal en Internet genera la obligación de reparar el daño causado a la luz de las normas que han sido indicadas con una particularidad: el efecto viral del daño amerita una mayor reparación en dinero.

En estas situaciones se aconseja, además, promover acciones extrajudiciales concretas para dar de baja o bloquear los contenidos que afectan los derechos en juego, y si los resultados son adversos, deberá recurrirse a la Justicia en búsqueda de una medida cautelar que ponga fin a la afectación de tales derechos. 

En cuanto a las redes sociales, hasta ahora no hay legislación que extienda la responsabilidad de lo publicado a personas que -por ejemplo- pongan “me gusta” en un posteo que es dañino para otro usuario. Aunque sí puede llegar a extenderse a quien lo reproduzca.

De todas maneras, los especialistas consultados por Erreius destacan que la calumnia y la injuria son delitos de instancia privada, por lo que es necesario que la víctima radique la denuncia para que comience el proceso. 

El tribunal interviniente ordenará a las partes (agresor y víctima) a concurrir a una audiencia de conciliación donde podrán buscar un acuerdo y terminar el pleito en ese momento. De no haber un punto medio, continuará el juicio penal y también el civil.

La ley le da la posibilidad al acusado de retractarse. En el ámbito penal, la sanción es una multa, pero si sale favorecido en esa instancia, no significa que no tenga que resarcir en el ámbito civil por los daños causados.

En estos casos, en donde hay posibilidades de que haya un efecto viralizador de uno de estos delitos, los expertos destacan que existen dificultades para controlar los atentados contra el honor de las personas mientras no se establezcan normas para que las redes sociales verifiquen la identidad de sus usuarios.

 

El caso

Una mujer, llamada Mónica Viviana Lang creó una cuenta de Twitter (“EVAargentina20”) bajo una identidad que no era la de ella. A los pocos días, realizó una publicación contra el empresario Marcelo Samuel Frydlewsky.

En virtud de la querella presentada por el denunciante, contra, en orden al delito de calumnias e injurias (artículos 109 y 110 del Código Penal de la Nación), se practicó una audiencia de conciliación.

En primer término, la querella pidió que la acusada pague un resarcimiento de $1.000.000, que iban a destinarse a una entidad benéfica. Esta señaló que no contaba con esos fondos.

Por ese motivo, Frydlewsky ofreció como propuesta conciliatoria la publicación por el plazo de tres días en los diarios “La Nación” y “Clarín”, uno de ellos un día domingo, y la realización de ciento cincuenta horas de las tareas comunitarias en donde el suscripto decida, lo que fue aceptado por la querellada.

Hace pocos días, el juez nacional del Tribunal Oral Criminal y Correccional 22 de la Ciudad de Buenos Aires, Ángel Gabriel Nardiello dictó sentencia: sobreseyó a Lang (la condena por calumnias e injurias hubiera sido una multa) a cambio de que aporte 150 horas de tareas comunitarias en el centro Cáritas más cercano a su casa y determinó la publicación de la parte dispositiva del fallo en dos diarios nacionales durante tres días, incluido un domingo (día de mayor tirada).

La mujer deberá cumplir con la condena en el plazo de un año y deberá acreditar fehacientemente dicho cumplimiento en el mencionado juzgado.