Recibieron visitas del exterior y la Justicia les ordenó permanecer en cuarentena

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Un Juzgado de Paz correntino le ordenó a una familia que permanezca en su domicilio para cumplir la cuarentena por 14 días, ya que habían recibido la visita de familiares del exterior. Esta causa se había iniciado porque los denunciados habían incumplido con el aislamiento obligatorio y habían insultado a la profesional médica que les indicó la medida.

En el caso “Directora del Hospital Zonal Itá Ibaté (Ctes.) s/solicita medidas”, el Juzgado de Paz de Itá Ibaté, la autoridad de salud provincial, complementando normas nacionales, dictaminó que determinados individuos debían estar en estado de “cuarentena” por el plazo de 14 días, situación en la que encuadraba la familia denunciada.

La Directora del Hospital afirmó que las personas referenciadas incumplieron con el aislamiento y que además la insultaron cuando ella trataba de realizarles los estudios pertinentes, a los fines de determinar si estaban enfermos de coronavirus.

Tras recibir la denuncia, el Juzgado de Paz analizó las constancias de la causa, en especial el informe hospitalario, para determinar si correspondía dictar una medida de seguridad.

Así las cosas, señaló que “nos encontramos ante una declaración de Emergencia Sanitaria debido a la situación epidemiológica producida por la enfermedad denominada ‘dengue’ y ante la amenaza de la instalación de casos por coronavirus (Covid-19)”.

Destacó que, en el ámbito local, se dictó la Resolución del Ministerio de Salud de la Provincia 989 en la cual determina los casos, situación, personas y plazos de cuarentena obligatoria.

En ese sentido, el artículo 3 de la resolución señala: “Obligar a las personas enunciadas en el Art. 1° a: a) Permanecer estrictamente en sus domicilios durante el tiempo establecido por la Autoridad Sanitaria.”.

Además, señaló que el sistema de salud local dispuso el aislamiento por el plazo de 14 días de los ciudadanos, y los mismos han sido reticentes al cumplimiento, “poniendo en peligro la Salud Pública de nuestra localidad, siendo esto una cuestión de orden público que amerita el dictado de una medida que asegure el efectivo cumplimiento de las normativas sanitarias y que de tal manera sea efectiva la aplicación del ‘Protocolo de Trabajo en el Marco de Vigilancia del Coronavirus (2019-nCov)’ de nuestra Provincia”.

De esta manera, y teniendo en cuenta lo normado por el Código Penal en sus artículos 202, 205 y 239, lo dispuesto por el Código Civil y Comercial, el Código Procesal Civil y Comercial provincial y lo normado por las 100 Reglas de Brasilia y la Ley Provincial 5907, el juzgado dispuso que la familia permanezca en su domicilio, cumpliendo la cuarentena en su hogar por 14 días.

En caso de que violen la resolución, el juez indicó que podrá disponer su inmediata aprehensión y puesta a disposición del juez penal competente para la investigación del delito de resistencia o desobediencia a una autoridad (art. 239 de Código Penal).

Además, le ordenó a la Policía de Corrientes que garantice el efectivo cumplimiento de la medida, colaborando con los agentes, y facultó al personal policial, para el caso de ser necesario, que haga uso de la fuerza pública.

En el artículo “Coronavirus y Derecho Penal”, publicado en Temas de Derecho Penal y Procesal Penal, su codirector Daniel Schurjin Almenar indicó que el DNU 260/2020 ha regulado tres cuestiones de relevancia:

a) la obligación de aislamiento (coloquialmente denominado “cuarentena” en los medios masivos de comunicación) durante catorce días (que pueden ampliarse por decisión gubernamental) para personas que ingresan de zonas afectadas, los que se llaman “casos sospechosos”, gente que cuenta con los síntomas específicos de coronavirus y tienen algún vínculo directo con las zonas más afectadas o con gente que haya tenido la afección, casos confirmados y contactos estrechos;

b) la obligación de inmediato reporte a los prestadores de la salud para las personas que presenten síntomas compatibles con COVID-19, y

c) las obligaciones para los operadores de medios de transporte de emitir reportes y de cumplir con medidas sanitarias y acciones preventivas dispuestas por las autoridades competentes.

Para quienes incumplan con las medidas previstas en el decreto, el propio DNU alude a la procedencia de las denuncias penales para determinar la eventual comisión de delitos de acción pública, en los términos previstos por el Código Penal, en el artículo 205 (que contempla el delito de violación de medidas oficiales para impedir la introducción o propagación de epidemias) y en el artículo 239 (que regula la figura de resistencia o desobediencia a un funcionario público)”, agrega el experto.

Tales denuncias son de realización obligatoria para los funcionarios o funcionarias, personal de la salud, personal a cargo de establecimientos educativos y autoridades en general que sepan del incumplimiento del aislamiento y demás obligaciones establecidas en el artículo 8 (constituiría esto una cuarta obligación prevista por el DNU, cuya desobediencia podría dar lugar a la específica configuración del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público -art. 248, CP-)”, concluye Schurjin Almenar.